La Junta de Control Fiscal (JCF), y su directora ejecutiva Natalie Jaresko, mantienen un patrón de acoso al pueblo puertorriqueño desde todos los flancos, con la intención de aplastar cualquier oposición al plan fiscal elaborado por dicho organismo. Este plan fiscal fue diseñado con el propósito primario de facilitar el cumplimiento con las exigencias de pago de los bonistas de Wall Street, dueños de la deuda de Puerto Rico. Priorizar en el pago de la deuda es, a su vez, la razón principal tras la existencia de la Ley PROMESA y del organismo fiscal ejecutor que nos trata con tanto desprecio.
En el contexto colonial de Puerto Rico, la fórmula tradicional aplicada por el Congreso a su “territorio” ha sido la del castigo. La Ley PROMESA y la JCF son el equivalente actual a las políticas y los gobiernos impuestos por Estados Unidos a nuestro pueblo bajo las Leyes Foraker y Jones de principios del siglo pasado, y al tutelaje trágico e incompetente que han mantenido bajo la apariencia de un gobierno propio que nunca lo ha sido verdaderamente.
La ley PROMESA es el látigo moderno con el cual amedrentan, chantajean y pretenden “meter en cintura” al pueblo puertorriqueño. Para el poder colonial, cualquier oportunidad es buena para reiterar la supremacía de sus leyes- incluida la Ley PROMESA- sobre las leyes de Puerto Rico, y sobre los asuntos fiscales y de gobierno en nuestro país. A lo largo de 123 años desde la invasión militar, los intereses imperiales de Estados Unidos han ido variando, y así también su implantación en Puerto Rico. Comenzando desde nuestro pasado como enclave estratégico y militar de la región del Caribe y Latinoamérica, pasando por el latifundio cañero, la industria liviana, las petroquímicas y farmacéuticas y las empresas 936, todas las estrategias económicas ensayadas aquí para beneficio del gran capital estadounidense le han impuesto grandes cargas a nuestra gente de a pie.
Nuestras mejores tierras cultivables fueron convertidas en bases militares, y esa ocupación militar intensa duró hasta hace 20 años. Nuestras playas más hermosas se convirtieron en escenario de maniobras, ejercicios y experimentos militares que han dejado toneladas de metales y sustancias tóxicas, bombas y proyectiles en nuestro suelo y aguas territoriales. La infraestructura vial, la red de energía eléctrica y el agua de nuestros acuíferos fueron la base que dio apoyo a las diversas etapas de la llamada industrialización, que nunca fue verdaderamente nuestra y respondió siempre al interés del momento del gran capital estadounidense. Durante los últimos 30 años, el capitalismo neoliberal y desenfrenado nos ha llevado a la ruina con su fórmula fatal: el despojo y la depredación del patrimonio natural y edificado, la contracción económica y el aumento de la dependencia, el apetito desmedido por artículos de consumo y mercaderías, la seducción de los mercados de capital y el endeudamiento fácil que hizo presa de los políticos y gobiernos de turno, sobre todo durante los últimos 50 años. Ya en 1975, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Guillermo Rodríguez Benítez, le advertía al gobernador de turno, Rafael Hernández Colón, el gran peligro que entrañaba para la estabilidad futura de Puerto Rico el endeudamiento progresivo del Gobierno. Todo esto ocurrió y sigue ocurriendo en Puerto Rico bajo el tutelaje colonial del Congreso y el gobierno de Estados Unidos de América, sin que se hiciera nada por evitarlo hasta que fue demasiado tarde y la burbuja reventó, la deuda se tornó impagable y los buitres le exigieron al Congreso el cobro de la misma.
Al igual que ocurrió en el pasado con las leyes y políticas del Congreso de Estados Unidos en Puerto Rico, la Ley Promesa y el llamado plan fiscal se pretenden inviolables. Bajo ese pretexto, impedirán que se implante la ley de Puerto Rico del retiro digno que protege las pensiones de los retirados del servicio público e igualmente continuarán con los ajustes y recortes que han precarizado la educación en la Universidad de Puerto Rico y los servicios esenciales que prestan los municipios a la población. Por otro lado, el cinismo se les desborda cuando le conviene a sus intereses. Por eso, le exigieron a la Autoridad de Energía Eléctrica en quiebra tener una reserva de $750 millones para solventar el contrato a sobreprecio que pactaron con la privatizadora LUMA Energy.
Una vez más, el Imperio colonial y sus procónsules siguen subestimando y menospreciando a nuestro pueblo, y repitiendo, sin considerar las consecuencias, su patrón de más de un siglo de acoso contra la nación puertorriqueña.
