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Editorial: Lo que se pierde con el contrato de LUMA

 

El contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy para la operación y el mantenimiento de la red de transmisión y distribución eléctrica entra en vigor dentro de dos semanas. Han caído en oídos sordos los razonados y ampliamente detallados cuestionamientos al acuerdo por parte de numerosos sectores del país, incluyendo individuos, grupos y organizaciones que, de ordinario, tienden a alinearse con las propuestas del Gobierno, sobre todo cuando se trata de privatizar algún servicio público.

Por eso, debería provocar reflexión y levantar una bandera roja hacia el interior de la oficialidad del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) una oposición tan abarcadora y contundente a que el contrato se haga efectivo en la fecha estipulada del 1ro. de junio de 2021, y la recomendación generalizada de que dicha fecha de efectividad se aplace para que el acuerdo pueda ser mejorado.

Comencemos por establecer que el proceso de consideración, desarrollo y aprobación del contrato de LUMA Energy se hizo a espaldas del país, que fue inconsulto, atropellado e irrespetuoso hacia el pueblo de Puerto Rico, y hacia los sectores que serían los afectados principales por las disposiciones arbitrarias que allí se acordarían. Según abogados consultados, el contrato es defectuoso, desbalanceado y carece de garantías para el País. Expertos en política pública han pedido que el mismo se renegocie y mejore, pero han sido ignorados.

Por tratarse de un acuerdo donde la compañía privatizadora se ganaría miles de millones de dólares en un plazo de 15 años, lo mínimo que debieron haber hecho el Gobierno y la JCF fue abrirse a un proceso de discusión pública que estimulara la participación, contribuyera a disipar dudas y cuestionamientos, y le brindara confianza a los diversos sectores involucrados, en especial a los trabajadores y trabajadoras de la AEE que quedarían desplazados, y a la ciudadanía que ha vivido en años recientes el cúmulo de décadas de penurias.

En la coyuntura actual, hubiese valido la pena esforzarse por ampliar el consenso a favor del acuerdo. Si en el Gobierno de Puerto Rico y en la JCF estaban plenamente convencidos de que estos son el contrato y la empresa que Puerto Rico necesita para transformar el sistema eléctrico ¿por qué no enfrentar abiertamente al País, defender la contratación en sus méritos, y contestar las preguntas de la prensa, tal y como lo hicieron, a puertas cerradas y a través de abogados, en la sala de asuntos del Título III de PROMESA de la jueza Taylor Swain?

Existe mucha confusión pública sobre este contrato, y no ayuda de ninguna manera la actitud escurridiza y defensiva del presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, negándose a contestar preguntas de la prensa y de la Legislatura sobre la cifra de trabajadores de AEE contratados por su empresa, o de asuntos tales como que en el llamado “período de transición inicial”, los siete meses transcurridos desde septiembre del 2020 a marzo del 2021, LUMA Energy ha facturado y solicitado reembolso por $116.5 millones en fondos públicos, y que al 1ro. de junio esa cifra habrá subido a $151.9 millones.

Tampoco ayuda la actitud defensiva y prepotente que se destila desde los círculos oficiales, y el uso de tácticas, como el ultimátum, dirigidas directamente al adversario, como han sido las expresiones tajantes de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, hacia el liderato legislativo. Igualmente, lo ocurrido en días recientes con las cartas de despido y los traslados arbitrarios a miles de trabajadores de la AEE que le han servido por décadas al pueblo de Puerto Rico. Se ha informado que muchos de estos trabajadores están siendo reubicados descuidadamente en labores para las cuales no se les ha preparado, lo que lacera su autoestima, trayectoria profesional y dignidad personal. Con actuaciones así, se pierde toda fuerza moral.

Pero no es solo dinero, ni fuerza moral, ni respeto lo que se ha perdido con este contrato. Se ha puesto en juego también el futuro energético de nuestro país. El contrato de LUMA Energy significa la privatización completa de las operaciones básicas de la AEE. Pero tiene tantas ambigüedades que podría significar más pérdidas de gran magnitud. Por ejemplo, la posibilidad de entregar también al operador privado el control de nuestros embalses de agua. O la de expandir irreversiblemente el uso de gas natural en perjuicio de la energía renovable. No hay contrapeso real que impida que nuestros consumidores residenciales y comerciales estén al vaivén continuo en las alzas de tarifas eléctricas, y por consiguiente, de su efecto en el encarecimiento de otros servicios y bienes esenciales. Ni que se cierre totalmente la puerta de acceso a la información que debería ser pública, y se pongan trabas a la fiscalización del funcionamiento, desempeño, eficiencia y confiabilidad del operador privado de un bien estratégico como la energía. Significa también eliminar de golpe las protecciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores energéticos. En fin, el contrato es tan ambiguo que es casi como lanzarse al vacío, como dejar al azar la construcción de un sistema eléctrico seguro, confiable y sostenible para Puerto Rico y sus futuras generaciones. Esa sí sería una pérdida irreparable.

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