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La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, le escribió una carta a la Gobernadora que contiene unas llamadas “sugerencias” para el uso de los $2,200 millones que autorizó el gobierno de Estados Unidos para que Puerto Rico enfrente la emergencia por coronavirus y el disloque que esta ha provocado en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo.

“Los fondos otorgados por la Ley CARES son considerables y, si se usan apropiadamente pueden proveer el apoyo necesario para mitigar, contener y minimizar el efecto del COVID- 19 en las vidas de los puertorriqueños y de la economía local. El Gobierno debe cerciorarse de que estos fondos tengan el mejor efecto posible en la respuesta y recuperación, y que se utilizarán de manera estratégica desde ahora hasta diciembre de 2020”,dijo Jaresko en declaraciones escritas. Como era de esperarse, la carta ha levantado muchas ronchas, sobre todo por su tono insolente y autoritario. Por eso Jaresko se vio precisada a aclarar que la Junta no decide, sino solo “sugiere” cómo Puerto Rico debe usar dichos dineros.

En términos generales, la lista de “sugerencias” de Jaresko es una enumeración de las acciones que han faltado en la respuesta del Gobierno a la epidemia. Sobre estas inacciones ya existía un consenso generalizado en la mayoría del pueblo puertorriqueño antes de que Jaresko las pusiera por escrito. Son las cosas más obvias, como por ejemplo que hay que apretar el paso para realizar muchas más pruebas diagnósticas y hacer más efectivo el registro de contagiados y recuperados; que la tecnología para el rastreo de contactos es insuficiente; que la vigilancia  y rastreo de los positivos que entran por el aeropuerto debe ser aún más estricta; que hacen falta medicamentos y equipos para tratar a los pacientes de COVID 19, así como la parafernalia necesaria para proteger físicamente a nuestro personal de primera línea en los hospitales y facilidades médicas del País. Igualmente hay consenso en que deben atenderse la educación a distancia y las necesidades lectivas y de alimentación de los y las estudiantes y maestros del sistema público, de los adultos mayores en hogares de cuido, de las mujeres maltratadas que están conviviendo con sus agresores, de los confinados, y de otros sectores con necesidades especiales, para asegurarnos de que no haya carencias críticas de alimentos o suministros de primera necesidad, y para que se prevengan los abusos  y atropellos a los derechos de las personas. La mayoría coincide, además, que deben atenderse con prioridad las necesidades de nuestros trabajadores desempleados y de los pequeños comerciantes afectados severamente por la emergencia.

La que sí es verdaderamente la píldora venenosa de la carta de Jaresko es la última de sus“sugerencias”, colocada al final de la misiva casi como para que pase desapercibida. Dice así: “Reembolso al Gobierno: una porción de los $500 millones, que formaron parte de los $787 millones del Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia, pueden ser reembolsados conforme a la Ley CARES”. En otras palabras, Jaresko quiere que el pueblo de Puerto Rico reembolse una parte sustancial de los fondos supuestamente liberados por la JCF para la emergencia y que salieron del llamado “fondo de reserva” para el pago de la deuda. Esto significa requerir que, en medio de la peor crisis de salud en un siglo, Puerto Rico siga sacrificando a su gente para poder pagarle a los buitres. Quieren seguir apretando la soga de la austeridad hasta que nos ahoguemos todos.

Por nuestra parte, proponemos un cambio temporal en las reglas del juego, en aras de ser justos durante esta situación excepcional, y en acuerdo con la “sugerencia” de Jaresko de que los fondos de la Ley CARES “tengan el mejor efecto posible en la respuesta y la recuperación”. La Junta de Control Fiscal (JCF) deberá publicar un documento en el cual especifique cuáles serán sus aportaciones económicas específicas para mitigar el impacto del COVID- 19 en Puerto Rico. Por ejemplo, entre otras, se incluiría un recorte sustancial al presupuesto ordinario de la JCF con miras a que Puerto Rico reduzca sus gastos; un recorte razonable al salario de Jaresko y demás altos oficiales de la Junta; un donativo sustancial en horas pro bono en consultoría estratégica por parte de McKinsey & Company y demás asesores multimillonarios de la Junta; la condonación de honorarios por parte de los bufetes de abogados contratados por la Junta. Todo esto, como muestra de sensibilidad y actitud de colaboración mientras dure la epidemia. Estas son solo algunas de las “sugerencias” que tenemos para ofrecerles. Al compartir desde su sitial de poder el sacrificio de todo un pueblo, la Junta y sus socios tendrían la gran oportunidad de convertirse en un ejemplo real de transparencia y en parte de la solución a nuestros problemas. Solidaridad y no garras para despedazar es lo que se necesita en este momento.

 

 

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