Por Manuel de J. González/ CLARIDAD
“Es una conducta indigna de la democracia robusta y vibrante que nos distingue como pueblo”. Maite Oronoz, Jueza presidenta del Tribunal Supremo
El propósito de este artículo no es hablar de la “conducta indigna” a la que se refiere la cita anterior. Sobre esa – la actuación de la Comisión Estatal de Elecciones durante las elecciones internas del PNP y el PPD – se ha escrito tanto como para llenar enciclopedias. De lo que quiero hablar es de la “democracia robusta y vibrante” que, según la jueza, “nos distingue como pueblo”. Mientras escribía ese lamento por la democracia trasgredida, Oronoz tal vez tenía sobre su escritorio la última carta que le envió a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, solicitando algún aumento al presupuesto para la Rama Judicial. Una carta similar había escrito esa semana el presidente de la CEE, pidiendo a la desesperada un dinerito adicional para concluir las primarias.
¿Habrá visto la señora jueza presidenta alguna relación entre la “democracia robusta y vibrante” que supuestamente tenemos y el ruego que ella y otros jefes del gobierno deben dirigirle a una exministra de finanzas de Ucrania? ¿Quién nombró a la señora Jaresko ministra plenipotenciaria de las finanzas isleñas? Si tuviéramos una democracia “robusta y vibrante” ese poder debió haber sido delegado por algún cuerpo electo por los puertorriqueños, pero no fue así. La delegación la hicieron seis señores y una señora constituidos en Junta “supervisora” de nuestras finanzas. Estos, a su vez, fueron designados por otros poderosos por los que ninguno de los habitantes de Puerto Rico ha votado jamás.
A los ciudadanos de este país con democracia “vibrante” se le aplican todos los días cientos de leyes, tanto de naturaleza penal como civil, legisladas en un parlamento donde no vota ni una sola persona electa por ellos, y firmadas por un presidente por el que tan poco se vota. Ese dato, tan presente en nuestra vida diaria, ya nos dice algo de nuestra “democracia robusta”. Pero empecemos por el documento que se supone sea la base de todo sistema verdaderamente democrático: la constitución. De hecho, el escrito de la jueza Oronoz comienza diciendo que el tribunal que ella preside es el custodio, “garante”, de esa ley fundamental.
Es cierto que aquí hay una constitución redactada por un grupo de personas electos por el pueblo. Ese proceso parece democrático, pero ¡ojo!, antes de que se eligieran los constituyentes el Congreso de Estados Unidos votó, ellos solitos, para autorizarnos a redactar la “ley fundamental”. Sin esa autorización no podíamos elegir a nadie ni redactar nada.
Después que nuestros representantes electos debatieron democráticamente y aprobaron la constitución, el pueblo volvió a votar para ratificarla. Así se supone que operen las democracias y así fue. Pero otra vez ¡ojo! En cualquier país con democracia “robusta y vibrante” el proceso concluía con la ratificación por parte de los ciudadanos, pero aquí hubo otro paso después. La constitución ratificada por nuestro pueblo se envió al parlamento de otro país, en el que ningún representante de Puerto Rico vota, para que se revisara. Los defensores de ese proceso, con Luis Muñoz María como portavoz principal, decían que sería una ratificación proforma, que el Congreso no se atrevería a cambiar lo que el pueblo puertorriqueño ya había votado. No fue así. No sólo revisaron cada artículo, sino que decretaron la eliminación de toda una sección, la número 20. Nuestros representantes electos patalearon, pero nada más porque a ese derecho al pataleo se reducía su poder.
Para encubrir la realidad, como hizo a lo largo de su vida, Muñoz organizó a la carrera una segunda votación en Puerto Rico para que el pueblo “ratificara” los cambios del Congreso, aunque fuera un ejercicio inútil porque la constitución ya estaba aprobada. Además, en el supuesto de que pudiera rechazarlos el resultado sería que no había constitución. Nos quedábamos con la Ley Orgánica de 1917, aprobada también por el Congreso.
Así es como llegamos a la constitución de la que el tribunal que preside Oronoz dice ser custodio. Ella y todos nosotros sabemos, además, que, tras cambiarnos la constitución en 1952, el Congreso la siguió alterando año tras año. Se supone que sea nuestra “ley fundamental”, es decir, que por encima de ella no haya ninguna otra, pero esa pretensión en Puerto Rico es un chiste. La última alteración fue aprobar una ley a la que, por pura burla le pusieron el acrónimo “PROMESA”, que coloca en un nuevo cuerpo, la JCF, el poder para dejar sin efecto cualquier ley de nuestra Asamblea Legislativa.
Además de las alteraciones que legisla con regularidad el Congreso, hay algunas secciones de nuestra “ley fundamental” que nunca se han podido aplicar. El documento dice de manera enfática que “en Puerto Rico no existirá la pena de muerte” y, también de manera enfática dice que no se “interceptará la comunicación telefónica”, pero a cada rato los federales certifican un caso de pena de muerte y le interceptan los teléfonos a todos los que quieran.
No creo que sea necesario explicar más por qué la alegada democracia “robusta y vibrante” no existe. Ningún sistema donde la fuente última de poder es externo, ejercido por personas que otros seleccionan, puede considerarse democrático. El colonialismo, por definición, no lo es. Por más limpias que sean nuestras elecciones, en ninguna de ellas elegimos a quienes realmente nos gobiernan. El mismo tribunal que preside Oronoz se llama “Supremo”, pero de eso tiene muy poco. No sólo porque sus decisiones pueden ser revisadas por el de Estados Unidos, sino por su limitada jurisdicción. Por ejemplo, lo que haga y deshaga la señora Jaresko escapa de la atención de nuestro “Supremo”. La frase que utilizan los abogados para referirse a esa jurisdicción exclusiva, y cada vez más ampliada, de los federales no puede ser más apropiada. Le llaman “campo ocupado”. Eso somos desde 1898.
