El libreto en torno a la Ley federal PROMESA que han desarrollado los gobernantes, tanto del imperio como los de la colonia, consiste en mantener ocupado a diversos sectores del pueblo en hacer apuestas sobre el próximo paso a seguir entre la Junta de Control Fiscal, JCF, y el gobernador, o los presidentes de Cámara y Senado. Así las cosas, muchos cantaron y aplaudieron cuando en mayo de 2017 la JCF certificó el primer presupuesto bajo la Ley PROMESA. Más allá de discutir las medidas draconianas que implicaban las exigencias de un plan fiscal a cinco años, la discusión giró sobre la astucia o incapacidad de cada parte en engatusar a la otra parte.
La realidad es que los gobernantes nos entretienen mientras tras bastidores acuerdan una serie de leyes especiales, con PROMESA como ley principal, incluso por encima de la Constitución del ELA, para esquilmar derechos y beneficios económicos a la clase trabajadora. Son leyes que van creando las condiciones óptimas para impulsar la propuesta neoliberal con un apoyo consiente, consentido o por rendición de la gente.
La congelación de los convenios colectivos, la reducción de beneficios y derechos a la clase trabajadora del sector privado y del sector público, el cierre de escuelas, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, una reforma gubernamental donde el trabajador pierde su pertenencia a una agencia y pasa a ser un número más en la nómina gubernamental son medidas fiscales y leyes aprobadas en el año 2017 sobre la premisa de que eran necesarias para impulsar el crecimiento del país. A este pedido de recortes se suma la amenaza latente de la JCF de que si no se logran ciertos ahorros fiscales van por más. Entonces surgen la eliminación o reducción del bono de Navidad, de las licencias de maternidad, enfermedad y vacaciones como amenazas a implantar de no lograr los ahorros.
Y como la población es de mayor edad, en comparación con los jóvenes que no nacieron o que una vez nacidos y educados emigran, entonces se deben eliminar los sistemas de retiro con pensiones y beneficios garantizados, planes médicos y otras necesidades para el envejeciente.
Los despidos en el gobierno se dan mediante la eliminación de puestos por contrato y la modalidad de planes de transición voluntaria. También existe en PROMESA, la prerrogativa de la JCF de notificar a cada agencia que medida debe tomar para ajustar su presupuesto, incluyendo despidos de empleados.
Llegó Irma y María. Sus vientos huracanados nos mostraron el resultado de la no planificación del país, la ausencia de consideración al ambiente y como los intereses económicos y privados aprovechan cada crisis para hacer su oportunidad. Los Cuerpos Federales, esos mismos que aprobaron PROMESA, tomaron el país una vez más y han procesado miles de millones de dólares en propuestas federales, pagos de todo tipo para atender la crisis. De estos miles de millones, unas migajas quedan para el país y su gente.
Llegó el momento de aprobar el presupuesto del 2018 y el libreto circense reapareció. Que si la derogación de la Ley 80 es la salvación del país, es decir, si los patronos pueden despedir con impunidad, entonces hay desarrollo económico, de lo contrario no. El Presidente del Senado aparece como el gran defensor de la clase trabajadora. Empiezan las apuestas. El gobernador tranza en secreto con la JCF por mayor presupuesto a su disposición. Compra como adeptos para él y la JCF a alcaldes y legisladores que repiten a coro la necesidad de derogar la Ley 80 y con ello derrotar al que intenta ser defensor de los trabajadores. Siguen las apuestas con los consejos u orejitas que informan los politólogos bien pagados en los programas de radio y televisión pagados, también. La JCF amenaza con quitar el Bono de Navidad y las benditas licencias si no se permiten los despidos a mansalva. Se escucha una defensa mayoritaria a la permanencia de la Ley 80. Los sindicatos, inexplicablemente, son tímidos con el tema. Siguen las apuestas.
El gobernador impulsa un presupuesto a fin con la JCF. La Legislatura aprueba un presupuesto menor que el de la JCF. La Junta certifica su propio presupuesto, con amenazas de penalizar a las agencias que se atrevan ir en contra de sus designios. La pelea está casada para ir al otro nivel que dicta el libreto, el Tribunal Federal.
Mientras tanto, el gobierno imperial continúa moviendo sus fichas para borrar de la memoria colectiva las últimas dos marchas ocurridas, donde decenas de trabajadores, jóvenes, pensionados y pueblo en general se tiraron a la calle el 1ro de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. El gobierno imperial evita que la Organización de las Naciones Unidas discuta el caso de descolonización de Puerto Rico. El gobierno imperial no acepta que una Comisión Internacional especializada en Derechos Humanos visite la colonia llamada Puerto Rico.
El gobierno imperial sabe que el verdadero problema es la colonia que bien sirve a los intereses económicos. El gobierno imperial sabe que si el Pueblo despierta y toma las calles para luchar entonces no habrá PROMESA que valga. Por eso nos entretiene con chantajes y amenazas que pone en vigor mediante legislación y presupuestos anuales donde se apuesta a que se nos va la vida, con salarios o sin salario, con educación o sin educación, con pensión o sin pensión.
