De boca en boca el tema de la violencia de género

Especial para CLARIDAD

Fotos: Mari Blanca Robles López/CLARIDAD

 La denuncia de la violencia de género en Puerto Rico en todas sus manifestaciones por las organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos ha sido constante, vocal, activa, con propuestas especificas para mitigarla y eventualmente lograr su erradicación. Mientras se exige acción del Estado, la protección y rescate de vidas mediante servicios directos a las sobrevivientes, sus hijas e hijos por parte de los albergues y otras entidades no gubernamentales (ONGs), no se ha detenido, a pesar de la poca ayuda oficial que reciben luego de superar los múltiples retos burocráticos que se les imponen.

El discrimen por razón de género alcanza su máxima expresión en la violencia machista porque arrebata vidas, no solo de las víctimas, sino también de familiares y otras personas cercanas. En semanas recientes el número de feminicidios íntimos, es decir, asesinatos cometidos contra mujeres por parejas o ex parejas aumentó a trece. En el 2019 la cifra fue de 15. Faltan poco menos de tres meses para que este terrible año 2020 termine, por lo que todo parece indicar que el número será mayor. Abona a esta expectativa el deficiente récord del Negociado de la Policía en el esclarecimiento de casos. Por ejemplo, del total de 31 asesinatos de féminas cometidos entre enero y septiembre, hay al menos seis cuyos motivos se desconocen. Los transfeminicidios o muertes violentas de personas Trans por su identidad de género o sexualidad han escalado a seis, desde Alexa Negrón, en febrero hasta el más reciente de Michelin Ramos ocurrido la semana pasada. Investigaciones realizadas por la prensa han puesto nuevamente sobre el tapete la gravedad de las desapariciones de mujeres, cuyo rastro en muchas ocasiones se pierde en el olvido. El secuestro de Rosimar Rodríguez, casi frente a sus familiares y el posterior hallazgo de su cadáver, nos golpeó en la cara, como el pasado año ocurrió con la joven del área suroeste, por cuyo feminicidio está acusado el llamado “Grafitero”.   Al 21 de septiembre había nueve adultas desaparecidas y 9 menores de diecisiete años. Algunas de éstas estaban bajo la custodia del Departamento de la Familia, en los llamados “Hogares de Crianza”. Esta agencia tiene mucho que explicar.

A raíz de los estragos causados por los huracanes Irma y María, las organizaciones que trabajamos con la equidad de género y los derechos humanos advertimos que las situaciones de emergencia que provocan la necesidad de refugiarse, hacen difícil el acceso a servicios de ayuda, profundizan la precariedad económica de las familias, especialmente en el caso de las mujeres, exacerban la violencia contra éstas y que es necesario tomar medidas particulares para su atención. Así fue reiterado con la crisis de los terremotos en el Sur Oeste de la Isla y a partir de marzo con la pandemia del COVID-19. Desde el sector no gubernamental se articularon respuestas inmediatas para beneficio de las mujeres, con todas las limitaciones que la falta de recursos económicos conlleva. El oficialismo, como es usual, se concentró en sacar el mejor provecho posible para sus objetivos político-partidistas. Aunque ya nada debería sorprendernos, impactan los señalamientos de fondos asignados que no han sido distribuidos, de otros que han sido mal utilizados y que tal vez tengan que ser devueltos, además de la descarada corrupción existente.

