Editorial: Bajo asedio la educación pública en Puerto Rico

 

La educación pública en Puerto Rico está asediada. Hay un estado de sitio en el Departamento de Educación(DE) por el enquistamiento de décadas,  a sus niveles más altos, de una cultura de control político partidista que ha terminado por paralizar sus operaciones. Los acontecimientos de las últimas semanas y días nos dan la razón. El gobernador Pierluisi se ha colgado en sus tres primeras iniciativas sobre el DE. Falló con su primera nominada a Secretaria de Educación. Era evidente que ella no cualificaba para el cargo y así lo demostraron sus actuaciones en el poco tiempo en que lo ocupó. Tampoco tuvo éxito con el nombramiento de un secretario interino para el DE. Pudo haber aprovechado la oportunidad y nombrar a alguien cualificado, pero no lo hizo. Nombró a alguien sin mérito ni preparación en el campo educativo, un protegido político traído “en destaque” al DE desde la Procuraduría de Asuntos de Menores, no se sabe con qué propósito. Además, y como se había anticipado, también fracasó la apresurada y desaconsejada apertura de las escuelas, pues los estudiantes no llegaron en los números que se esperaban. Ahora, el repunte de la pandemia del Covid-19 de las últimas semanas ha cerrado nuevamente los planteles, dando por concluido el experimento. Estos son tres errores graves que transparentan la realidad interna de este gobierno y del DE, una agencia colapsada por el partidismo, donde se ha supeditado la misión de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes al objetivo mezquino del control partidista con el propósito de asegurarle su parte del pastel  a las distintas facciones y sectores del partido de turno en el gobierno. Ya es casi una tradición ver cada cuatrienio a los políticos derrotados y otras sanguijuelas del partido de turno que son acogidos en el DE, ya sea como empleados de confianza o como contratistas con privilegios.  Luego de esta comedia de errores tan crasa e indignante, no debe esperarse que nuestro pueblo confíe en que esta administración y este Gobernador tengan la voluntad de nombrar para la más alta jefatura del DE, a la persona mejor cualificada pedagógicamente que puedan encontrar, y no a otro u otra capataz político.

Pero el asedio a la educación pública no se limita al DE y a nuestras escuelas públicas. La Universidad de Puerto Rico (UPR), la única institución pública de educación superior en el país, también lleva años sufriendo el asedio de las políticas de austeridad que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha venido a imponer al gobierno de Puerto Rico, y que han sido particularmente duras e injustas con nuestra Universidad. Entre el 2018 y el 2020, el presupuesto de la UPR fue recortado en más de $300 millones, y ahora se le ha impuesto un recorte adicional de $94 millones en el plan fiscal aprobado para el 2021. Estos recortes han afectado directamente las áreas más sensitivas de los servicios que la universidad al estudiantado, y las condiciones de trabajo y las pensiones del personal docente y no docente que labora en sus once recintos. Los recortes han provocado también la congelación indefinida de plazas docentes, un problema que se manifiesta en todos los programas y facultades académicas y que afecta directamente las condiciones de estudio para los estudiantes, y la labor del personal docente.

Los recortes indiscriminados afectan también las posibilidades de nuevos ofrecimientos académicos y de cumplir con las exigencias de las entidades acreditadoras de sobre los recintos y programas académicos de la Universidad. Sobre una UPR debilitada financieramente siempre pende el chantaje de las acreditaciones, como ocurrió hace unos años con la Middle States Association for Higher Education, y ocurre ahora con la acreditación del Programa de Residencia en Neurocirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, una situación lamentable y vergonzosa que afecta a los estudiantes involucrados y va en detrimento de la imagen  y el  prestigio de nuestra Universidad.

Junto a los recortes se ha instituido también una política de aumento de las matrículas y de los costos de los demás servicios universitarios que no toma en cuenta la realidad financiera de los estudiantes y familias a los que sirve la Universidad, en un Puerto Rico empobrecido por la austeridad, la crisis económica, la deuda insostenible y  por el efecto multiplicador de la sucesión de catástrofes recientes, como los huracanes Irma y María, los terremotos en el área Sur, y ahora la pandemia del COVID-19.

Puerto Rico no puede entregar su derecho a una educación pública gratuita y de calidad. Ni tampoco permitir que su Universidad se debilite hasta el agotamiento. Es un deber que tenemos con las generaciones del futuro y un compromiso con la escuela y la universidad públicas, que han sido y son valores fundamentales del pueblo puertorriqueño.

 

 

 

 

 

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