Las reivindicaciones de las mujeres han requerido luchas constantes, esfuerzos sin límites y una gran perseverancia. Cuando logramos avanzar las fuerzas reaccionarias y con poder tratan de echarnos hacia atrás. Uno de los derechos que más trabajo ha costado y ataques ha sufrido es que podamos tomar libremente decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Esto incluye determinar si queremos parir y en caso de tomar esa opción, cuándo hacerlo. Es por ello que elegir la interrupción de un embarazo mediante un procedimiento de aborto nos corresponde, independientemente de cuáles sean las razones. La intervención indebida del estado en esa decisión violenta nuestro derecho a la intimidad. Solo nosotras podemos parir, pero luego de hacerlo, los estereotipos sociales que rigen la sociedad machista en la que vivimos y batallamos día a día, nos imponen la principal responsabilidad por la crianza de las hijas e hijos, además de culparnos si no cumplimos con las expectativas de lo que se considera “una buena madre”. Son mínimos los apoyos del estado cuando las condiciones económicas, necesidades especiales de las niñas y niños, particularidades de vida, como ser madres solteras y jefas de familia nos imponen unas cargas muy difíciles de sobrellevar. En justicia, aunque no necesariamente en derecho, la reglamentación de los gobiernos sobre el derecho al aborto debe ser mínima y nunca con el propósito de controlar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En Puerto Rico el aborto es legal en virtud de la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Roe vs Wade, en el 1973 y de Pueblo v Duarte, opinión con la que el más alto foro judicial de Puerto Rico reafirmó en el 1980 la federal, con un poco más de amplitud. Sin embargo, es generalizada la impresión en la población de que tal derecho no existe aquí y se estigmatiza a las mujeres que optan por interrumpir un embarazo; mucho más a las organizaciones y personas que lo reivindican y divulgan. Por otro lado, es harto conocido que el acceso a servicios de salud para ejercer el derecho es muy limitado, que el gobierno elude la responsabilidad que tiene de todas las formas posible y que la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en instalaciones privadas. El costo entonces se convierte en una barrera para aquellas mujeres que desean ejercer su opción. Es en este contexto que levanta una bandera de alerta: el Proyecto del Senado 950 presentado recientemente por la legisladora y pastora evangélica, Nayda Venegas Brown. Probablemente nada sabían ustedes de ella hasta ahora en que parece haber alcanzado un momento de gloria en su historial como hacedora de leyes. El proyecto lleva por título Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida.
Como si aquí no fuera lo suficiente difícil ejercitar el derecho a escoger, la propuesta está dirigida a restringir aún más la posibilidad de interrumpir el embarazo. Criminaliza el acto después de las 20 semanas, aunque exista un diagnóstico de que el feto se está desarrollando con condiciones de salud que al nacer constituirán un reto de sobrevivencia y calidad de vida. Aun en etapas más tempranas impone requisitos a las mujeres que han tomado la decisión de abortar y a las instalaciones de salud en las cuales se llevaría a cabo, con el único propósito de disuadir, intimidar y hacer más difícil que se efectúe el procedimiento. Por ejemplo, la solicitante del servicio tendría que acudir al especialista en medicina, quien tendría que hacerle un ecograma para que oiga los latidos del corazón, vea otros órganos en formación y entonces se programaría el aborto para 48 horas después. Además habría que documentar que esa parte del proceso se llevó a cabo. Claramente, el objetivo es crear sentido de culpa a la embarazada para que desista y es posible que lo haga, no necesariamente por el sentimiento que pretende causar la Senadora, sino porque viene de un lugar distante de Puerto Rico, por tener limitados recursos económicos para regresar en dos días o por la falta de tiempo disponible para hacerlo; no puede tomar más tiempo libre del trabajo o tiene otras hijas o hijos que atender. También es de esperarse que la aprobación del Proyecto conlleve un incremento en el costo del servicio de ginecología, por el ecograma y porque se requerirán dos citas médicas.
Otro aspecto peligroso del Proyecto es que le impone a las menores de edad contar con el permiso de las madres, padres o personas encargadas o del Tribunal. Tal restricción no existe actualmente. Investigaciones realizadas demuestran que la cantidad de menores que interrumpen embarazos es mínima. Es obvio que el interés de la Pastora Venegas no responde a su compromiso con el bienestar de las mujeres, sino a la ideología religiosa fundamentalista que profesa. Pero, ella no está allí para pastorear a las mujeres ni a nadie, aunque es práctica que el presidente del Senado le pida que haga las invocaciones antes de iniciar las sesiones legislativas. Parecería que sus gestiones de invocación no llegan al destino que se supone porque el cuerpo legislativo al que pertenece sigue trastabillando sin que haya producido nada significativo que tengamos que aplaudir, a pesar de la crisis que se vive en Puerto Rico.
Aunque lo niegue y afirme que su objetivo con el P del S 950 es que las mujeres estén informadas, lo cierto es que se trata de aun ataque a nuestros derechos sexuales y reproductivos y al afán de imponer criterios religiosos en la toma de decisiones que tienen que ver con el Pueblo y no con su feligresía. Para la pastora-senadora, la separación entre Iglesia y Estado que promulga la Constitución de Puerto Rico no significa nada. Su propuesta será referida para vistas públicas por la Comisión de la Mujer del Senado que, horror de horrores, está presidida por la Sra. Itzamar Peña, que baila al mismo son que Venegas Brown, aunque no tiene título religioso. Sabemos que en Estados Unidos el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo cuando están embarazadas está también bajo ataque y que otros estados están estableciendo medidas más restrictivas. Un cambio en la delicada composición que tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría afectar, en perjuicio de las mujeres, los estándares de Roe v Wade y de rebote el derecho en Puerto Rico. Con el bárbaro de Trump presidiendo aquel país nada bueno puede esperarse de futuros nombramientos.
A pesar del preocupante panorama, debemos una y mil veces más, defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas, su salud sexual y reproductiva y sus cuerpos. No necesitamos a nadie que nos pastoree con la excusa de protegernos y de que estemos educadas. Necesitamos legislación que promueva la equidad de género, iniciativas de desarrollo económico para el empleo y autoempleo de las mujeres, que faciliten el cuido de las niñas y niños, políticas públicas de apoyo para las jefas de familia, que se aumenten las asignaciones económicas a las organizaciones no gubernamentales que le ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género, entre muchas otras. Resistiremos proyectos como el que está en debate porque independientemente de lo que haríamos a nivel individual en caso de un embarazo no deseado, como mujeres nos corresponde tomar la decisión, no importa cuál sea la razón que tengamos, y ésta debe ser respetada.
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