Editorial: Magisterio, colonialismo y entrega

Mediante un proceso oscuro, secreto y en el que no se informó a los implicados y apenas se les ha dejado tiempo para considerar su impacto, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) anunció la negociación de un acuerdo “tentativo” con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre las pensiones y otras áreas de las relaciones obrero patronales entre la sindical que representa a nuestros maestros y maestras y el ente federal. 

El llamado acuerdo –que no será final hasta que sea ratificado el proceso para aprobar el plan de ajuste del gobierno central– está siendo consultado con la matrícula de la AMPR, votaciones que se conducen aún al cierre de esta edición de CLARIDAD. Se trata de un convenio colectivo a un término de solo cinco años entre la Asociación de Maestros y el organismo fiscal impuesto sobre Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos. De ratificarse, dicho acuerdo obligaría al gobierno de Puerto Rico aunque no fue negociado con el gobierno de Puerto Rico.

¿Por qué la Asociación de Maestros hizo este acuerdo? ¿Por qué decidieron negociar con el ente fiscal en secreto y sin informarlo ni discutirlo con su matrícula? Aunque en sus expresiones públicas, la presidenta del gremio magisterial, doctora Aida Díaz, haya sido parca y aducido al interés de defender las pensiones de los maestros y maestras, amenazadas ahora por la tijera de la JCF, detrás del acuerdo hay mucho más. La propia Díaz ofrece algunas claves. Por ejemplo, su admisión de que no fue la AMPR la que negoció el acuerdo, sino la “American Federation of Teachers (AFT)”, la poderosa organización magisterial de Estados Unidos, que es la que realmente dirige y maneja los hilos en la AMPR. Para efectos de la AFT, la AMPR es una filial que necesita negociar un convenio en medio de un atípico proceso de quiebra fiscal, y bajo el control de una Junta encargada de encaminar dicho proceso. ¿Para qué, entonces, negociar con el gobierno de Puerto Rico, si aquí quien manda y decide es la JCF? La negociación, entonces, se da entre dos entidades estadounidenses, mientras la filial “territorial”, que no tiene poder ni recursos para negociar nada, solo observa y acata. 

La doctora Díaz alega, además, que durante la negociación se hicieron, sin éxito, intentos por lograr un acuerdo mejor que el pactado. Lo que ella no parece comprender es que ése es el resultado de negociar en cuartos oscuros, desde la debilidad y con una matrícula desmovilizada, que no está en la calle luchando por sus derechos. Con este acuerdo parece haberse hecho realidad una nueva versión de aquella máxima patronal que dice que cualquier trabajo es mejor que ningún trabajo. Este convenio de la AFT a nombre de la AMPR es la profecía cumplida de los débiles que se conforman con lo menos porque no se atreven a reclamar lo más. Los maestros y maestras seguirán desprotegidos al cabo de los cinco años del convenio, mientras las arcas de la AMPR y de la AFT se seguirán llenando con las cuotas, y engordando los salarios y beneficios de los burócratas sindicales que las dirigen. ¿Se habrán dado cuenta de esto los maestros y maestras de nuestro sistema público? 

Mantener intocadas las pensiones de nuestros retirados del servicio público- las cuales están muy por debajo de lo que necesitan para afrontar el alto costo de la vida en Puerto Rico- debería ser un asunto prioritario y de principios para las organizaciones sindicales del país, la mayoría de las cuales tienen matrículas sujetas a los recortes de pensiones decretados por la JCF. Defender ese principio exige no sólo la mayor concentración de esfuerzos y recursos, sino una actitud de nobleza, desprendimiento y solidaridad entre los distintos sectores del movimiento sindical puertorriqueño. Exige, además, una total transparencia hacia sus matrículas para que estas se conviertan en partícipes del proceso y no sean meros recipientes de decisiones tomadas a sus espaldas. No es permisible que el colonialismo sindical de las grandes uniones estadounidenses –las cuales defienden sus propios intereses– siga dictando la pauta en cuanto a los reclamos de los empleados públicos de Puerto Rico, sea respecto a la pensión o a cualquier otro de sus derechos adquiridos. Un convenio temporero y frágil, negociado desde la debilidad, y sin garantía de sostenerse más allá de los próximos cinco años, no puede ser la alternativa que se le proponga como buena al magisterio puertorriqueño en esta coyuntura crucial. 

Desde CLARIDAD, exhortamos a los maestros y maestras a leer e informarse de todos los detalles de este convenio antes de votar. Quiénes, por qué y cómo se benefician de este acuerdo son las preguntas obligadas sobre este proceso. La conciencia individual y de clase, la libre voluntad y los mejores intereses del magisterio en Puerto Rico deberán ser su mejor guía.