Los países que ignoran la historia y no aprenden de sus errores están abocados a repetirlos. Un ejemplo de esa amnesia colectiva que nos afecta es el recién anunciado acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía Luma Energy para que esta administre el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. Aunque la decisión no es final y firme, este contrato es el primer paso de la AEE hacia su privatización. Privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico ha sido un objetivo principal de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal desde sus comienzos.
Un plan parecido se ensayó en el año 2002 en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con el contrato a una compañía privada francesa llamada Ondeo para la operación del sistema de aguas de Puerto Rico. Aquel contrato alcanzaba la suma total de $6 mil millones en beneficios para la compañía extranjera, y tuvo que cancelarse en el 2004, apenas dos años después de efectuado, por inefectivo y oneroso. Terminó costándole a Puerto Rico $4 mil millones en solo dos años, y miles de dolores de cabeza, pero demostró que es falsa la supuesta superioridad de lo privado sobre lo público en la prestación de un servicio esencial a un país.
La AEE también ha tenido su cuota de contratos dañinos con compañías extranjeras. Los más recientes fueron los acordados con las compañías Whitefish y Cobra Energy de Estados Unidos- traídas a Puerto Rico en el 2017, una por la AEE y la otra por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)- para ayudar a restablecer el sistema eléctrico de Puerto Rico colapsado por el embate del huracán María.
Whitefish era una compañía sin experiencia, recién incorporada en el estado de Montana y con solo dos empleados en su plantilla corporativa. Su contratación apresurada y nunca aclarada desembocó en eje de la refriega entre partidos políticos en Estados Unidos y Puerto Rico. Facturó cientos de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico sin completar el trabajo para el cual fue contratada.
Con Cobra Energy nos fue aún peor. Más de mil millones de dólares facturados en un accidentado paso por Puerto Rico que desembocó en un gran escándalo de corrupción. Los enredos contables del contrato de Puerto Rico alertaron a las autoridades federales sobre la posibilidad de fraude y comisión de delitos de diversa índole. Finalizada la investigación, las cuentas bancarias de Cobra Energy fueron embargadas, y se sometió un larguísimo pliego acusatorio que culminó con los arrestos de la más alta oficial regional de FEMA y su principal subalterna. La resolución de este proceso aún está pendiente en el Tribunal Federal.
Las experiencias antes descritas no han servido para frenar el afán de las fuerzas que persiguen la privatización de nuestro sistema eléctrico. Por eso, han vuelto a la carga con el contrato entre la AEE y Luma Energy, el cual se hizo a espaldas de los abonados y trabajadores de la AEE, y de todo el pueblo puertorriqueño. Se pactó en un proceso nebuloso, donde el presidente de la Comisión de Energía aparenta haber sido juez y parte. El documento acordado establece términos y condiciones que benefician desproporcionadamente a la empresa privada que se contrata.
Este acuerdo no es bueno para el pueblo de Puerto Rico, ni para los trabajadores activos y jubilados de la AEE. Primero, porque el contrato convierte la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en un monopolio privado. Segundo, porque Luma Energy no invierte nada en la transacción, mientras la AEE asume el pago a la empresa privada de $1,500 millones en 15 años para cubrir los gastos de su operación en Puerto Rico, además de garantizarle una ganancia. Tercero, porque el contrato tendrá el efecto de encarecer progresivamente el costo del servicio eléctrico a los abonados residenciales y comerciales de la AEE.
Cuarto, porque no garantiza el empleo de la actual fuerza laboral de la AEE y pretende someterlos al proceso regular de reclutamiento que ignora sus conocimientos y sus años de experiencia y servicio. Quinto, porque no reconoce la negociación colectiva ni los derechos adquiridos por los trabajadores de la corporación pública durante décadas. Sexto, porque no asume responsabilidad por el pago de las pensiones. Séptimo, porque no asume responsabilidad por el pago de la deuda de la corporación pública. No es bueno, además, porque una vez firmado este contrato Luma Energy tendría el control total del sistema de transmisión y distribución eléctrica y podría imponer condiciones de todo tipo a la AEE, al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico.
El control energético es una de las fortalezas estratégicas de un país. Hasta ahora, y con todas las limitaciones que impone nuestra condición colonial, los recursos y sistemas energéticos han estado por décadas en manos del pueblo de Puerto Rico. Abrir la puerta al monopolio eléctrico privado, bajo las condiciones tajantes de este contrato dañino, solo serviría para continuar empobreciendo a nuestros trabajadores y al pueblo, y equivaldría a entregar uno de nuestros activos más valiosos a cambio de nada.
