Al cierre de estas líneas, el Negociado de Ciencias Forenses informaba que el cuerpo sin vida de una mujer joven, encontrado a orillas de una carretera en la jurisdicción del municipio de Toa Baja, corresponde a Rosimar Rodríguez, la muchacha de 20 años que se encontraba desaparecida de su hogar desde el pasado 17 de septiembre. La desaparición y búsqueda de Rosimar, y de los responsables por su secuestro y asesinato, ha copado los titulares de prensa en Puerto Rico durante los últimos días.
En la flor de su juventud, una mujer más se suma a las estadísticas de mujeres asesinadas, en lo que a todas luces es otro acto de violencia machista en nuestro país. El caso de Rosimar Rodríguez forma parte de un ciclo de violencia contra las mujeres que no cesa en Puerto Rico, y que se recrudece en oleadas que estremecen la consciencia del pueblo, por su impacto en la seguridad, la integridad física y la vida de cientos de mujeres y sus familias cada año. Durante este año en que nuestro país y el mundo entero han sido estremecidos por la pandemia del COVID-19, se informa por la Policía que 18 mujeres se encuentran desaparecidas, 10 de estas menores de edad, y al menos 11 otras mujeres habían sido asesinadas hasta el mes de marzo, cuando se decretó el cierre por la pandemia. La Policía también informa, en datos publicados en la página de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que entre enero y agosto de 2020 se han registrado oficialmente 4, 196 incidentes de violencia doméstica en todas las áreas de Puerto Rico, en los cuales las mujeres son la abrumadora mayoría de las perjudicadas: Aguadilla (422), Arecibo (442), Bayamón (622), San Juan (425), Carolina (317), Fajardo (150), Caguas (340), Humacao (199), Guayama (263), Aibonito (225), Ponce (345), Utuado (162) y Mayagüez (284).
La historia de Rosimar Rodríguez no es aislada ni exclusiva. Se repite en las cientos de jóvenes boricuas, cuyos novios y parejas se sienten con derecho a controlarlas y someterlas a su autoridad, como si estas les pertenecieran. Se repite también en los chistes, las burlas, los estereotipos, y las imágenes falsas y artificiales sobre lo que es la feminidad. Se repite en las niñas y jóvenes “ invisibles” que son explotadas sexualmente en este país, según explica con datos contundentes el doctor César Rey, experto en el tema de trata humana, en una entrevista con CLARIDAD que publicamos en esta edición. La trata humana, advierte el doctor Rey, puede una de las razones para la desaparición de mujeres en Puerto Rico. Por eso, la historia de Rosimar puede ser la de cualquier otra joven de este país – hija, nieta, hermana, sobrina o amiga de alguien- que sea asesinada por el solo hecho de ser mujer.
En Puerto Rico, estos hechos se repiten con demasiada frecuencia. Tras cada suceso espeluznante, se habla sobre el mismo unos días y, luego, no pasa nada. Por eso, es fácil para las autoridades escudarse en la inacción y la incompetencia, y que todo siga como está. Además de la labor excelente que hacen las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, la presión ciudadana es vital para que estos asuntos críticos se atiendan y se les busquen soluciones. La actitud de complacencia, y de pensar que lo que le ocurrió a Rosimar Rodríguez es un hecho aislado, no puede ser la norma. Las organizaciones que trabajan para prevenir y erradicar la violencia de género cuentan con décadas de experiencia y un conocimiento profundo sobre las estrategias educativas y sociales que deben ser implantadas hacia la prevención y erradicación de este mal que cuesta tantas vidas de mujeres cada año. Se ha comprobado que una educación desde la infancia, basada en el respeto, la tolerancia y la equidad entre las personas y los géneros, es una de las estrategias más efectivas y sostenibles de prevención y modificación de las conductas intolerantes, hostiles y agresivas que generan este tipo de violencia. Para implantar ese currículo educativo, y hacerlo disponible a todos los niveles, solo hace falta voluntad, y el respaldo y compromiso desde el Gobierno con la creación de un Puerto Rico más justo y equitativo.
Ese camino debe comenzar con la admisión de que en Puerto Rico existe hoy una emergencia nacional por la violencia de género – como reclaman las organizaciones de mujeres- lo que obliga al Estado a priorizar y asignar recursos para atenderla. La actual Procuradora de las Mujeres tiene que cumplir con su deber ministerial de abogar por los derechos de sus representadas, sobre todo cuando se trata del derecho a la seguridad, la integridad física y la vida de las mujeres a quienes sirve. Si no cuenta con los recursos, tiene el deber de reclamarlos, denunciar a quienes la ignoran, y movilizar el apoyo de las organizaciones de mujeres para hacerse escuchar, y así fortalecer su imagen y la de la oficina que dirige. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres no puede ser invisible, como lo ha sido durante este cuatrienio.
Por su parte, la Gobernadora, además de fiscal, ha sido también Procuradora de las Mujeres. Está plenamente informada y capacitada para actuar con energía en este asunto neurálgico de seguridad pública. Esto le abre la oportunidad de dejarle un legado a las mujeres de su país y de hacer una aportación social incalculable antes de que termine su mandato.
La solución al problema de la violencia de género está en nuestras manos como país, cada cual en la medida que pueda, desde el hogar, la escuela, la comunidad, hasta las altas esferas del Estado y del poder político y económico. Que todos y todas vivan en igualdad de derechos es un principio básico de cualquier sociedad civilizada y democrática. Que la vida truncada de Rosimar Rodríguez no sea una estadística más, sino un aliciente para luchar por un Puerto Rico igualitario y justo donde no quepa la violencia insensata e insensible contra las mujeres.
