Por Cándida Cotto/CLARIDAD
Con visitas inesperadas, distribución de cuestionarios sin orientación ni aviso previo; en un proceso a espaldas de los mismos directores escolares, maestros, padres, madres y estudiantes, a los que se les mantiene al margen, y contrario a lo dispuesto en la Ley 85, es como el Departamento de Educación (DE) está implantando las escuelas chárter.
Tanto las comunidades escolares, como el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes, pero en particular contra los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE).
Tanto las comunidades escolares, como el
Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes,
pero en particular contra los estudiantes del
Programa de Educación Especial (PEE).
La situación más reciente surge en la Escuela Ramón Marín Solá, de la urbanización Muñoz Rivera, en Guaynabo. La escuela de kinder a quinto grado tiene 300 estudiantes, de los cuales 134 están en el PEE y en Salón Contenido. En entrevista con este semanario, la portavoz del Comité de Padres y Madres de la escuela, María Rivera, denunció que se enteraron en el mes de octubre de que la escuela está en la lista de posibles escuelas chárter, cuando de manera inesperada, se presentó al plantel un grupo de personas repartiendo un cuestionario con preguntas tales como si estarían de acuerdo con un programa de robótica en la escuela, y otra serie de preguntas sesgadas a favor del sí. La última de las preguntas era si estaban de acuerdo con las escuelas chárter.
Las chárter la orden del día
Fue un grupo de maestras desplazadas de la Escuela Juan Domingo en Guaynabo tras ser cerrada las que dieron la voz de alerta de que la visita tenía el propósito de una supuesta consulta sobre escuelas chárter. El grupo fue identificado como personal de Techno Inventors, del privatizador César Cabrera, quien precisamente ha procurado el cierre de la Escuela de Juan Domingo. “Se empezó a correr la voz y se sacaron de la escuela”.
Rivera expresó que una de las luchas que tienen los padres y madres es que la escuela tiene “todo para ofrecerle a un niño de Educación Especial. Tenemos programas de tecnologías, salones de terapias para que los niños y sus padres no tengan que salir de la escuela, en fin, tenemos un programa completo”. Al igual que ha sucedido en otros planteles escolares, cuando los padres y madres de los estudiantes del Programa de Educación Especial de la Escuela Muñoz Solá intentaron hacer la matrícula en línea como exige el DE, el sistema los rechazó porque la escuela está bajo la lista de escuela alianza, lo que ha provocado una baja en la matrícula, denunció la portavoz del Comité de Padres y Madres.
En un esfuerzo por defender su escuela, conocida también como Escuela Urbana de Guaynabo, Rivera reveló que un grupo de padres sostuvo una reunión en su oficina con el representante Antonio Soto, a raíz de comentarios de que este estaba de acuerdo con la privatización de la escuela. “Soto nos aceptó que él tiene que ver con todo esto, que él está de acuerdo con las escuelas chárter y que va pa’ lante”, según las propias expresiones del legislador. Agregó que por su parte, César Cabrera, presidente de Techno Inventors — organización sin fines de lucro—, les dijo en una reunión que a él no le importaba si los papás querían o no una escuela chárter, no le importaban los maestros, no le importaba nada; que él iba “a conseguir esa escuela y punto”.
Los padres y madres también se reunieron el reciente 5 de marzo con el alcalde Ángel Pérez. De acuerdo con Rivera, la percepción de los padres es que el alcalde está enajenado de la situación. Este les pidió detalles, les indicó que iba a tomar cartas en el asunto y que estaba de parte de los padres que entienden que la escuela no debe convertirse en una chárter. La portavoz del Comité de Padres defendió que la escuela no necesita ser una escuela chárter, ya que uno de los requisitos para serlo es que la escuela necesite planta física. “Nuestra escuela tiene todo bien puesto. El privatizador no tiene que hacer ningún tipo de inversión”. En la reunión con el alcalde se reveló que otra escuela en la lista de las chárter: es la nueva escuela superior en el pueblo de Guaynabo.
Maestras(os) y estudiantes a la deriva
Mientras, la maestra Yariela Montes, representante de la Asociación de Maestros de la escuela Juan Domingo, señaló a CLARIDAD que para efectos del DE los maestros no tienen ninguna participación en el proceso, no se les ha consultado nada y las veces que han intentado acercarse al Departamento para conseguir alguna cita con la secretaria o con algún otro personal no lo han logrado. La única contestación que han recibido a sus peticiones fue un correo electrónico de la oficina de las Escuelas Alianza que les dice que la escuela está en proceso de convertirse en una de alianza, que no les pueden dar información adicional y que si la compañía llega a la escuela tienen que darle acceso. Montes confirmó que el sistema no estaba permitiendo que los estudiantes del PEE se matricularan y que no fue hasta el 1 de marzo, último día de matrícula, que uno que otro padre pudo matricular a su hijo.
