Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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El derecho de los ciudadanos a tener acceso a información pública en manos del gobierno fue reconocido en dos instancias diferentes, por el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal Superior (TS) Sala de San Juan.
En una decisión emitida este martes cuatro de junio el Juez de la Sala de Recursos Extraordinarios, del TISJ determinó que los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía no son documentos confidenciales por lo que ordenó al Negociado de la Policía de Puerto Rico a entregar en cinco días los informes a la organización Kilómetro Cero (Km0).
La organización ciudadana, que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico, solicitó el Mandamus el pasado 18 de marzo. El recurso fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell desde la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
En comunicado de Prensa la directora ejecutiva de Km0, Mari Mari Narváez reclamó que la sentencia del juez Cuevas Ramos, “vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país pero que, a pesar de los avances tecnológicos, es muy difícil de ejercer en Puerto Rico. Una sentencia que sencillamente reitera ese derecho fundamental que tenemos todos termina convirtiéndose en una victoria épica por la tremenda secretividad y opacidad con que funciona la Policía y el gobierno de Puerto Rico en general”.
Según informó Km0 llevaba cinco años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos. “Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”, afirmó Mari Narváez.
El Juez estableció en su sentencia que el que se tenga que catalogar un documento claramente público en uno confidencial porque, de ser público, la persona encargada de redactarlo podría mentir, resulta “insostenible”. Esto en respuesta al argumento del Departamento de Seguridad Pública de que los policías podrían mentir en estos informes si se hicieran públicos. La acción legal incluyó también al Registro Demográfico. Entre otras expresiones el Juez Cuevas Ramos apuntó: “Los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública sólo se justifican cuando así lo determine el interés público”.
Mientras la segunda instancia es en relación al Mandamus presentado por las organizaciones Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregara documentos públicos relacionados al proceso de privatización y el sistema eléctrico.
Aun cuando el 24 de mayo el Juez le concedió 14 días a la AEE para que entregara la información, decidió convocar a una vista urgente este viernes siete de junio luego de que, por tercera vez en menos de dos semanas, la corporación pública radicara un recurso legal para intentar dar marcha atrás al acuerdo de entregar los documentos.
En comunicado de prensa conjunto las organizaciones informaron que luego de la reunión entre las partes solicitada por abogados de la corporación, la AEE acordó no proceder con las mociones de desestimación radicadas en relación al Mandamus presentado por las organizaciones e iniciar la entrega de documentos. La corporación también solicitó cancelar la vista urgente citada por el Juez a lo que este accedió. Se informó que se mantiene en calendario la vista de seguimiento del 25 de junio, en la cual ambas partes expondrán al Juez cómo se condujo el proceso de entrega de documentos.
“Este es un paso de avance a favor del derecho ciudadano a la información. Las decisiones sobre la AEE nos impactan a todos y todas y los resultados los vemos en la factura mensual. La información que solicitamos procura ampliar la conversación pública sobre el futuro energético”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, fundadora y presidenta de Cambio.
En tanto Cathy Kunkel, analista de energía de IEEFA, manifestó que “nos complace que la AEE cumpla con el acuerdo para presentar documentos públicos y ahora estaremos atentos a ver lo que producen”. Los documentos públicos solicitados son todos los que tengan fecha a partir del 1 de enero de 2018 que tengan relación con la privatización de la AEE así como datos actualizados del sistema eléctrico.
