Editorial: Momento definitorio en la Universidad de Puerto Rico

 

El destino que confrontaría la Universidad de Puerto Rico (UPR), si se sigue adelante con las bárbaras medidas que la Junta de Control Fiscal ( JCF) ha aprobado e impuesto en su Plan Fiscal para el principal centro de educación superior pública en Puerto Rico, sería cerrar el año en déficit y prácticamente iniciar su gradual desaparición. Así lo ha aquilatado el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, quien ha alertado a la comunidad universitaria sobre la necesidad de unirse para intentar revertir tan funesto derrotero. Es significativo que el Presidente de la UPR levante este “issue”. La Junta de Gobierno lo escogió sobre muchos otros candidatos y candidatas para ese puesto, precisamente por considerar que él sería el oficial idóneo para implantar la fuerte agenda de austeridad que ya vislumbraba la JCF, y que había recibido el aval de la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló. 

Sin embargo, en sus expresiones públicas del pasado fin de semana, Jorge Haddock Acevedo fue enfático en que la UPR no aguanta una carga fiscal como la que pretende imponerle la JCF en el Plan Fiscal del año próximo. Explicó cómo, tras haber hilado hasta los más fino, pudo cumplir con las expectativas de la JCF de hacer recortes significativos en gastos e implantar los aumentos en matrícula y otros costos al estudiantado; cómo hubo de cancelar contratos de docentes y congelar plazas de empleados regulares, docentes y no docentes; cómo hubo de trabajar contra el reloj para poner al día los informes financieros- incompletos y atrasados- para poder lograr la re acreditación de la institución por Middle States; y cómo la totalidad de esas medidas brutales redundaría en una reducción presupuestaria de $86 millones el año pasado. De hecho, el Presidente afirmó que durante los pasados tres años la UPR ha enfrentado recortes presupuestarios por $333 millones. 

Pero la JCF, insaciable, exige más a la UPR. Ahora pretende que, para el año próximo, se duplique la aportación patronal al plan de pensiones de los retirados del sistema universitario, además de un recorte de $71 millones en el plan fiscal para dicho año. El Presidente no está de acuerdo. Afirma que tales medidas terminarían por estrangular a la institución, y mucho más ahora, tras los ajustes profundos implantados durante los pasados años. Todo esto apunta a que la JCF quiere liquidar la UPR como la conocemos. Un cantazo adicional de decenas de millones sería nefasto, con el efecto de continuar desestabilizando la institución y minando la moral de sus estudiantes y trabajadores. 

 ¿A qué obedece este brutal ensañamiento de la JCF contra la UPR? ¿Por qué insiste la JCF en profundizar aún más la crisis en la Universidad, si ya la administración en solo un año redujo decenas de millones del presupuesto? Las respuestas a estas preguntas variarán según quien las conteste. Pero, sin duda, responden a profundas diferencias ideológicas y de clase sobre cuál debe ser la misión de la UPR, cómo debe organizarse y hacia dónde debe dirigirse. 

Para empezar, ni los miembros de la JCF, ni Natalie Jaresko, ni ninguno de los asesores y consultores que diseñaron el Plan Fiscal de la UPR conocen la institución, su historia, su trayectoria y su pertinencia e impacto en el desarrollo del Puerto Rico moderno. Ninguno ha estudiado allí, ni puede aquilatar los beneficios que la UPR ha representado y representa para la sociedad puertorriqueña. ¿Qué saben ellos o qué les importa si desde hace 116 años la UPR ha sido el mayor productor de cultura en Puerto Rico, y el principal promotor de movilidad social y económica por vía de la educación? ¿Cómo explicarles el rol de la UPR en la forja de ciudadanos y ciudadanas de primera clase que se han dedicado por generaciones a levantar y sostener los cimientos del país? ¿Cómo enseñarles a apreciar el legado de la UPR en la creación de un capital humano profesional de tanta calidad que es cotizado dentro y fuera de Puerto Rico por su excelente formación y destreza? O quizá sí lo saben y es eso precisamente lo que quieren atacar y liquidar. Que Puerto Rico pueda seguir contando con una universidad pública que democratice la educación profesional y responda a las necesidades económicas y anímicas, idiosincrasia, cultura e identidad puertorriqueña es un objetivo que contrasta con el enredo ideológico y de espíritu que exhiben, sin avergonzarse, los miembros de la JCF y sus adláteres. 

Es muy significativa la convocatoria del Presidente para que todos los sectores de la institución pongan a la UPR primero. Es un llamado a detener la embestida financiera e ideológica que mina los cimientos de la educación superior pública en Puerto Rico, y pone en riesgo la viabilidad y existencia de la UPR. No sabemos qué opinan Walter Alomar, Zoraida Buxó y demás miembros de la Junta de Gobierno de la UPR sobre el llamado del Presidente para que se detenga la ofensiva de la JCF en contra de nuestra Universidad. Ni tampoco sabemos qué podrá hacer, si algo, la gobernadora Wanda Vázquez, para detener esa embestida. Sólo sabemos que los sectores universitarios, acostumbrados a luchar por sus derechos, si se ponen de acuerdo en unas estrategias básicas, sabrían afinar con inteligencia cómo enfrentar este gran reto en un momento definitorio para el presente y futuro de la Universidad de Puerto Rico.