La decisión unilateral de la Junta de Control Fiscal (JCF) de recortar las pensiones de los retirados del servicio público provocará un desastre mayor del que supuestamente evitaría. La misma destroza la premisa básica del contrato social sobre el cual se estructuró el gobierno de Puerto Rico. También le pone el último clavo al ataúd del gobierno propio bajo el espejismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Después de ejecutados dichos recortes, cualquier nueva promesa o transacción entre el gobierno y sus trabajadores carecerá de certeza y credibilidad. Bajo las nuevas reglas del juego político, cualquier compromiso de cualquier gobernante u oficial electo sobre cualquier asunto que afecte el presupuesto y el plan fiscal será letra muerta, salvo que sea consultado previamente con la JCF y ésta le dé su visto bueno.
Peor aún- y ahora vamos a los números ya al aspecto humano- los recortes afectarían a una población ya empobrecida. Aunque se carece de estadísticas confiables, y cada quien arrima la brasa a su asado, el desfase entre salarios y costo de vida en Puerto Rico es abismal. Cada año el costo de vida crece y los salarios permanecen igual. Las pensiones, que son por lo general un ingreso fijo, no crecen y se las come el costo de vida. Históricamente, en Puerto Rico los salarios, y por consiguiente las pensiones, han sido mucho más bajos que los de otras jurisdicciones de Estados Unidos. El promedio del salario inicial de un maestro de salón de clases con bachillerato en Estados Unidos ronda los $45,000, mientras en Puerto Rico no llega a $25,000. Por otro lado, factores como la Ley de Cabotaje, las fluctuaciones en el precio del petróleo, y más recientemente el llamado impuesto al inventario de abastos en supermercados y almacenes han disparado el costo de alimentos, medicinas, gasolina, y otros renglones básicos para la vida diaria de nuestras familias. La llamada canasta básica ha multiplicado su costo a tal punto que la estampa del retirado o retirada que hace malabarismo para cubrir sus gastos es real.
Con la excepción de los empleados de confianza- casi siempre ahijados o amigos de algún político o activistas del partido de turno en el gobierno- las y los servidores públicos en Puerto Rico han ganado poco. Ahora mismo, la pensión de cerca de 40,000 jubilados del gobierno no llega a los $500 mensuales, y el promedio se estima en unos $1,100 mensuales. Si a eso le añadimos que ni maestros ni policías han cotizado para el Seguro Social, el cuadro se agrava aún más.
Los sistemas de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico vienen sufriendo cambios y ajustes desde hace tiempo. Aumentos en la edad de retiro, sustitución de planes de beneficios definidos por 401 K´s (contribución definida), reducciones en aportaciones a los planes médicos de los retirados y eliminación de bonos y beneficios especiales son solo algunos de los ajustes realizados para lograr ahorros. Ahora, las y los retirados se enfrentan a la tijera afilada de la JCF que, con pocas excepciones, les recortará otro trozo de sus ya menguadas pensiones.
Para los miembros de la JCF, las pensiones de los jubilados del gobierno no son deuda asegurada. Recortarlas es parte del ajuste que debe hacerse de la deuda pública. Declaran que el recorte a las pensiones es indispensable para el logro de un presupuesto balanceado, el preciado objetivo que les impone la Ley PROMESA que les creó y les dio poder para hacer y deshacer en nuestro país. En este ejercicio puramente matemático, el aspecto humano no cuenta. Ni a los miembros de la JCF ni a sus asesores les interesa calzarse el zapato de nuestros jubilados. Ya lo dijo el presidente de la JCF, José Carrión III, cuando a preguntas de la prensa, afirmó que a él se le haría imposible vivir con $1,000 mensuales. Por supuesto que ni él ni los demás miembros de la JCF pueden hacerlo, ni tampoco sus asesores, pero sí pretenden que lo hagan por menos dinero aún decenas de miles de pensionados en Puerto Rico.
Los responsables del descalabro de los fondos de nuestros sistemas de retiro tienen nombres y apellidos conocidos. Algunos se fueron de Puerto Rico, negándose a darle la cara al pueblo puertorriqueño. Otros, ya como expertos, “elder statesmen” o como poderosos asesores, aún se pasean entre nosotros. Todos se benefician de la indiferencia y la impunidad que cunden libremente en el ambiente político y financiero puertorriqueño.
La decisión despiadada de recortar las pensiones de nuestros retirados es un ejemplo del cinismo y la insensibilidad atroz de los miembros de la JCF, enviados a Puerto Rico con la encomienda de pagar la deuda a como dé lugar. Balancear un presupuesto lanzando a la indigencia a decenas de miles de retirados que le dieron los mejores años de su vida al servicio público solo puede calificarse como un atropello de marca mayor, sobre todo cuando el despilfarro de fondos públicos desde todas las instancias del Gobierno y el poder político en Puerto Rico es materia de titulares de prensa a diario.
Según la JCF, no hay más remedio que recortar las pensiones para seguir pagando la deuda. Esa es la filosofía de quienes representan al gran capital: que la soga siempre parta por lo más finito porque “such is life”.
