Editorial: A exigir cuentas por los nuevos fondos para Educación

El pueblo de Puerto Rico debe estar muy atento a lo que ocurre con los miles de millones de dólares en el presupuesto del Departamento de Educación. No puede permitirse que un presupuesto de casi $3 mil millones, asignados entre 2017 y 2020, caiga en el pozo profundo de un sistema que ahora mismo experimenta uno de los peores vacíos de liderazgo, gobernanza y supervisión en toda su historia. Un sistema que, además, ha perdido la mitad de su matrícula y cerrado más de 300 de sus planteles, en un proceso atropellado que ha afectado no solo la prestación de este servicio esencial para la población de edad escolar y el País, sino representado un duro golpe a la moral de toda la comunidad escolar de estudiantes, padres y maestros. 

Con ese presupuesto se podría garantizar a los maestros un salario justo y adecuado al costo de vida actual y las exigencias de su trabajo, y sobraría dinero. También se podría invertir en la infraestructura, materiales y equipos esenciales que los estudiantes necesitan prioritariamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobraría aún más. Pero, hasta este momento, es una incógnita el uso desglosado que se pretende darle a ese dineral, y dada la trayectoria de encubrimiento de información en dicha agencia, no creemos que así se haga públicamente. 

La historia del gobierno de Puerto Rico con los fondos para Educación es larga y tortuosa. Con Víctor Fajardo en la década de los 90, durante el gobierno del Dr. Pedro Rosselló y el PNP, pasamos por la vergüenza colectiva de ver al Secretario de Educación de nuestro país encausado y preso por robar los fondos que debieron ser destinados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Tras la salida intempestiva de Julia Keleher de la Secretaría y el nombramiento del Secretario Interino, Eligio Hernández, el silencio se ha apoderado de todos y todas en el Departamento de Educación. En los días inmediatamente después de su renuncia, a Keleher se le vio explicándole a una audiencia en la Universidad de Yale cómo ella solita salvó al Departamento de Educación de Puerto Rico, tras la emergencia del huracán María. A su sucesor, Eligio Hernández, se le vio solamente el día de su nombramiento y confirmación como Secretario interino, mientras le reiteraba a la prensa que no quería ser nombrado como Secretario en propiedad. 

Esto, mientras el país se enteraba de que varias agencias del gobierno de Estados Unidos – el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal y la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia- andaban tras información que aclare si la Secretaria utilizaba su influencia para la otorgación de contratos con el Departamento de Educación que fueran pagados con fondos federales. Se habló, por ejemplo, del suscrito entre Keleher y una contratista de Tennessee, Danielle Rebecca Mezera, para consultoría y asesoría en educación vocacional, por $150 la hora. 

Entre otras acciones tomadas por los investigadores federales estuvieron la solicitud bajo apercibimiento de desacato (subpoena) de cintas grabadas del movimiento de personas en el condominio donde vivía Keleher en San Juan, y la realización de entrevistas con personal de mantenimiento de dicho edificio. Además, ejecutaron el allanamiento y ocupación de una computadora a una socia de la exSecretaria. 

Hay otro asunto importante relativo al Departamento de Educación sobre el cual tampoco se ha sabido nada más. Poco antes de la renuncia ¿despido? de la Secretaria Keleher se anunció con bombos y platillos, mediante conferencia de prensa, la creación y operación de una fundación sin fines de lucro para allegar fondos privados al Departamento de Educación, la Puerto Rico Education Foundation (PREF). Esta fundación, en lugar de procurar fondos privados para subsidiar mejores salarios y condiciones para los maestros y maestras, o para proyectos educativos atractivos y enriquecedores para nuestros estudiantes, se dedicaría a atraer fondos a utilizarse en el reclutamiento de consultores administrativos de alto nivel, que se asignarían a las distintas regiones educativas en Puerto Rico y trabajarían junto a los directores regionales para impulsar las estrategias de la Secretaria. 

En ese momento, CLARIDAD denunció dicha acción conjunta de la Secretaria y de PREF como un intento de crear una estructura paralela de contratistas pagados con fondos privados con la autoridad para dirigir las regiones educativas de nuestro sistema de educación pública por encima de los directores regionales locales. Nunca se contestó esta denuncia, y al día de hoy, el País no sabe aún qué ha pasado con los fondos de PREF, ni con dichas contrataciones, ni si las estrategias y las directrices de la ex Secretaria Keleher son las que aún prevalecen en el Departamento de Educación. 

La historia del gobierno de Puerto Rico con los fondos para Educación es larga y tortuosa. Con Víctor Fajardo en la década de los 90, durante el gobierno del Dr. Pedro Rosselló y el PNP, pasamos por la vergüenza colectiva de ver al Secretario de Educación de nuestro país encausado y preso por robar los fondos que debieron ser destinados a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Hoy, el caso de Julia Keleher nos trae a la memoria ese pasado nebuloso, con el entramado creado por ella de esquemas, fundaciones y estructuras paralelas con fondos que debían ser destinados a los servicios educativos esenciales que necesita y merece nuestra población escolar. Se hace peor la situación por la falta de transparencia e información al pueblo desde el Departamento de Educación.

En este momento de crisis absoluta que vive el País, es despreciable que se trafique con la educación de nuestros niños. Desde CLARIDAD, hacemos un llamado a todo el pueblo puertorriqueño a exigir cuentas al gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP por los miles de millones de dólares en fondos destinados al Departamento de Educación, de los cuales no sabemos cómo, ni a qué, ni a quienes, serán destinados.