«Es detrimental” la no-aprobación del proyecto de ley para la creación de política pública energética en Puerto Rico (Proyecto del Senado 1121) por la Cámara de Representantes.” Así lo expresó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, sobre expresiones hechas por Víctor Parés, presidente de la Comisión Cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Energía y Alianzas Público-Privadas.
Según el presidente de la Comisión Cameral –dijo Figueroa Jaramillo– al no aprobarse el proyecto podría detener la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica [AEE] pero no la creación de alianzas público privadas [APP]. Esto bajo la Ley de Alivio Energético y la Ley de las Alianzas Público Privadas.
El peligro de eso es que –de llegar a un acuerdo con una APP sin una política energética aprobada– se va a hacer lo que las partes en el acuerdo dispongan sin la obligación de seguir la política, explicó Figueroa Jaramillo en entrevista para CLARIDAD.
La ley 120 establece que para vender los activos y cualquier concesión de la AEE –para privatizar la AEE– debe haber una política energética y un marco regulatorio, lo que fue aprobado por el senado el pasado 6 de noviembre pero no por la Cámara de Representantes, cuya fecha límite para aprobar proyectos fue el pasado jueves, 8 de noviembre.
El proyecto determina “los parámetros que guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores, viabilizar que el usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía, facilitar la interconexión de la generación distribuida y microredes, y desagregar y transformar el sistema eléctrico en uno abierto”.
El proceso debe llevarse a cabo de forma específica y siguiendo unos parámetros como, por ejemplo, que las plantas se construyan de cierta forma y que en determinado período de tiempo el servicio opere totalmente con energía renovable.
“El Senado hizo su política energética y su marco regulatorio el cuál nosotros en principio no estamos de acuerdo porque establece la continuidad del proceso de privatización. Sin embargo, como Sindicato logramos incorporar una enmienda que en caso de cualquier transacción, sea por compra, venta o traspaso, se garantice y se reconozca el convenio de los trabajadores”, expuso Figueroa Jaramillo.
Pero “todas esas instrucciones quedan huecas sin la política energética aprobada”, añadió.
Figueroa Jaramillo, cuestionó que si el acuerdo (una vez creada la APP) va en contra de la política energética que se apruebe en el futuro ¿qué hacemos? ¿cancelamos el acuerdo? ¿cuánto cuesta cancelarlo? O ¿lo aceptamos tal y cómo está? “Son muchas las interrogantes que conllevan no haber aprobado una política energética estemos de acuerdo con ella o no”, manifestó.
A partir de enero –mes en que comienza la próxima sesión ordinaria– la Cámara comenzaría a considerar el proyecto.
Por otra parte, la creación de una APP antes de esa fecha “es una preocupación” pues al no haberse aprobado el proyecto tampoco estaría obligada a reconocer el convenio, según dijo Parés. Aunque Figueroa Jaramillo expresó tener sus reservas sobre la posible creación de una APP de aquí a enero, nada garantiza que el proyecto se apruebe en la próxima sesión ordinaria.
El argumento de la Cámara es que no se puede aprobar el proyecto porque es muy técnico y conlleva evaluarlo, lo que es cierto, pero “¿cuántas veces la Cámara y el Senado aprueban proyectos que ni han leído. ¡Cuántos proyectos se aprobaron en estos días que los legisladores ni leyeron!”, cuestionó.
Además, “eso llama la atención en este proyecto ¿por qué este en particular quieren estudiarlo y lo están aguantando?”
Partiendo de las expresiones hechas por Parés, Figueroa Jaramillo interpretó: “Te está diciendo, vamos a hacer una APP rápido, antes de que se apruebe la ley porque si se aprueba, el que compre o haga la APP tiene que acoger el convenio”.
“…Segundo, vamos a hacer una APP rápido porque conllevaría que tiene que cumplir con la política energética [de hacerse la APP luego de aprobado el Plan AEE] y cabe la posibilidad que no exista gente interesada porque [la política energética] es muy restrictiva, hay que hacer mucha inversión y cumplir con unos parámetros y eso no hace atractiva la inversión”, añadió.
De crearse una APP antes de ser aprobado el proyecto, el nuevo patrono no estaría obligado a reconocer el convenio y, por ende, el retiro de los empleados. Al ser un derecho adquirido mediante el convenio, si el patrono nuevo no acepta pagar o aportar al retiro, en efecto, se destruye.
La garantía sobre el retiro y otros derechos adquiridos evita la fuga de trabajadores, pero, al no ser el caso, muchos están optando por acogerse a la jubilación e irse a buscar otro trabajo en EEUU que les pague el doble o el triple, explicó Figueroa Jaramillo.
“Lo que nosotros estamos diciendo es, reconoce el convenio y los derechos para que ese trabajador tenga la certidumbre con el patrono nuevo si es que se da la transacción a la APP o por venta de activos”, sostuvo el líder sindical.
