Dos de las razones principales para el creciente deterioro de la educación pública en Puerto Rico son la inestabilidad en el Departamento de Educación (DE), y la improvisación continuada en las políticas y estrategias educativas. Por muchas décadas, dichas políticas y estrategias no han estado basadas en principios educativos sólidos, ni han ido dirigidas a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Por el contrario, han obedecido principalmente a la conveniencia momentánea de los gobiernos y los partidos (PNP y PPD) que se han turnado la administración pública en nuestro país, convirtiéndose en meros eslóganes publicitarios que esconden la codicia de nuestros políticos por los miles de millones de dólares que se destinan anualmente al DE.
A lo largo de muchos años, hemos visto cómo, mientras más aumenta el presupuesto del DE, más decrece la calidad educativa en las escuelas públicas del país, aumentan los índices de bajo aprovechamiento y deserción escolar, y crece la duda generalizada en la población sobre la capacidad y efectividad del liderazgo pedagógico del DE. No es cierto que la paralización de labores en el DE comenzó con el cierre decretado por la pandemia del COVID- 19 el pasado mes de marzo de 2020. Ya desde principios del año 2020, miles de estudiantes no recibían instrucción presencial en sus aulas, ni tampoco habían comenzado sus estudios a distancia, a causa de los daños ocasionados en los planteles por los sismos que sacudieron la región suroeste de Puerto Rico durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Desde la cúpula del DE no se demostró capacidad para liderar un esfuerzo concertado que contribuyera a aliviar el impacto de la prolongada interrupción de clases.
Durante más de un año, la tarea de educar y educarse ha recaído principalmente en miles de maestros, maestras, padres y abuelos comprometidos que asumieron las riendas durante las emergencias, sacando a flote a miles de alumnos de escuelas públicas, a pesar de los retos y dificultades. Pero ha habido otros miles- sobre todo entre los sectores más empobrecidos, aislados y vulnerables- que por distintas razones no supieron ni pudieron insertarse a la tecnología, lo que les impidió formar parte de la comunidad escolar virtual y cumplir con los requisitos académicos mínimos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del DE ante esta situación? Que se sepa, ninguna. Desde la cúpula del DE solo ha habido inacción y silencio. Hasta para que se repartiera la comida del programa de Comedores Escolares durante la pandemia, que asegura una alimentación mínima a miles de alumnos, tuvo que intervenir el Tribunal. Más aún, desde antes de las emergencias, ya la comunidad escolar venía de otro evento desestabilizador: el forzado cierre de escuelas impulsado desde el DE, el cual tuvo un efecto muy nocivo en el ánimo y el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes, y sus maestros y padres.
A juzgar por el “nuevo plan” de reapertura de escuelas esbozado por la designada secretaria del DE, Elba Aponte Santos, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP no se proponen hacer las cosas de mejor manera en el DE. Sobre todo, porque el plan propuesto se confeccionó en solitario, sin el insumo ni la participación del resto de la comunidad escolar de maestros, padres y estudiantes. La señora Aponte Santos asegura que el próximo 3 de marzo, 172 escuelas estarán listas para reabrirse, ofreciendo servicios lectivos, de apoyo curricular y de alimentos a una matrícula considerable de estudiantes de nivel preescolar, primero, segundo y tercer grado de escuela elemental, y duodécimo grado de escuela superior. Para ese plazo faltan apenas tres semanas. La Secretaria Designada también se ha comprometido a presentar- dentro del plazo de una semana- la lista de planteles que estarán listos para la reapertura. Esto implicaría cumplir con todas las condiciones y medidas recomendadas por los expertos para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19.
¿Alguien que conozca la dinámica del DE, y que haya vivido en Puerto Rico durante los pasado años y presenciado el caótico comienzo de clases cada mes de agosto, podrá confiar en que este año, y en medio de la peor pandemia en un siglo, el DE va a poder tener, en solo tres semanas, cada variable cubierta para una reapertura de escuelas organizada y eficiente, que garantice el cumplimiento con los requisitos de seguridad y salubridad de los protocolos del Fideicomiso de Salud Pública?
En Puerto Rico, la mayoría de la población quiere que reabran las escuelas lo antes posible que lo permitan las circunstancias. Pero no quieren someter una vez más a nuestros niños y jóvenes estudiantes de escuelas públicas, ni a los maestros y empleados del DE al desorden y el caos de una reapertura improvisada, sobre todo cuando existe un gran riesgo a la salud de todos los involucrados. Abrir las escuelas en marzo para cerrarlas en mayo, y volver a abrirlas en agosto, no hace ningún sentido. Exijamos al DE que se aleje de la improvisación, que utilice los próximo meses en organizar eficientemente el inicio de clases del próximo año escolar, que abra un proceso de diálogo con todos los demás sectores involucrados, y que guíe sus acciones estrictamente por lo que le convenga a la comunidad escolar. La conveniencia político partidista o presupuestaria no deben tener cabida en una decisión tan importante de política pública.
