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Editorial: Criminalidad, desigualdad y colonialismo

 

Desde el inicio del año 2021, y hasta el cierre de esta edición de CLARIDAD, han ocurrido 88 asesinatos, dos más que durante el mismo período el año pasado. El que estos hechos hayan ocurrido precisamente en uno de los picos de contagios por COVID-19, indica que la pandemia no ha sido un disuasivo para la violencia en todos los órdenes que se vive a diario en Puerto Rico.

Durante las últimas décadas ha habido una tendencia al crecimiento y recrudecimiento de las diversas manifestaciones de la violencia humana en la sociedad puertorriqueña. El análisis de sus causas y efectos se presenta en esta edición de nuestro semanario. En una entrevista realizada por la periodista Cándida Cotto a expertos en el tema de la violencia y la criminalidad, se detallan dichas causas y efectos, y se ofrece un diagnóstico poco halagador hacia el futuro. Según los entrevistados, en Puerto Rico los planes y estrategias gubernamentales en materia de prevención y atención a la violencia, la criminalidad y la seguridad pública están desenfocados. Señalan que las autoridades han subestimado el impacto que han tenido sobre los comportamientos violentos y la criminalidad las políticas neoliberales y de austeridad impuestas desde Estados Unidos, e implantadas por los sucesivos gobiernos coloniales durante las últimas décadas. Estas han tenido un efecto pernicioso sobre el prolongado estancamiento económico, el creciente desempleo y el evidente deterioro en los servicios esenciales que ofrece el Estado. Igualmente, la receta neoliberal ha sido factor determinante en la expansión de la brecha de desigualdad social y económica que divide a diversos sectores del país, y echa por la borda el efecto nivelador de desigualdades que tuvieron algunas políticas gubernamentales del pasado, y que ya hoy no existen.

Lo que sí se hace cada vez más evidente es la crispación y tensión social y económica que se vive a diario. Miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, en todos los estratos demográficos, luchan por sostener niveles de vida medianamente decorosos que los bajos salarios, y la inestabilidad en las condiciones de empleo y de vida, no les permiten alcanzar. Las tensiones que provoca este disloque entre las expectativas personales de progreso y prosperidad, frente a una economía precaria, un mercado de empleos limitado y estancado, unos salarios de hambre, un altísimo costo de vida, y una calidad de vida cada vez más pobre, es uno de los principales detonantes para la violencia familiar y social que nos azota.

Si a eso se le suma la gigantesca actividad ilegal del tráfico de drogas y armas hacia y desde Estados Unidos, que se ha convertido en avenida de movilidad social entre ciertos sectores, se conjuga la fórmula perfecta para la incesante criminalidad, que persiste alentada por el deterioro, la politiquería, la corrupción y la ingobernabilidad en las instituciones del Estado. Otra razón del fracaso es la llamada “guerra contra las drogas”- proclamada desde Washington e inoperante para detener el tráfico ilegal de drogas y armas- porque en última instancia el caudal inmenso que dicha actividad ilegal genera es conveniente para el sistema capitalista neoliberal, como también lo son las distintas variantes de “la política de mano dura contra el crimen”, impuestas en nuestro país desde la metrópolis. Solo basta examinar el negociazo en que se ha convertido la construcción y habilitación de cárceles de mediana y máxima seguridad en Estados Unidos para entender este fenómeno. Por eso, y a pesar del constatable fracaso de estas políticas en términos humanos y sociales, los gobiernos aquí y en Washington insisten en las mismas, pese a que solo han servido para perpetuar la exclusión, el aislamiento y la desigualdad.

El colonialismo es otro factor a considerar en este análisis. Descrito con meridiana lucidez por pensadores extraordinarios como Albert Memmi y Frantz Fanon, el colonialismo presupone una relación violenta y devastadora para los individuos y pueblos sumidos en la inferioridad política y subordinación a una metrópolis colonial. Sin duda, en un Puerto Rico en condición de inferioridad en todos los órdenes y sujeto a políticas de dependencia económica impulsadas desde Estados Unidos, estas han sido caldo de cultivo para la violencia y la criminalidad en nuestro país.

Debido a nuestra condición colonial, en esta etapa del capitalismo neoliberal Puerto Rico sigue siendo solo una ficha que se mueve a conveniencia de los designios de la clase dominante de Estados Unidos. Para romper este círculo vicioso, y tener en sus manos el poder de rehabilitar y transformar nuestro país hacia futuro, el pueblo puertorriqueño tendrá que hacer lo que le corresponde en justicia: reclamar con valentía su independencia y soberanía.

 

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