Diferencias grandes en el manejo de Medicaid entre Puerto Rico y los demás territorios

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El Grupo de Trabajo Multisectorial nombrado por el Gobernador con el fin de lograr trato igual en los programas Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMSpor sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos y evitar que ambos programas en el país se queden sin fondos tan cerca como en octubre de este año, tendrá que convencer al Congreso de que tiene las herramientas para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en ambos programas.

El reconocimiento de la falta de fondos fue admitida por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en la Orden Ejecutiva 2021-025, que creó el grupo el 30 de marzo, el cual debe preparar las propuestas y estrategias de trabajo para presentarlas al Congreso y al ejecutivo federal de EEUU. Esto en respuesta a señalamientos de la falta de medidas para evitar el despilfarro, el fraude y abuso en dichosprogramas,contenidos en un informe de la Contraloría General del Gobierno de EEUUA, (GAO, siglas en inglés).El informe fue presentado en una vista,en la última semana de marzo, del Subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE UU, con el fin de examinar el impacto del llamado “precipicio de Medicaid” de los territorios de EE UU. La vista se llevó a cabo. La deposición delaGAO estuvo a cargo de Carolyn L. Yocom.

La funcionaria de la GAO expuso que en abril de 2016, se encontró que había pocas garantías de que los fondos de Medicaid de Puerto Rico y otros territorios estuvieran protegidos contra el fraude, el despilfarro y el abuso. Sin mencionarlos por sus nombres señaló el hecho de los arrestos de la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y otras tres personas en Puerto Rico en julio del 2019,precisamente por dar contratos ilegales. La funcionaria utilizó este hecho para cuestionar si los procesos de adquisición de Medicaid de Puerto Rico, ayudan a garantizar una competencia adecuada. Luego de estos arrestos la “Further Consolidated Appropriations Act” de 2020 ordenó a Puerto Rico a que publicara un plan de reforma de adquisiciones de Medicaid para evitar los vicios hallados, y que no fue hasta el 18 de diciembre del 2020 que el gobierno proporcionó al Congreso este plan.

La Contraloría hizo un examen del informe de la reforma de adquisición de Medicaid de Puerto Rico, el cual incluyó la revisión de las regulaciones federales relevantes y la guía de CMS, entrevistaron a funcionarios de CMS y de Puerto Rico, revisaron la documentación del proceso utilizado para realizar ocho adquisiciones en Puerto Rico (tres competitivas y cinco no competitivas) que estaban en vigencia a partir del 1 de abril de 2020 y revisó el plan de reforma de adquisiciones de Puerto Rico. Todo el trabajo -dijo L. Yocom- se realizó de acuerdo con las normas de auditoría gubernamentales generalmente aceptadas.

La investigación reflejó que existen diferencias notables en el financiamiento y el funcionamiento del programa Medicaid de Puerto Rico en comparación con los estados y territorios. Al igual que los estados, el gobierno federalde EE UUy el del ELA financian conjuntamente Medicaid para brindar cobertura de atención médica a poblaciones de bajos ingresos y con necesidades médicas. Sin embargo, la ley federal ha establecido históricamente la tasa de contrapartida federal para los gastos de Medicaid en Puerto Rico a la tasa más baja disponible para los estados, mientras que las tasas de contrapartida para los estados se determinan cada año con base en una fórmula que toma en cuenta las variaciones en sus ingresos per cápita.

Entre los hallazgos de la investigación de la GAO, “Puerto Rico: Efforts to Improve Competition for Medicaid Procurement”,destaca que en promedio, estados y territorios de EE UU pagaron a contratistas externos el 50% de sus gastos, mientras que en el ELA, el pago a contratistas fue de 96%.

Además, a diferencia de los estados que reciben fondos de contrapartida federales abiertos, Puerto Rico puede acceder a fondos federales para Medicaid hasta un límite anual. Cerca del 40 por ciento de la población de Puerto Rico cualifica para Medicaid, y durante la última década, el Congreso ha proporcionado a Puerto Rico un mayor financiamiento federal de Medicaid.

El informe delata que Puerto Rico no siempre ha cumplido con el requisito de cubrir ciertos beneficios, conocidos como beneficios obligatorios de Medicaid. Precisa que en abril de 2016, se descubrió que Puerto Rico no cubría siete de los 17 beneficios obligatorios de Medicaid, incluidos los servicios de centros de enfermería y los servicios de salud en el hogar. Con respecto a la adquisición de Medicaid, las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, siglas en inglés) se aplican tanto a los estados como a Puerto Rico. En específico las regulaciones deHHS por lo general requieren que un estado o territorio “siga las mismas políticas y procedimientos que utiliza para las adquisiciones de sus fondos no federales”. Además, según las regulaciones del HHS, la agencia puede requerir que un estado o territorio cumpla con los estándares de competencia que se aplican a otras entidades no federales en circunstancias limitadas, como cuando la agencia determina que el proceso de adquisición del estado o territorio para ciertas adquisiciones es un impedimento a la competencia que podría afectar sustancialmente el costo del proyecto o el riesgo de fracaso.

En cuanto a las adquisiciones competitivas, se indica que en su plan de reforma de adquisiciones, el gobierno de Puerto Rico establece que para abril de 2021 identificará cuál será lainformación de adquisiciones que hará pública y que hará pública dicha información para fines de 2021. Además de que también planea definir criterios para evaluar propuestas presentadas por contratistas potenciales. Sin embargo, el plan de reforma de adquisiciones no especifica si hará públicos estos criterios cuando emita solicitudes de propuestas.

La GAO señala que la inclusión de dicha información puede promover una competencia honesta y mejorar los esfuerzos de las agencias para obtener propuestas que respondan lo más posible a sus necesidades. Repara en que las solicitudes de propuestas para dos de las tres adquisiciones competitivas que revisó no incluían cierta información sobre los factores que utilizó para evaluar propuestas y otorgar adjudicaciones, aunque la contratación más grande que se revisó incluía esta información.

No será hasta este mes de agosto que el gobierno de Puerto Rico supuestamente identifique su plan de reforma de adquisiciones, las circunstancias bajo las cuales se justifica el uso de contratos no competitivos, los factores que podría considerar para tomar esta determinación y la duración del contrato. Una vez más lacontraloríaseñala que ninguna de las cinco adquisiciones no competitivas que revisó incluía documentación de justificaciones establecidas por estándares de adquisiciones federales, como emergencias, que el HHS puede exigir que un estado o territorio cumpla en circunstancias limitadas.

En conclusión el informe de Yocomrecomendó que el CMS tome medidas para implementar una supervisión continua basada en el riesgo del proceso de adquisición de Medicaid de Puerto Rico para asegurar que se utilicen métodos que garanticen un funcionamiento eficiente del programa. El Departamento de Salud de EE UU -dijo la GAO- estuvo de acuerdo con esta recomendación y declaró que CMS está revisando el plan de reforma de adquisiciones del gobierno dePuerto Rico.

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