Editorial: A exigir acciones claras de la Comisión Estatal de Elecciones

Uno de los pocos asuntos de política pública recientes que ha contado con el consenso de amplios sectores en Puerto Rico fue el establecimiento del conteo electrónico de votos en las elecciones, práctica que se inició en los comicios de 2016. A pesar de las objeciones legítimas de algunos respecto al elevado costo de las máquinas –$32.5 millones por 5, 070 máquinas– y la actitud poco amigable y servicial de la compañía que las vendió, Dominion Voting Systems, lo cierto es que el experimento funcionó, el conteo fue instantáneo y transparente, y le otorgó una mayor seguridad al elector o electora que emitió su voto.

Para los próximas elecciones generales de 2020, peligra el voto electrónico porque a las máquinas adquiridas al son de decenas de millones, no se les dio el almacenamiento ni el mantenimiento adecuado, y ahora hay cerca de mil de éstas no aptas o inservibles. Esto ha generado alarma entre los actores políticos y demás potenciales candidatos, por las implicaciones que tiene regresar al antiguo sistema de “contar cruces y palitos”, y por la imagen negativa, de dejadez e ineficiencia, que tal descuido proyecta. Recordemos que tan cercano como el 2012, mediante el sistema manual se le escamotearon 12, 000 votos a la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño al Senado, María de Lourdes Santiago, en dichas elecciones; votos que se rescataron más tarde mediante recuento. 

Con las máquinas de votación ha pasado como con tantos otros asuntos en el gobierno de Puerto Rico. Se autorizan desembolsos millonarios para obras o compras, que luego se deshacen en deterioro ante los ojos del pueblo que las pagó. Esa actitud de desprotección e indiferencia hacia los bienes públicos ha sido uno de los factores para la imagen de fracaso que proyecta el gobierno colonial de Puerto Rico, tras décadas de despilfarro de fondos que se cubrían con deuda, y de falta de acción para darle el mantenimiento adecuado, y asignarle los recursos necesario a instalaciones y equipos, y a la prestación pronta y eficiente de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño. 

El derecho al voto es un pilar de la llamada democracia liberal. Es la única oportunidad que tienen los electores de un país de expresar su opinión sobre aquellos a quienes se les encomendó la tarea de gobernar. Por eso, entrar a la modernidad con un sistema electrónico de votación que le da mayores garantías al pueblo de seguridad y transparencia, supuso un paso importante para el proceso electoral en Puerto Rico. En cualquier otro lugar, un sistema así hubiese sido razón para el alborozo. Aquí se estrelló contra la indiferencia y la dejadez de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dependencia custodia de las máquinas de votación y encargada de protegerlas, almacenarlas y darles mantenimiento.

La CEE es asunto aparte, y se ha convertido en una madriguera de intrigas y malos manejos imposible ya de reformar. Durante este cuatrienio, las facciones en pugna dentro del gobernante PNP han develado públicamente en la CEE las raíces de su discordia, con el enfrentamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la presidenta de la CEE, Norma Burgos, una protegida del gobernador Ricardo Rosselló que llegó a la CEE a controlar los procesos en beneficio de la administración incumbente y sus aliados, y a “limpiar la casa” de la influencia del presidente senatorial. 

En ese desmadre, no debe sorprender a nadie que las máquinas de votación hayan corrido la misma suerte que los furgones de FEMA que fueron robados del estacionamiento de la CEE llenos de suministros donados para los damnificados del huracán María. La diferencia es que el saqueo de los furgones le rindió beneficios a quienes lo orquestaron, mientras que las máquinas de votación, cuyo robo no beneficiaba a nadie –pero cuyo mantenimiento óptimo es necesario para su operación certera– se almacenaron a la carrera, en condiciones no aptas, causándole daño a cerca de mil de éstas. 

En esta edición, CLARIDAD publica un trabajo de los periodistas Cándida Cotto y Giancarlo Vázquez, dándole seguimiento a esta controversia y auscultando las medidas que contemplan los partidos y la Legislatura para remediar la situación, y así garantizar que no se afecte el conteo electrónico de votos durante los próximos comicios. 

Regresar al conteo manual sería una admisión de fracaso muy difícil de explicar para la CEE. Crecerían las dudas sobre la certeza de los resultados y este pueblo no necesita más incertidumbre. La compra millonaria de más de 5,000 máquinas de votación por $32 millones debe ser suficiente para que el conteo electrónico de votos se instale para quedarse en el sistema electoral puertorriqueño. Volver a las “cruces y los palitos” solo beneficiaría al partido que más funcionarios electorales reclute, y en eso el PNP siempre lleva la delantera, sobre todo cuando controla el gobierno, como en esta ocasión. Nuestro pueblo debe ser firme en exigir respuestas y acciones claras de la CEE –y del gobierno de Puerto Rico– para garantizar el conteo electrónico de votos en las próximas elecciones.  

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