En Puerto Rico, las decisiones económicas y de política pública generalmente carecen de lógica. Esto, porque en las colonias las decisiones importantes responden a los intereses del colonizador, en nuestro caso, Estados Unidos de América desde hace ciento veinte años. Por lo tanto, nadie ha encontrado como darle una explicación lógica a la decisión del gobierno colonial de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP), y de su secretaria de Educación, Julia Keleher, de adquirir vagones de metal para colocarlos en los predios de las escuelas en las cuales los 312,000 alumnos de nuestro sistema público estudiarán este año. Y es que no hay otra lógica detrás de este asunto que no tenga las tres raíces que caracterizan a este gobierno de turno: la improvisación, la incompetencia y la politiquería rampante.
Comencemos por el principio. Sin dar explicaciones, se decretó por esta administración el cierre de 260 escuelas públicas. Es cierto que hay una baja en la matrícula, pero ya sabemos que, aunque esa fue la excusa, no es necesariamente la verdadera razón tras la intempestiva decisión. Sabemos que tuvieron un gran peso las presiones presupuestarias de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la presión externa de los intereses políticos, económicos e ideológicos detrás de las llamadas “escuelas chárter”. Este había sido un proyecto inconcluso del ex Gobernador Rosselló, padre, que quiere completar hoy el actual Gobernador Rosselló, hijo. Al ser escuelas privadas que reciben fondos públicos para su operación, las escuelas chárter se beneficiarían también al poder acceder sin costo alguno al uso de los planteles cerrados, muchos de ellos en muy buenas condiciones.
Y como ya sabemos por experiencia, no hay lógica que impere ante la convergencia entre los intereses creados. Por eso, aunque lo esperado hubiese sido planificar cuidadosamente el cierre de escuelas; hacer primero el inventario de las que necesitan reparación, y luego determinar cuáles serían cerradas, dicho proceso se invirtió. Atropelladamente y sin mucho pensamiento se decretó el cierre. Se procedió a efectuar la mudanza a las escuelas receptoras, y no es hasta ahora que se reconoce públicamente que muchas de las escuelas receptoras necesitan reparaciones tras sufrir daños por el huracán. De esta manera se pretende justificar la instalación de 40 vagones de metal en igual número de escuelas, sin precisar su uso, y la compra o alquiler de los 160 vagones adicionales que posiblemente se necesitarán. Para todo este proceso que comenzó con el cierre de escuelas y ha culminado con la instalación de los vagones, se pasó por encima de las opiniones de expertos que recomendaban un proceso estructurado con más pensamiento y mayor detenimiento; de la oposición de padres, educadores y comunidades que son quienes mejor conocen el sistema, y del supuesto bienestar y calidad de la enseñanza de los niños, niñas y jóvenes a quienes se dice defender. El resultado es la imagen perturbadora de vagones de metal vacíos en las escuelas como presagiando el almacenamiento de niños, niñas y jóvenes como si se tratara de objetos en un contenedor.
Para intentar explicar lo inexplicable, la secretaria Keleher dice que los vagones no tendrán costo para el gobierno de Puerto Rico porque su pago saldrá de los fondos que FEMA ha destinado a la reconstrucción de escuelas tras el desastre del huracán María. Pero, ¿no hubiese estado ese dinero mejor usado, si en lugar de gastarlo en vagones, se hubiese podido invertir en mejorar, poco a poco, la infraestructura de todas las escuelas, y luego decidir, en consenso, qué hacer con las que no se necesitan?
Si se hubiese hecho el ejercicio de inventariar las escuelas que necesitaban reparación antes de decretar el cierre, a lo mejor nos hubiésemos podido economizar como país la tristeza y vergüenza colectivas que representa la posibilidad de que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban su educación como si fuesen refugiados en su propio país.
Puerto Rico ya no está bajo la emergencia inminente de un desastre. Por lo tanto, no hay por qué convertir las escuelas en campamentos. Había escuelas en casi todo Puerto Rico que apenas sufrieron los embates del huracán. Utilizar esas escuelas para acomodar a los alumnos del sistema en lo que se hacían las reparaciones en las dañadas tenía que haber sido la primera opción de las autoridades educativas, sin recurrir a la chapucería de los vagones de metal.
Dentro de las enormes limitaciones de la colonia, educadores y educadoras puertorriqueños dieron vida a un sistema que sirvió bien a muchas generaciones en nuestro país. La escuela pública fue el eje del desarrollo del pueblo de Puerto Rico. En los cascos de los pueblos les abrió oportunidades a todas las clases sociales. En las segundas unidades rurales se llevó la educación al campo. En la escuela pública se escenificó la exitosa lucha por la enseñanza en nuestro idioma español, y de la escuela pública salió la mayoría de los estudiantes que luego se harían profesionales en la universidad- también pública- para servir con honra y dignidad a su país.
Esa es la historia y la gesta que desconocen Julia Keleher, Ricardo Rosselló y la mayoría de los oficiales de su administración, y los miembros y oficiales de la Junta de Control Fiscal, a quienes no les importa un comino la educación de los niños y niñas de Puerto Rico, porque ellos tienen garantizada las de sus hijos e hijas en las costosas escuelas privadas a las que asisten los privilegiados.
Desde CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, nos unimos a las voces que denuncian esta nueva tropelía contra la educación pública. Respaldamos las protestas y reclamos de los gremios magisteriales. Respaldamos el requerimiento hecho por el Representante Dennis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, para que la secretaria Keleher le rinda cuentas al pueblo puertorriqueño sobre los contratos de los vagones, las reparaciones de las escuelas, y los demás servicios al Departamento de Educación en esta etapa, así como el detalle de cómo se garantizará el derecho de todos los estudiantes del sistema público a su educación y dignidad. Igualmente, invitamos a los padres y madres a que reclamen vigorosamente los servicios educativos a que sus hijos e hijas tienen derecho. Los niños y niñas de Puerto Rico se merecen más respeto. Vagones de metal y letrinas portátiles no pueden ser el ambiente en que se eduque nuestra niñez.
