Desastres naturales y corrupción

Por Cándida Cotto / Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

La fuerte actividad sísmica con que finalizó el 2019 e inició este año parece ser la excusa perfecta para que el gobierno continue con su empeño de política de privatización, en particular de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No es la primera vez que el gobierno utiliza la excusa de un fenómeno atmosférico para desacreditar a la corporación pública y abogar por su privatización.

” La fuerte actividad sísmica con que finalizó el 2019 e inició este año parece ser la excusa perfecta para que el gobierno continue con su empeño de política de privatización…” Foto Gabriel Soto

En esa línea la profesora Martha Quiñones Dominguez -en entrevista- recordó las experiencias del huracán Hugo (1989), el huracán George (1998) y hasta el reciente María (2017), todos provocaron daños a la infraestructura del sistema y a su vez contratos corruptos e instalaciones que no eran justificadas. Ejemplo la central Cambalache (1997) -apuntó- que la justificación que dio la AEE para su construcción fue que este era combustible más limpio, que era para cumplir con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y bajar la intensidad de la central de Cataño, pero luego la dejaron de lado alegando que era muy cara.

“Resulta que cada uno de esos eventos si se auditara la deuda emitida podemos ver detrás los esquemas de corrupción y quiénes se beneficiaron”. Al presente atribuyó que hay un abandono intencional y hasta criminal por parte del gobierno para justificar la venta de la AEE.

Por otro lado continúo que el gobierno no parece reconocer que el servicio de energía eléctrica, es uno esencial para el desarrollo, que todo funciona con energía, que no es la más cara para ser una Isla y tener energizado todo, pero cada día se le hace daño al desarrollo económico, pues no aseguran continuidad, ni precios bajos. La también planificadora ambiental hizo la observación de que el sistema solar sirve pero no es suficiente, “las hidroeléctricas no son suficientes, así que seguirán dependiendo del petróleo o gasoductos que serán más caros y al ser privados pueden cobrar más”.

Quiñones Dominguez reiteró la necesidad de reconocer el servicio de energía eléctrica como uno esencial y su carácter de monopolio natural del Estado, incluyendo unas tarifas sociales para las personas de bajos recursos para que no se vean privados del sistema. Todo esto esta en peligro con la privatización. “Los monopolios naturales se justifican por las necesidades y por ser esenciales, no se pueden dejar a manos de especuladores que lo que buscan es la ganancia y no el bien social. “Las personas que no tienen recursos no pueden decir me muevo a energía solar pues necesitan hacer una gran inversión”.

Mientras, no será hasta el mes de marzo cuando se vea en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (llamado Tribunal Federal), ante la jueza Laura Taylor Swain, que se considere el acuerdo del ajuste de la deuda de la AEE, el cual ha sido calificado de insostenible por economistas y organizaciones civiles. Esta posposición comentó Quiñones Dominguez da pie a que se siga depreciando la AEE y así justificar su liquidación a precio de quemazón.

Otra privatización que se encuentra fuera del debate público por el momento ante la actividad sísmica es la de los puertos turísticos de San Juan. Al respecto la economista describió que hay un ambiente de desconfianza crónica en torno a las negociaciones de la Autoridad de Alianza Público Privadas (AAPP) tanto del Puerto de San Juan como de la Autoridad de Transporte Marítima (ATM), ante un asunto prioritario por ser una Isla y que afectan a la ciudadanía y a nuestra economía.

No obstante a que la privatización de haberes públicos supone una pérdida de ingresos para el estado, la economista expuso que existen modelos de gestión portuaria basados en la responsabilidad respectiva de los sectores público y privado; el puerto de servicio público, el puerto de herramientas, el puerto de propietarios, el puerto corporativo y el puerto de servicio privado. Cada uno tiene características diferentes con respecto a la propiedad de la infraestructura, el equipo, la operación de la terminal y que proporciona servicios portuarios como el pilotaje y el remolque. Pero siempre se tiene que tener en cuenta el no monopolizar el puerto, sino que hay que buscar arrendar a diferentes empresas la infraestructura, que operan con la autoridad portuaria, la cual es la que retiene la propiedad de la tierra. Se puede recibir un contrato de arrendamiento a largo plazo a cambio de un alquiler, así como de la inversión requerida para construir, renovar o expandir la terminal. El operador privado también es responsable de proporcionar equipos terminales para mantener los estándares operativos.

Así que el modelo de privatización debe ser el que genere mejor servicio, no debe ser de uno sólo, y que no genere pérdidas al Gobierno. Lo que sucede es que hasta el momento no se sabe cuál es el modelo que se propone seguir la AAPP.

Si antes de recibir las fuertes sacudidas de los sismos, para este año 2020 el gobierno dependía de los fondos federales, tras la actividad sísmica, Quiñones Dominguez destacó la urgencia y necesidad de aprender a asignar prioridades en el presupuesto, prioridades sociales con servicios esenciales, prioridades de desarrollo con servicios esenciales para el desarrollo y prioridades de inversión de las economías que se puedan lograr. Censuró que desde la década de 1970 la política del gobierno ha sido el vivir de fondos federales, no se planifican las inversiones y se programa según el fondo federal que esté disponible aunque no lo necesitemos. “Eso hace que los especuladores y empresas vividores del Gobierno siempre estén detrás de esos fondos. Son empresas que no pueden existir sin que el Gobierno la subsidie y mantengan, por eso son inversiones políticos (otra forma de corrupción) y desviando la agenda pública hacia lo que no necesitamos (otra forma de corrupción)”.

En tanto consideró que todavía no se puede contabilizar lo que costará la actividad sísmica por que además de las perdidas de viviendas las cuales se podrían estimar en $150,000 cada una, se encuentra la infraestructura de Gobierno, las estructuras de valor histórico y los negocios de medianos y pequeños comerciantes además de hoteles como en el centro de Ponce.

“Nada más Ponce es un valor alto por todas las instalaciones que hay en su casco histórico ya sean hoteles, universidades como la de arquitectura, museos y otras instalaciones que tienen valor. Así que es difícil cuantificar hasta que no se tenga un cuadro claro, en especial de las ventas que generaban”.

A eso se añaden las pérdidas en el resto de la Isla, cancelaciones en hoteles, los barcos cruceros que llegaban y que “por ineptitud” de la Compañía de Turismo canceló sin pensar y evaluar, las pérdidas que se van a generar. 

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