¿Qué tienen en común Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz con Angie Noemí González Santos, Jeannette Rodríguez Ramos y Rosita Alicea Delgado? Que todas fueron mujeres jóvenes y asesinadas durante los primeros cuatro meses del 2021, por sus parejas o ex parejas, en sucesos de violencia machista.
Angie Noemí, la enfermera y madre de tres hijas que, con solo 29 años, fue asesinada y lanzada por un barranco en un área rural de Coamo a mediados del mes de enero. Jeannette y Rosita, ambas de 41 años, fueron ultimadas en sus residencias, la primera a cuchilladas, el 6 de marzo en Isabela, y la segunda a balazos, el 1 de abril en Gurabo. De Andrea y Keishla poco resta de añadir a los detalles espeluznantes de sus desapariciones y asesinatos, que desde mediados de la semana pasada mantuvieron en vilo al País. El cadáver calcinado de Andrea, de 35 años, fue encontrado en un predio baldío en la zona de Cayey, el 29 de abril, y el de Keishla, de 27 años y en estado de embarazo, dos días más tarde flotando en la Laguna San José.
Estas cinco mujeres se unen a las cerca de medio centenar que fueron asesinadas el año pasado en circunstancias similares, en una espiral de feminicidios que sigue creciendo y alimentando la indignación y frustración general de la población ante estos sucesos. El año pasado, fue la desaparición y asesinato de Rosimar Rodríguez, de apenas 20 años, la gota que pareció desbordar la copa de la conciencia colectiva, como ocurre hoy, apenas un año más tarde, con los crueles y dramáticos sucesos que culminaron en las muertes de Andrea y Keishla. Lastimosamente, nada parece haber ocurrido entre un año y otro que alimente la esperanza de que en Puerto Rico hayamos avanzado hacia el objetivo de erradicar- o al menos reducir- la violencia contra las mujeres.
El problema de la violencia machista en Puerto Rico se ha tornado tan serio que ha forzado cambios en la mirada del Gobierno al mismo. Lamentablemente, las iniciativas gubernamentales caminan lento. No avanzan con la misma rapidez con que lo hacen los agresores y asesinos de mujeres. Por eso, no ha avanzado como debería la implantación de las nuevas disposiciones de la Declaración de estado de emergencia por violencia de género que emitió el Gobernador de Puerto Rico en la Orden Ejecutiva 2021-013 del pasado 25 de enero, y que constituye un buen paso hacia la atención del problema.
Es necesario abordar la violencia machista con la urgencia que tiene. Por eso, todas y todos los concernidos en las instancias gubernamentales deben saber que ahora mismo en Puerto Rico hay centenares de mujeres que conviven con sus agresores y están en riesgo inminente por la violencia machista. Muchas de esas mujeres no tienen cómo ni a donde escapar y esperan por algún remedio, aunque sea temporero, que sirva para protegerles su integridad física y sus vidas. Por eso, no puede permitirse nunca más que, como le ocurrió a Andrea Ruiz Costas, una mujer amenazada de muerte y temerosa por su vida solicite de emergencia un remedio judicial y le sea denegado.
La orden ejecutiva del Gobernador ha tenido un resultado específico: la creación del Comité PARE, que se describe como un esfuerzo abarcador entre las ramas y agencias del gobierno para organizar una respuesta gubernamental coordinada y efectiva ante la alarmante situación. El Comité y la figura de la Oficial de Cumplimiento, encargada de velar porque el Comité cumpla con sus objetivos, son buenas medidas, pero aún no arrancan del todo. Se sabe que se solicitó desde el Ejecutivo un presupuesto de $7 millones para su implantación, el cual la Junta de Control Fiscal redujo a $200,000. ¡Tremenda la importancia que le da el ente fiscal federal al asunto!
La declaración de estado de emergencia había sido un reclamo repetido de las organizaciones que proveen servicios a mujeres en riesgo de violencia machista, para prevenir agresiones y muertes, y también como medio de crear conciencia y educar sobre la necesidad de modificar y erradicar las actitudes y conductas machistas que son la raíz de la violencia contra las mujeres.
Junto a las demás tareas que tiene asignadas el Comité PARE, es indispensable que se le dé paso a la educación con perspectiva de género en nuestras escuelas. La educación es la base para la construcción de una sociedad de paz, donde sus integrantes tengan la oportunidad de desarrollarse, en libertad y plenitud, hasta el máximo de sus capacidades. Para ello, hay que comenzar desde la infancia a fomentar en los niños y niñas una cultura de tolerancia hacia la convivencia en el hogar y en la escuela. La educación con perspectiva de género es la herramienta que tiene el contenido y las actividades apropiadas para cada nivel escolar. Es en la escuela donde nuestros niños y niñas aprenden a socializar y compartir, y es ahí donde deben reforzarse las actitudes de respeto, tolerancia y equidad que formarán parte del carácter y sistema de valores de cada niño o niña.
Junto a la eficiencia y prontitud de los remedios procesales que provea el Estado, una educación que propenda al desarrollo balanceado de la relación entre los géneros es la mejor arma contra la violencia machista que le costó la vida a Andrea, Keishla y tantas otras mujeres en Puerto Rico.