Durante las campañas para las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), el tema de la violencia de género no fue parte del discurso de la entonces candidata y todavía gobernadora Wanda Vázquez, a pesar de que la ex Secretaria de Justicia, fue antes Procuradora de las Mujeres. Mientras estuvo allí actuó en detrimento de la entidad, lo que fue reiteradamente denunciado por los grupos feministas. En particular, el Movimiento Amplio de Mujeres exigió su renuncia y le sometió al gobernador Alejandro García Padilla evidencia y fundamentos sobre su mal desempeño, pero no se actuó sobre ello. En los debates del PPD si hubo alusión al tema y se hizo evidente la postura de su actual candidato a la gobernación, Carlos Delgado Altieri. El no ha sido capaz de articular de forma coherente su postura sobre la necesidad de implantar la perspectiva de género en la educación como herramienta fundamental para erradicar los prejuicios y el discrimen por género de nuestra sociedad. Sus manifestaciones hacen evidente que está en contra de que se utilice este método de análisis, como lo ha identificado la compañera Amárilis Pagán, directora de MATRIA, para que desde muy temprano en la niñez, aprendamos que las diferencias biológicas nada tienen que ver con la capacidad de las personas y que la equidad tiene que ser la norma en las relaciones humanas. No se trata de un “documento que nada tiene que ver con la sexualidad”, según ha dicho delgado Altieri, si no que desde la mirada de las mujeres, de lo que se espera de nosotras, de los roles que se nos asignan desde el nacimiento, de los estereotipos que nos imponen, al igual que a los varones, veamos la injusticia y la falta de equidad. Ni hablar del Dr. César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad, la retranca del conservadurismo, cuyo desprecio por el tema con las palabras y ejemplos que utiliza, nos advierten del grave peligro que constituye, no que él logre la gobernación, lo que no creo posible, sino que personas de ese partido sean electas a la Legislatura.

En medio de las investigaciones periodísticas y del activismo de las organizaciones feministas en días recientes, salió del mutismo, inacción e ineficiencia que la ha caracterizado desde que ocupó la silla de la Procuradora de las Mujeres, la Lic. Lercy Boria. Percibimos sus expresiones y el tono que utilizó, como si estuviera ofendida con la gobernadora, quien cuando fue interpelada sobre la exacerbación de la violencia de género en el país, pareció pedirle cuentas a la Procuradora. Boria defendió la autonomía de la OPM por lo que el Ejecutivo no podía intervenir con su rol de fiscalización. Señaló además, el limitado presupuesto de la entidad cuya empleomanía es de diecisiete personas. Como dice el refrán popular, a la Lic. Boria se le fue la guagua. Cuando hace un año se le reclamó a la gobernadora que decretara el Estado de Emergencia por la Violencia de Género, ella permaneció callada del lado de Vázquez. Nunca la escuchamos exigir mayor presupuesto para hacer el trabajo fiscalizador que le corresponde a la OPM y no de provisión de servicios como ella ha pretendido. Tampoco levantó la voz para objetar que el llamado “Alerta” de Vázquez se quedara en la nada. Quién sabe las intrigas políticas que han motivado el escarceo entre las que antes hablaban el mismo idioma.

Causa gran preocupación el incremento en los índices de la violencia de género en todas sus manifestaciones: doméstica, agresiones sexuales, hostigamiento sexual en el empleo, acoso callejero, desapariciones y también la violencia institucional por parte del gobierno.

Éste ha estado ciego y sordo ante las penurias que enfrentan las miles de mujeres que no tienen empleo o que no han podido regresar al trabajo porque están haciendo las veces de maestras en sus casas, además de cuidadoras de las hijas e hijos, personas enfermas y adultas mayores, en gran precariedad económica. Sin embargo, veo una luz de esperanza porque el tema se está discutiendo. Anda de boca en boca, los medios de comunicación le han dado atención y ha formado parte de los requerimientos de información a los candidatos y candidatas a la gobernación y a otros puestos electivos. El espacio de opinión también se ha abierto para las organizaciones de mujeres y las aliadas que promueven los derechos humanos.

Vivas nos queremos. Fotos. Mari Blanca Robles

A tan corto plazo de las elecciones es imperativo exigir de los partidos participantes y de las candidaturas independientes a todos los puestos políticos, compromisos programáticos y de política pública por la equidad de género, la educación con perspectiva de género, la acción combativa en contra de la violencia machista, el diseño e implantación presupuestaria también con perspectiva de género. Aquellas candidaturas y partidos que claramente están en contra de la justicia y la equidad para las mujeres, no importa la etiqueta con que quieran enmascarar sus posturas, deben descartarse si en verdad tenemos el compromiso de construir una sociedad justa. Reconocidas mujeres con un claro historial de lucha por nuestros derechos y los del pueblo boricua se han lanzado al ruedo. Hay que abrirles camino.

* Los números utilizados provienen de investigaciones realizadas por el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico

 

 

 

 

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