Editorial: La Junta y los mercaderes de la salud

 

La arbitrariedad de las compañías de planes médicos y de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) en la denegación de medicamentos y tratamientos a sus afiliados, por encima del criterio del médico que los atiende, es una práctica común que viola el acceso a la salud de millones de personas en Puerto Rico.  Así lo establece la Oficina del Procurador del Paciente que anualmente atiende miles de querellas de este tipo. Para ponerle freno a estas prácticas, la Legislatura aprobó y la ex gobernadora Wanda Vázquez firmó la Ley 142, en octubre del año 2020. Esta ley le impone ciertos límites a las prácticas arbitrarias  y establece algunos mecanismos hacia la fiscalización de dichas compañías.  La aprobación y firma de esa  ley fue un logro del pueblo puertorriqueño, encabezado por las entidades que abogan por los derechos de los pacientes, las cuales por más de 15 años impulsaron el esfuerzo ante la oposición feroz de las grandes compañías de planes médicos y PBM.

Apenas un año después, la  Junta de Control Fiscal (JCF) quiere anular el estatuto, con la excusa de que su implantación aumentará la carga del Fondo General y de la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el Plan Vital del gobierno, que brinda servicios de salud a casi la mitad de la población del país. El plazo de la JCF al gobierno de Pedro Pierluisi para la anulación de la Ley 142 vence el 1 de octubre. De no cumplirse, el ente federal acudiría al Tribunal de Quiebras (Título III, el de la Jueza Taylor Swain) para que este decida. Este paso reafirma la agenda de la JCF contra  los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, en este caso, el disfrute de un derecho básico y un servicio esencial, como el de la salud. De conseguirse la anulación que persigue la JCF, se eliminaría una de las pocas protecciones que les ofrece el Estado a los pacientes, mientras deja al arbitrio de grandes compañías de planes médicos de Estados Unidos el que nuestra gente de Puerto Rico tenga o no acceso a los medicamentos, pruebas diagnósticas y tratamientos que sus médicos consideren adecuados para sus condiciones de salud. Recordemos que en el transcurso de los pasados meses, tres compañías de planes médicos de Estados Unidos compraron las tres principales compañías de planes médicos de Puerto Rico (MMM, MCS y Triple S).

Desde que se privatizó el sistema de salud de Puerto Rico hace cerca de treinta años, los servicios de salud que se le prestan a nuestro pueblo han estado al arbitrio de mercaderes. El fin principal de estos no es brindar un buen servicio de salud, sino acumular las ganancias que les permitan pagar grandes dividendos a sus accionistas, y jugosos salarios, bonos y beneficios a sus principales ejecutivos y oficiales. A través de los llamados “formularios”, los burócratas de planes médicos y PBMs se arrogan la autoridad para ir por encima del criterio de los médicos para prescribir medicamentos, pruebas y tratamientos, y para racionarles, mediante todo tipo de trabas y restricciones, ciertos servicios y medicamentos a los pacientes. Estos, en general, reciben alternativas  inferiores a las preferidas y prescritas por sus médicos. Estas prácticas arbitrarias les han permitido a los mercaderes acumular ganancias extraordinarias. Irónicamente, en el año 2020, durante el período álgido de la peor pandemia mundial en un siglo, las compañías de planes médicos de Puerto Rico registraron muchas más ganancias que nunca antes, un volumen de primas que alcanzó $9.5 mil millones, de los cuales $256 millones fueron ganancias netas para repartírselas a su antojo.

De esas cifras sorprendentes debe provenir el súbito interés de los grandes conglomerados de planes médicos de Estados Unidos por comerse parte del pastel de la “salud” en Puerto Rico. Sobre todo, tras descubrir un “mercado cautivo” donde sus ganancias  están prácticamente garantizadas  por los altísimos subsidios de fondos del gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos (Medicaid) para el Plan Vital, y Medicare para los planes Medicare Advantage. Juntos el Plan Vital y las distintas alternativas Medicare Advantage tienen una gran mayoría entre los afiliados a planes médicos en Puerto Rico. Las tres compañías de planes médicos que fueron compradas controlan el 78 % del mercado y el 77% de las primas de seguro médico en Puerto Rico, según datos de la Oficina del Comisionado de Seguros. Un negocio demasiado “redondo” como para ser ignorado por el capitalismo de la salud.

Por eso, si la JCF se impone y queda sin efecto la Ley 142, veremos cómo avanzarán rampantes y sin cortapisas las prácticas arbitrarias de estas compañías interesadas primordialmente en sacar dinero de Puerto Rico. Mientras, los beneficiarios de planes de salud- público y privados- de nuestro país seguirán recibiendo beneficios y servicios de salud cada de segunda categoría , y cada vez más reducidos y fuera de su alcance. Otra grieta que profundiza la injusticia que vive nuestro pueblo bajo el régimen colonial de Estados Unidos y la JCF.

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