Los acuerdos de reestructuración de deuda son siempre transacciones complicadas, lo mismo si son individuales, corporativos o involucran a cualquier instancia de un gobierno o país. En el caso de Puerto Rico es más complicado aún por nuestra condición de colonia de Estados Unidos, y por la enormidad del monto de la deuda en comparación con el tamaño de nuestra economía y de nuestro mercado. Los grandes conglomerados financieros que respaldaron dichas emisiones de deuda, sabían exactamente lo que hacían al mantener la llave prestataria abierta mucho más de lo que hubiese sido prudente en cualquier escenario de riesgo como el nuestro. Se cebaron de nuestra situación, prestando mucho y caro, y más allá de cualquier límite, porque tenían la certeza de que la deuda se les pagaría a como diera lugar. No se equivocaron. Los recientes acuerdos de reestructuración de deuda para los bonos de COFINA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, más recientemente, para las Obligaciones Generales (OG) del Gobierno de Puerto Rico así lo confirman. Extrema generosidad hacia los bonistas y extrema austeridad hacia los trabajadores, trabajadoras y el pueblo de Puerto Rico.
No debe extrañarle a nadie que esa sea la ruta escogida. Prestar en grande es un negocio grande. Y sus prácticas están dirigidas a asegurarse un buen retorno del dinero prestado. Por eso, quien presta así casi nunca pierde, y mucho menos si su deuda está vigilada y respaldada por un cuerpo tan poderoso como el Congreso de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, muchos de los bonistas esgrimieron el argumento de que su acreencia estaba garantizada por la llamada Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico. Dicha “constitución”, que ya sabemos que es un documento sin valor ni obligatoriedad para el gobierno de Estados Unidos, principalmente tras la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición a Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal (JCF), ha sido la “excusa perfecta” para asegurarle a los bonistas de COFINA la tajada más jugosa del pastel de Puerto Rico. Un acuerdo leonino y confiscatorio, sobre el cual el destacado investigador y profesor de economía de las universidades de Columbia y Buenos Aires, Martín Guzmán, dijo lo siguiente: “Si este acuerdo es aprobado, el pueblo de Puerto Rico pagará cerca de $33,000 millones a sus acreedores COFINA por un valor principal que antes de la reestructuración era de $17,637 millones.” Claramente, este no es un buen acuerdo para Puerto Rico, ni ahora ni en el futuro.
El recién negociado acuerdo de la AEE sigue un patrón similar. Después de levantar tantas expectativas, se terminó con un acuerdo peor al que se había negociado bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, y que el actual gobierno descartó. Este nuevo acuerdo de reestructuración de deuda recibió una evaluación devastadora por parte de los expertos del Centro para una Nueva Economía (CNE). Esta es la tajante expresión sobre dicho acuerdo del prestigioso economista del CNE, Sergio Marxuach: “El RSA propuesto no es una buena transacción para Puerto Rico. Sus términos y condiciones son demasiado generosos para los acreedores; desalienta la transición a la generación renovable distribuida; no está claro si proporciona el alivio de la deuda necesario para mantener a la AEE como una empresa en marcha, mientras se evita otra reestructuración a corto y mediano plazo, y con toda probabilidad resultará en un aumento significativo de la tarifa para los contribuyentes puertorriqueños en las próximas décadas”.
La más reciente reestructuración de deuda anunciada es la de las Obligaciones Generales, otro acuerdo de pago que deja más preguntas que las que contesta, sobre todo porque el mismo depende del recorte a las pensiones de los retirados del servicio público. El contraste no puede ser más demoledor. Lo que perderían los retirados, lo recibirían los bonistas de Obligaciones Generales.
La pasada edición de CLARIDAD recoge unas expresiones del reconocido economista y profesor universitario José Alameda, sobre el acuerdo de la AEE, que son premonitorias del acuerdo de OG recién anunciado por la JCF. Dichas expresiones se refieren directamente a que la Ley PROMESA mandata que se definan los servicios esenciales, lo que no se ha hecho. “Eso se sabe. Pero en Puerto Rico no se ha hecho, por lo que se están atacando servicios esenciales y entrando en acuerdos muy onerosos, como en este caso, y parece que se va a seguir con esa misma metodología en las obligaciones generales, es decir los llamados GBO”.
Esta situación ilustra el tajante conflicto de intereses que existe entre nuestro pueblo y la JCF, y toda la estructura de control y hegemonía colonial que se ha impuesto en nuestro país. Esta es la gran disyuntiva que enfrentamos ante unos acuerdos de pago de deuda que estrangulan nuestro futuro.
