¿Dónde estamos con los Mapas de Calificación?

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Columnista invitado

Durante los pasados 5 meses —desde julio—, cuando la Junta de Planificación anunció la publicación del borrador del mapa que le han llamado Mapa de Distritos de Calificación de Suelos de Puerto Rico, todos los sectores de Puerto Rico, exceptuando a los sectores desarrollistas y de la construcción, se han expresado en contra de este, para el cual no existe en ningún marco legal ni existe ningún mandato para su creación.

A pesar de que el pueblo puertorriqueño se ha informado profundamente sobre este proceso en los pasados 5 meses, es importante entender que este Mapa de Calificación tiene sus orígenes en sucesos importantes (y atropellados) a través de los pasados años, desde el comienzo de la administración en poder. Por tanto, el Comité Asesor Multisectorial, conformado el pasado 4 de octubre de 2019 por la gobernadora Wanda Vázquez, no debe estar solo considerando la eliminación y anulación del Mapa de Distritos de Calificación de Suelos de Puerto Rico, sino también la impugnación parcial o total del Reglamento Conjunto, recién aprobado en junio de este año, al igual que la derogación —o mínimamente, una enmienda substancial— de la Ley 19 de 2017, mejor conocida como la Reforma de Permisos.

Este Comité Asesor Multisectorial se ha estado reuniendo semanalmente. Sin embargo, no ha habido expresión alguna emitida públicamente por sus miembros o La Fortaleza. Este silencio no ha contribuido positivamente a crear confianza en el proceso para aquellos que hemos estado siguiendo de cerca su desarrollo. Ciertamente, la percepción de muchos es que el Comité ha sido un esfuerzo de ganar tiempo y disminuir la atención y oposición al proyecto. El Gobierno —especialmente la Junta de Planificación— ha tomado tantas malas decisiones en este asunto, que la mera estadía de estos funcionarios en la Junta, con el aval de la primera mandataria, es razón suficiente para desconfiar de las futuras determinaciones de la gobernadora, independientemente de las recomendaciones que emita el Comité. Según la Orden Ejecutiva 2019-052, el Comité deberá rendir un informe a los 90 días de su creación. Por tanto, el mismo debería estar siendo sometido a mediados del mes de enero.

Evidentemente, la legislación que ha dado paso a este desastre fue una por encargo, la cual beneficia directamente a unos sectores específicos que se han dedicado a la especulación con terrenos y a tratar de ir alrededor de las determinaciones sobre el desarrollo futuro de la isla con herramientas sumamente importantes como lo es el Plan de Uso de Terrenos. La coyuntura actual, donde Wanda Vázquez debería tomar una decisión sobre el particular, se complica más cada día. Este sector detrás del Mapa es un sector igualmente activo en la política partidista mediante donaciones y financiamiento de campañas. De la gobernadora aspirar a una candidatura en el 2020, ella buscará el favor de este sector y deseará continuar desarrollando la relación con estos, la cual ya se ha hecho pública al ella acceder a ser la oradora principal de la Convención Anual de la Asociación de Constructores, este pasado 30 de octubre de 2019.

La gobernadora, además, otorgó un periodo de 30 días a la Junta de Planificación para actualizar el geodato con la información más reciente provista por los municipios a fin de que reflejen los cambios de calificación realizados y aprobados por los ayuntamientos. Igualmente, en la OE 2019-052 ofrece un proceso para aprobar el Mapa de Calificación —proceso previamente inexistente. La Orden Ejecutiva menciona: “Los mapas de calificaci6n que la JP adopte deben ser firmados por el/la Gobernador(a) de Puerto Rico para que advengan efectivos a los quince (15) días de hacerse públicos. Tras ello, formarán parte integral y regirán conjuntamente con la reglamentación aprobada sobre la calificaci6n de los diferentes distritos existentes.”. Esto es de grave preocupación ya que hay implicaciones de crear un precedente donde un gobernador pueda someter enmiendas y aprobar distritos de calificación, planes, reglamentación y legislación unilateralmente omitiendo los canales institucionales pertinentes y omitiendo los procesos de participación ciudadana requeridos.

El tema del Mapa es una discusión central. Mucho más neurálgico de lo que muchos le acreditan. El tema tiene vínculos con otros temas igualmente claves en la coyuntura de hoy. Por ejemplo: el Gobierno estará presentando una Reforma Contributiva que afectará el cómo se conciben y distribuyen las responsabilidades de aportación de impuestos por posesión de bienes inmuebles. Esto implica una revaluación y/o retasaciones masivas de las propiedades de Puerto Rico —públicas y privadas. Uno de los efectos directos de los cambios de calificación propuestos por la Junta de Planificación es el posibilitamiento y viabilización de más usos, más intensos, de forma sistémica. La JP, de forma artificial le está aumentando el valor de las propiedades mientras las tendencias demográficas y socio-económicas son una población en decrecimiento, una contracción económica, menor capacidad adquisitiva (especialmente de vivienda), reducción de servicios básicos (especialmente el cierre de escuelas), privatización y encarecimiento de servicios (AEE, peajes, UPR, otros) y una brecha en constante crecimiento entre clases. Por tanto, con el propósito de pagar una deuda a todas luces ilegítima y que aún no ha sido auditada, se han estado utilizando los terrenos como la ficha principal en un proceso de entrega, venta y descapitalización del país. Este esquema lleva tiempo en desarrollo.

Para lograr esto, se ha necesitado de elementos adicionales como: evitar el que los municipios declaren moratorias de construcción en zonas de riesgo, facilitar transferencias de activos públicos en manos de inversionistas extranjeros, cambiar el ofrecimiento de incentivos económicos y contributivos beneficiando a los mismos intereses y castigando a la población local, enmendando política pública federal para crear un estado de excepción en la operación de las Zonas de Oportunidad; se han protegido instituciones bancarias y políticas públicas (o la falta de) en relación con la crisis de ejecuciones de hipoteca, al igual que se han utilizado los procesos de recuperación poshuracanes a través de la distribución de fondos federales. Todas estas medidas se han realizado de forma alineada con los mismos propósitos, crear medidas de austeridad y control para generar los ingresos necesarios para pagar a los bonistas, quienes se están quedando con el país.

En fin, el Mapa de Distritos de Calificación de Suelos de Puerto Rico al igual que los procesos de planificación y desarrollo de Puerto Rico deben responder a sus aspiraciones legítimas y no a las malas decisiones de administradores que se han beneficiado de servir como interlocutores del capital. No debe responder a nuestras penurias coloniales. Debemos seguir pendientes y reactivos.

El autor es planificador profesional licenciado

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