Editorial: Basta de discrimen hacia la Educación Especial 

Editorial:   Lares desde la distancia

    Esta edición especial de CLARIDAD está dedicada, como todos los años, a la conmemoración del Grito de Lares, la primera revolución libertaria armada del...

Autoridad de Edificios Públicos vs. Departamento de Educación

   Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com En una acción que levanta interrogantes sobre quiénes serán los que se beneficiaran de los millones de dólares asignados para la reparación...

La ineficiencia y la corrupción van de la mano

  Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com La lentitud en el uso del dinero asignado para atender las secuelas del huracán Maria ($20.2 millones de CDBG-DR), como también sucede...

Lares: monólogo de un historiador

  Por Mario R. Cancel Sepúlveda/Especial para En Rojo ¿Cómo interesar a la gente del presente en un evento ocurrido hace 152 años? El problema es...

Será Otra Cosa

  Por Vanessa Vilches Norat/Especial para En Rojo   "Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir...

 

En momentos en que el mundo entero observa incrédulo las nefastas consecuencias del racismo sistémico en Estados Unidos, y se fomenta la reflexión y discusión sobre cómo el discrimen contra individuos y grupos particulares mina las bases y los entendidos de las llamadas sociedades democráticas, y crea divisiones, niveles y jerarquías artificiales y dañinas entre los ciudadanos de un país, llamamos la atención a la situación de los estudiantes de Educación Especial en Puerto Rico. El hecho de que el discrimen contra dicha población no sea un fenómeno exclusivo de nuestro país, no debe ser excusa para desatender un problema que afecta a un número tan alto de nuestra población estudiantil, y a sus maestros, terapistas, padres y familiares. Según nota publicada en CLARIDAD, sobre la situación de la educación especial en Puerto Rico en octubre del 2018, más de una tercera parte de la población estudiantil del país- aproximadamente 120,000 niños y niñas- está registrada  en el Programa de Educación Especial. Esto significa que contamos con una altísima tasa de estudiantes con condiciones serias que inciden sobre su capacidad de aprendizaje.

La ley especial del gobierno de Estados Unidos para estos estudiantes es la “Individual with Disabilities Education Act”- IDEA, por  sus siglas en inglés- una ley muy abarcadora que establece que estos niños y niñas pueden estar afectados por una o  más de las trece categorías de condiciones o impedimentos que cubre el estatuto. Algunos de estos son fáciles de detectar por lo evidentes,  y otros no son tan detectables a simple vista pero sí igualmente incapacitantes. El espectro abarca desde impedimentos físicos como la ceguera o la sordera en todas sus variantes o los impedimentos ortopédicos, hasta condiciones emocionales, cognitivas o intelectuales, o problemas específicos de aprendizaje como los impedimentos del habla y el lenguaje, el trauma cerebral, o impedimentos múltiples como la perlesía cerebral y el Síndrome Down, entre otros. Incluye también, con lujo de detalles, los reglamentos,  requerimientos y procesos a completarse para garantizar que los estudiantes con dichas condiciones, o con cualquier otra condición especial que impacte su aprendizaje, no puedan ser discriminados, ni sus derechos atropellados, en  los sistemas de educación pública cobijados bajo dicha ley. Además de esa ley Federal, en Puerto Rico hay otras leyes y reglamentos aplicables. La Sentencia Judicial por Estipulación del 2002 en el pleito de Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación fue un gran logro de justicia para esta población. La sentencia favorable en este pleito de clase obliga al Departamento de Educación de Puerto Rico a cumplir con todos los mandatos de ley aplicables a la Educación Especial, y suple mecanismos adicionales a la población de educación especial para obligar al Estado a cumplir, como el Remedio Provisional, entre otros.

Pero la realidad en el Departamento de Educación ha sido otra. Por décadas han seguido arrastrando los pies con los estudiantes de Educación Especial, a pesar de contar con un presupuesto descomunal, uno de los más grandes entre todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Educación sigue siendo negligente en el cumplimiento de su obligación, y con obstinación se dilatan y complican el acceso y los procesos para la educación a que tienen derecho estos estudiantes. En estos momentos, cuando la crisis de servicios provocada por la epidemia de COVID-19 ha afectado de dramáticamente las formas y medios en que se imparte educación en Puerto Rico, resalta más que nunca la gran vulnerabilidad y carencia del Programa de Educación Especial.  Los estudiantes y sus asistentes, padres, terapistas, y maestros y maestras se han quedado sin un interlocutor interesado, ante un Departamento de Educación colapsado, con un liderazgo nulo, que ha demostrado durante esta crisis su total incapacidad para proveer respuestas y soluciones asertivas y concretas a las necesidades educativas de toda su población escolar, particularmente la de Educación Especial.

Ahora y hacia el futuro los  avances logrados tras la sentencia judicial en el de caso Rosa Lydia Vélez están amenazados. Los niños y niñas de educación especial siguen en un limbo. Tampoco hay visos de la permanencia prometida a las maestras asistentes, quienes son los ojos y oídos de estos estudiantes en los salones de clase, y llevan décadas trabajando por contrato, sin garantía ni seguridad de empleo. Y mucho menos hay comunicación con los padres y madres, sobre cuáles serán las condiciones del aprendizaje de sus hijos e hijas con condiciones especiales durante el próximo semestre escolar, que comienza en agosto.

 

La experiencia profesional indica que estos niños y niñas se benefician mejor del aprendizaje y refuerzo  continuos. Sus distintas condiciones físicas, cognitivas y emocionales ya son barreras suficientes para su progreso. Su reclamo más urgente y enérgico es que se derriben las barreras burocráticas, el discrimen y la  incompetencia en el Departamento de Educación.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Editorial:   Lares desde la distancia

    Esta edición especial de CLARIDAD está dedicada, como todos los años, a la conmemoración del Grito de Lares, la primera revolución libertaria armada del...

Autoridad de Edificios Públicos vs. Departamento de Educación

   Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com En una acción que levanta interrogantes sobre quiénes serán los que se beneficiaran de los millones de dólares asignados para la reparación...

La ineficiencia y la corrupción van de la mano

  Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com La lentitud en el uso del dinero asignado para atender las secuelas del huracán Maria ($20.2 millones de CDBG-DR), como también sucede...
Traducir»