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Denis Márquez un representante incansable

 

CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

No es sorpresa para el representante Dennis Márquez Lebrón que el Departamento de Justicia (DJ) haya decidido no referir a un fiscal especial independiente a los implicados en la compra fallida por $38 millones de pruebas para la detección del coronavirus (COVID-19), situación que quedó desplegada al inicio de la pandemia durante una investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que tomó 17 vistas públicas.

Márquez Lebrón dio a conocer este martes, 10 de noviembre, que había recibido una carta del DJ en la cual le notificaban la determinación de no referir a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un FEI. por los dos informes que refirió con los hallazgos y conclusiones preparados por su oficina legislativa con relación a compra fallida de las ya mencionadas pruebas. La carta está firmada por la secretaria interina Inés Carrau Martínez.

“La decisión del Departamento de Justicia no me sorprendió para nada porque ha sido la constante histórica del DJ en los casos que tienen que ver con corrupción e ilegalidades de personas del Gobierno y sus relacionados. Cuando se trata de investigar a su propio gobierno estos resultados son los que todos conocemos”.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien acaba de revalidar en su escaño como el segundo legislador que más votos ha sacado, destacó que era importante aclarar dos cosas. Una, que él envió el informe al DJ porque tenía la obligación de referir sus hallazgos y conclusiones a los diversos entes investigativos. “No lo hago por ningún tipo de inocencia, sino porque es mi responsabilidad ponerlo en manos de los que se supone investiguen estos asuntos”.

Segundo, que era importante señalar que él no hizo una querella, sino un referido acompañado de dos informes con hallazgos y conclusiones sobre lo que sucedió. “Por lo tanto, yo ahí identifico hallazgos, hago conclusiones, señalamientos de delitos, y le corresponde al DJ investigar”.

Denunció además, que se enteró por los medios de comunicación que el DJ refirió al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) al licenciado Juan Maldonado. Trajo a la atención que hace alrededor de dos meses hay una querella suya ante el Tribunal, la cual esta juramentada. Añadió que el referido se hizo cuando se presentó el segundo informe. Reveló además que el TSPR se comunicó con él y le pidió que juramentara el informe, para que se convierta en una queja, y así lo hizo. Al presente, el proceso de atender la queja se encuentra en curso y el Tribunal le ha ordenado al licenciado Maldonado que conteste.

Los dos informes de la delegación del PIP también fueron enviados a la OPFI, quien le indicó en una primera carta que había recibido los informes y en una segunda carta le solicitó que de tener nueva información más allá del informe, se la comunicara. El legislador indicó que ya contestó la segunda petición.

La petición del OPFI significa que los referidos al menos se mantienen vivos en esa dependencia con una fiscal asignada. Márquez Lebrón expresó que espera a cual será el resultado de OPFI, pero que entendía que había algunas personas vinculadas al proceso que la OPFI no podía atender, razón  por la que sometió los informes en las dos agencias.

“Honestamente, no hay forma de entender cómo es que alguien hace un contrato con el Gobierno por 38 millones de dólares con firmas falsas, con falsa representación al Gobierno, con un contrato que es nulo, una persona a cargo del asunto bajo solo un criterio político partidista y todo un esquema de beneficiar a una empresa y digan que no hay base para referir el asunto a una investigación más profunda. Realmente, yo no lo puedo comprender desde ese punto de vista. Desde el otro punto de vista —se refiere al político—lo comprendo, porque es la típica acción de tirar toalla y darle la espalda al país del Departamento de Justicia”, manifestó.

A la pregunta de si hay alguna alternativa para que Justicia vea el asunto con mayor seriedad, reconoció que en este momento habrá que esperar cuál va ser el resultado de lo que haga el OPFI.

“Si por ejemplo el FEI asume jurisdicción de que va asignar un fiscal y va a procesar, estamos en una etapa investigativa. Si le hace algún señalamiento al DJ de que no tiene jurisdicción con algunas de las personas y que debe ser el DJ el que continúe la investigación en esta primera etapa, estaré en la espera de eso”. Agregó que no hay que perder de perspectiva que en enero comienza una nueva legislatura y que podría trabajar algún tipo de acción legislativa dirigida a investigar y cuestionar la decisión del DJ, teniendo sus dos informes, el informe de la Comisión de Salud y otras querellas.

Márquez Lebrón reveló a CLARIDAD que incluso él estuvo reunido con dos agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por alrededor de dos horas y les explicó de principio a fin de qué se trataba el esquema de fraude.

Vale traer a la atención que en el primer informe de la delegación del PIP que fue dado a conocer en mayo luego de las vistas públicas (RC 1741), entre los hallazgos de posibles violaciones está la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y el Dr. Segundo Rodríguez. El informe recomendó además, que se añadiera a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por cometer perjurio ante la Comisión de Salud y que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes.

El informe concluyó  que hubo ausencia intencional y negligente en sus funciones por parte del pasado Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez, así como omisiones y negligencias de la entonces Subsecretaria, Dra. Concepción Quiñones de Longo. También hubo falta en su función ministerial de la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos, quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios, y por último, el Administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez Piñero, “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha arrastrado los pies en la aprobación de un reglamento de compras”.

Otro aspecto fundamental del informe de Márquez Lebrón es la urgente necesidad de una reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del Departamento.

La carta del DJ informando sobre su determinación a Márquez Lebrón tiene fecha del 29 de octubre y parte de su texto dice que él sometió sus alegaciones el 14 de abril. El representante aclaró que sometió sus informes después de esa fecha. “Me parece que hicieron un elemento pro formapara todos, cuando hay una diferencia cualitativa entre hacer un referido, una carta y un informe”, observó.

El referido sobre las compras fallidas de la prueba de COVID-19 no fue el único sometido al DJ en este cuatrienio por el legislador del PIP. Antes, ya había referido a Justicia a la entonces secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, por la compra de computadoras y nombramientos de superintendentes por criterios políticos. Keleher sí ha sido acusada por el Gobierno de Estados Unidos, entre otros delitos, por malversación de fondos.

En los asuntos de esconder suministros en almacenes y la compra de un helicóptero, en ninguno de ellos el DJ ha tomado una acción afirmativa.

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