Los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) están en veremos. El proceso que se utilizó para su nombramiento, distinto al que establece la Constitución de Estados Unidos en casos similares, provocó que el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston determinara que los mismos no se hicieron conforme a dicha constitución federal. Tras la determinación, el presidente Trump tendría que someter nuevos nombres o nominar nuevamente a los incumbentes, cosa que hizo el mismo día en que se vencía el plazo dado por el Tribunal para hacerlo. El Senado todavía no había iniciado el proceso de confirmación cuando se fue de receso de verano, y la semana pasada venció el término estipulado por el Tribunal para la confirmación.
Por qué el arrastre de pies de las ramas Ejecutiva y Legislativa en este asunto no lo sabemos a ciencia cierta. Intuimos que se trata de la misma dejadez e indiferencia con que dichas instancias atienden cualquier asunto relacionado con Puerto Rico. Nuestro país se ha convertido en una piedra de tropiezo para el gobierno estadounidense, y todas sus ramas y principales funcionarios, especialmente el presidente Donald Trump, no pueden esconder su frustración y desdén hacia nosotros. Cualquiera pensaría que la impaciencia que demuestran hacia Puerto Rico debía moverlos a actuar con mayor rapidez en los asuntos que tienen que ver con nuestro país. Pero no es así, y aún ellos teniendo el poder absoluto de tomar decisiones sobre nuestros asuntos fiscales, financieros y de gobierno más importantes, nadie en la cúpula federal parece tener prisa alguna para actuar sobre Puerto Rico.
La JCF es un cuerpo que les pertenece. Sus miembros fueron propuestos por los entonces líderes del Congreso, y nombrados por el entonces presidente Barack Obama, a raíz de la aprobación de la Ley PROMESA aquel nefasto 30 de junio de 2016. En el Congreso recae la potestad de supervisar su trabajo y de pedirles cuentas sobre la puesta en marcha de su agenda. Por eso, desconcierta la dejadez del Senado ante la confirmación de estos nombramientos que son hechura del Congreso, y cuya responsabilidad recae específicamente en los Comités de Recursos Naturales de Cámara y Senado.
Quizá la dejadez obedezca a que la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston no le restó poder ni autoridad a las acciones realizadas por la JCF. Ni las determinaciones tomadas, ni las negociaciones realizadas, ni los acuerdos alcanzados- ni siquiera en este momento cuando su ratificación está en el limbo- están en entredicho. Para efectos del funcionamiento, la autoridad y los poderes delegados a la JCF por el Congreso, la decisión del Tribunal de Circuito no tiene garras. Tal pareciera que su solo propósito fue poner a prueba, una vez más, frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el alcance de la Cláusula Territorial de la constitución federal como poder último y definitivo sobre los asuntos de Puerto Rico.
Por eso, los miembros de la JCF, y su Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, han seguido muy campantes, ejecutando fríamente su agenda de negociaciones favorables a los grandes bonistas. Para garantizar el pago de la deuda, insisten en las extremas restricciones presupuestarias, el recorte de las pensiones de nuestros servidores públicos, y demás medidas de austeridad que tienen como resultado el racionamiento del acceso de nuestra gente más necesitada a los servicios de salud, educación y demás servicios esenciales.
Mientras, el Tribunal de Circuito y el Tribunal Supremo federal seguirán jugando con el destino político de Puerto Rico en la vista pautada para el próximo 8 de octubre sobre los nombramientos de los miembros de la JCF. Del otro lado de la moneda, el pueblo puertorriqueño sigue asediado por la JCF y su ejército de asesores, consultores y abogados que exprimen los haberes del País para satisfacer la codicia de los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos.
Esta edición de CLARIDAD publica un extenso reportaje de la compañera Cándida Cotto que detalla los pasos que sigilosamente ha dado la JCF para adelantar sus negociaciones sobre la deuda de Puerto Rico, y así anular cualquier intención que pueda tener el Tribunal de Quiebras de permitir la auditoría de la deuda. El cierre súbito de las negociaciones haría académico el reclamo por la auditoría y nuestro pueblo se vería obligado a pagar por una deuda emitida ilegalmente. Además, jamás llegaríamos a saber el monto de dicha deuda ilegal, ni los nombres de las personas y entidades que violaron la ley, un mínimo de transparencia necesario para que nuestro pueblo conozca la identidad de quienes lo desfalcaron.
El pueblo puertorriqueño conoce quién le sirve bien y quién no. Y conoce muy bien para quienes trabaja la JCF. Por eso, rechaza su presencia y su poder, y no le otorga confianza ni legitimidad a sus acciones. Así lo expresó miles de veces la multitud que se reunió para protestar durante la histórica jornada del Verano 2019, voceando la consigna: “Ricky renuncia, y llévate a la Junta”.