Sobre la facultad de la escuela dijo que es de 30 maestros, todos permanentes. Hasta el presente, la única información que han recibido es un documento que les entregó su directora respecto a la licencia de dos años que el Departamento les dará a los maestros interesados en pertenecer a una escuela chárter. Montes narró que el documento les fue entregado luego de que la directora asistiera a una reunión informativa en el DE. Denunció que de parte del privatizador tampoco han recibido ninguna propuesta o información oficial, ya sea sobre la escuela o sobre empleo. “La escuela salió del plan de mejoramiento. Así es bien fácil demostrar que va a funcionar. Llevamos una lucha desde que nos enteramos. Nadie nos abre acceso al Departamento de Educación. Fuimos personalmente a entregarle una carta a la secretaria Keleher y los policías fueron quienes nos recibieron”, declaró Montes.
La comunidad de la Escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa de Río Piedras, enfrenta una situación similar. La maestra de Educación Especial Migdalia Santiago denuncia que en algún momento del mes de enero comenzó a circular en las redes una lista de las escuelas que el DE pensaba convertir en escuelas chárter. De ahí comenzaron a investigar. En la lista estaba, además de su escuela, la Marín Solá, la Miguel Such y la Escuela Barbosa. Al igual que se ha denunciado sobre la Miguel Such, el privatizador interesado en la Escuela Juan Ponce de León es la Universidad John Dewey (JD).
Del mismo modo que le sucedió a la comunidad escolar de la Marín Solá y a la Escuela Ramón García en Bayamón, representantes del privatizador aparecieron sin previo aviso a la escuela Ponce de León. Santiago denunció que hace dos semanas se presentaron a la escuela tres personas identificadas como de JD, “y sin un papel en las manos”, que pretendieron hacerles una presentación.
A preguntas de los maestros sobre los planes educativos y financieros respecto a la escuela, la respuesta fue que no les podían contestar y que, según la Ley 85, la visita era para consultar el sentir de la comunidad. Ante la postura del privatizador, la reacción de los maestros fue: “No hay documentos que pueda leer, no me das una explicación de la escuela que tú quieres, el modelo que tú tienes para los estudiantes. No me puedes contestar nada. Terminamos diciéndoles que nos están faltando el respeto. Se fueron bien molestos”, narró Santiago.
Según han podido investigar, la persona de John Dewey interesada, tanto en la Juan Ponce, como en la Miguel Such, es un tal Carlos Hernández. Agregó que el grupo le dijo que todavía no habían presentado una propuesta. Santiago trajo a la atención que se supone que los interesados en una escuela chárter tenían hasta el 9 de marzo para presentar su propuesta. Mientras, reveló que una persona del DE les dijo que sí habían visto la propuesta de JD. Hasta ahora, la facultad de la Juan Ponce tampoco ha recibido ninguna comunicación de parte del DE.
Los estudiantes del PEE de la escuela Juan Ponce también confrontaron problemas al momento de su matrícula en línea. Santiago trajo el ejemplo de que el mismo día de la entrevista con CLARIDAD, a una madre que acababa de matricular a su hijo, la verificación del sistema le notificó que había matriculado a su hijo en una escuela alianza. Santiago afirmó que el sistema no informa de antemano que la matrícula es para una escuela alianza ni ofrece ninguna opción. “Nos preguntamos si eso es lo que van usar como supuesta consulta”, se cuestionó.
La Escuela Juan Ponce de León, que atiende los grados de noveno a décimo, tiene una matrícula de alrededor de 410 estudiantes. Entre ellos, seis grupos de cerca de 50 estudiantes con autismo, para los cuales hay seis salones especiales, además de seis grupos integrados. La maestra comentó que el promedio más alto de la escuela este año en el examen del College Board fue de un estudiante con autismo de los grupos integrados. El 98 por ciento de esta población escolar se encuentra bajo los niveles de pobreza y la mayoría de ellos son de origen dominicano. En cuanto a la facultad de 59 maestros, la mayoría son transitorios.
En reunión del día 7 de marzo, el Consejo Escolar de la Escuela JPL, integrado por maestros, padres y estudiantes, aprobó una resolución en la que expresan su patente rechazo a la solicitud de Jhon Dewey University de convertir su escuela y la Miguel Such en “escuelas chárter o escuelas alianza”. A esos efectos, se organizó el Comité Timón en Defensa de la Escuela Pública Juan Ponce de León, con representación de toda la comunidad escolar, así como de la comunidad en la que radica.
