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Derecho a una vivienda segura

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadppuertorico.com

La crisis de la epidemia del coronavirus ha puesto a muchas familias en riesgo de perder su vivienda debido a la pérdida de ingresos, tal como sucedió tras el paso del huracán María y con los terremotos.  Una vez más el proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) ha salido en defensa de esta población en estado de vulnerabilidad.

Su directora ejecutiva, la licenciada Adriana M. Godreau Aubert, relató que han cursado tres cartas a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. La primera, el 26 de marzo, para que se atendiera la situación con las hipotecas, y las dos últimas, el 21 y el 29 de abril, para que se atienda la situación de las familias que viven en alquileres privados.

El planteamiento de Ayuda Legal es que de la asignación de $52 millones aprobados a Puerto Rico mediante la ley la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) para manejar la pandemia por COVID-19 puede utilizarse para alquiler a familias en rentas privadas y que han recibido daños económicos por razón del coronavirus. La licenciada Godreau Aubert defendió que eso no solamente es un uso permitido, sino que es algo que ya se está haciendo en otras jurisdicciones. Este uso está permitido hasta por tres meses.

Godreau indicó que aunque La Fortaleza no ha contestado a ninguna de las cartas, el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DV) contestó, primero por los medios y después en una carta, diciendo que encontraba la petición razonable, pero que le correspondía a los municipios solicitarlo y que además hacían falta unas guías del Departamento de Vivienda Federal (HUD).

“La realidad es que los fondos los manejan tanto los municipios como el Gobierno central. Son fondos CDBG, no hacen falta guías porque el mismo HUD ha dicho que, ante la emergencia, las jurisdicciones que recibieron dinero deben actuar rápidamente. Que cuando salgan las guías se ajustan los planes. Nada impide que ese dinero se use en alquiler para renta desde hoy 1.rode mayo”, manifestó.

El dinero asignado incluye fondos administrados por HUD y son distribuidos a través de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Housing Opportunities for Persons with AIDS, entre otros.

Partidas por municipios.

Solo estas partidas representan aproximadamente $52 millones que serán administradas por el Gobierno central y los municipios, conforme al desglose establecido por la Administración federal. El desglose de los fondos a los municipios fue establecido por HUD.

Se supone que una vez se apruebe por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, por ejemplo, las familias se acerquen a los municipios a solicitar este beneficio. “Es extraño que los alcaldes no han gestionado ese dinero, porque eso se asignó para palear la emergencia del COVID-19 y ya hay otros dineros para las pruebas de Salud. Estos se pueden usar para alquiler e incluso los dineros se pueden utilizar hasta para personas sin

hogar”.

Extrañada de que los alcaldes no hayan solicitado los dineros concluyó que tal vez no lo han hecho por falta de divulgación: “Nos parece que los alcaldes ni saben que pueden solicitarlo”. Agregó que Ayuda Legal incluso tiene la lista de dinero por municipios, “es decir, nada impide que los alcaldes tomen la decisión de usar ese dinero como asistencia para familias en alquiler pensando que las familias no tienen con qué pagar”, reiteró. La asignación incluso tiene una partida que se puede usar para personas sin hogar y personas HIV.

“De nuevo, esto es para gente con ingresos limitados. La necesidad está brutal. La gente nos sigue llamando, pidiendo comida. El equipo de Ayuda Legal está tomando adiestramiento para atender a personas con trauma porque la cantidad de personas que están llamando diciendo que se van a suicidar es impresionante”, expresó.

De acuerdo con datos presentados por su organización, cerca de una de cada tres viviendas en Puerto Rico es alquilada. La condición económica de estas familias es, en muchos casos, precaria. Según datos del Buró del Censo, el ingreso por hogar del 58.75% de estas viviendas es de $14,999 o menos. Mientras tanto, la mediana del canon de arrendamiento es de $474. Abundan los reportes de rentas mucho más altas que estas, afectando aun más a poblaciones ya vulnerables como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes.

Con el COVID-19, las circunstancias de falta de recursos se agravaron para muchas personas. A esta fecha, sobre 173,000 personas han solicitado desempleo y unas 71,000 familias han solicitado participar del Programa de Asistencia Nutricional.

En cuanto a familias en riesgo de perder su vivienda por no poder pagar su hipoteca, alertó de que aunque se logró aprobar legislación que vincula a todas las instituciones financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico a conceder una moratoria de 90 días a los con bancos locales, nada impide que ahora mismo alguien presente una demanda de ejecución de hipoteca.

A fin de evitar las ejecuciones de hipoteca y lanzamientos, Ayuda Legal está solicitando a los tribunales que prohíban los lanzamientos, que no se vean esos casos hasta el 30 de mayo como mínimo y le ha solicitado a la gobernadora que establezca una moratoria en ejecuciones y lanzamientos.

La licenciada Godreau Albert expuso que en el caso de las hipotecas la situación provocada por el COVID-19 es la misma situación que ocurrió con los bancos durante el huracán María y los terremotos, y es que estos no habían adoptado un protocolo para desastres: “Nosotros llevamos ya dos años y medio diciendo que cuando un desastre azota a Puerto Rico hay que establecer moratorias justas. Los bancos habían dicho que eso era imposible, que eso no se podía hacer,  y se probó en medio de la emergencia del COVID que se podía hacer, así que logramos una legislación que establece que son 90 días de moratoria en el pago de hipoteca y que las hipotecas no se van a pagar de cantazo al final de los tres meses, sino al final del préstamo”.

La experiencia sufrida con el huracán fue que los bancos daban una moratoria de tres meses,  pero al cabo de esos tres meses exigían el pago total, lo que puso a la gente en más riesgo de perder su vivienda. La legislación que se aprobó hace unas semanas establece que la moratoria será de 90 días y que el pago de la hipoteca no será uno de cantazo al final de los tres meses. El pago será al final del préstamo, es decir, la fecha se extenderá por tres meses más.

 

 

 

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