EDITORIAL: Nuestro pueblo primero 

 

En la medida en que pasan los días, y el cierre forzado del ritmo diario de la vida alrededor del globo se acrecienta, aflora con más fuerza la incertidumbre sobre el enorme daño económico que ocasionará la pandemia del coronavirus. El disloque de las economías se suma a los estragos devastadores que ya está causando a la salud y la vida misma de millones de habitantes del planeta. En el corto plazo, países y gobiernos ya han comenzado a sentir el agudo impacto económico provocado por el avance del virus, y diseñan estrategias con las cuales enfrentar el reto, cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo luego de atajada la epidemia.

 De primera intención, muchos de los gobiernos y países subestimaron el potencial de daño del virus, tanto desde el punto de vista salubrista como económico. No fue hasta que se enfrentaron a la realidad y consecuencias de su expansión vertiginosa que tomaron las medidas sanitarias y de control social con que se lucha por detenerlo. Mientras, el virus sigue sumando víctimas entre las poblaciones de más de 180  países- sobre todo su víctima principal, los adultos de 60 años o más- sobrecargando la infraestructura hospitalaria y de salud, y provocando un desastre mayor que ha trastocado todos los aspectos de la vida en dichos países. En este momento, todas las economías del mundo, grandes y pequeñas, están bajo el asedio de la pandemia al igual que lo está la salud de sus poblaciones.     

Pero, como asevera el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un magnífico artículo de prensa titulado Prioridades, cuando se vive bajo riesgo, las personas y las economías no tienen un mismo nivel de vulnerabilidad ante las crisis. “Pero recordemos el principio de vivir bajo riesgo: todos somos vulnerables a una recesión económica, pero no todos somos vulnerables de la misma manera”, advierte el CNE.  Y concluye: “Es por esto que, a la hora de determinar prioridades, es importante entender que no podemos eliminar el riesgo, pero en un país pobre y severamente desigual, no todos experimentamos la vulnerabilidad de la misma manera.”   

Resulta imposible vaticinar el alcance a largo plazo que tendrá esta epidemia en los distintos aspectos de nuestra vida colectiva, pero sabemos que las consecuencias serán muchas y dolorosas. La condición colonial de Puerto Rico  y la dependencia enfermiza del gobierno de Estados Unidos que se promueve desde nuestros recortados círculos de poder y opinión pública, matizan la respuesta del Gobierno ante este nuevo reto. El resquebrajamiento de las bases de nuestro país se ha ido manifestando paulatinamente a través del tiempo, sin que los sucesivos gobiernos hayan tomado medidas reales y efectivas para atajar el deterioro. En este momento, estamos en nuestro punto de mayor debilidad económica e institucional tras una prolongada crisis económica y fiscal, una debilidad que se ha acentuado tras  la aprobación de la ley federal PROMESA, la quiebra fiscal del Gobierno, las medidas de austeridad decretadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por Estados Unidos, y los desastres mayores provocados por el huracán María en el 2017 y los terremotos ocurridos en enero de este año. Solo basta echar una mirada a nuestro alrededor para captar el deterioro progresivo que nos arropa. 

En este momento, Puerto Rico está paralizado a causa de las medidas necesarias de cese de operaciones y control social para proteger la población de contagio, y mantener a flote y disponible nuestra debilitada y fragmentada infraestructura de salud. Pero es necesario enfatizar que nuestros más vulnerables no pueden seguir cargando el peso del mayor sacrificio. Hay que pensar prioritariamente en los miles de trabajadores y trabajadoras del ramo de la salud que en este momento están al frente de la respuesta a la epidemia; los miles que no están percibiendo ingresos porque sus talleres de trabajo están cerrados;  los pequeños comerciantes que han tenido que cesar operaciones; los viejos y viejas que sobreviven en soledad o en los hogares para ancianos; y los miles que dependen de los servicios del gobierno para su subsistencia.

A pesar de que la JCF se ha visto obligada por la magnitud de la crisis actual a flexibilizar el uso de partidas del presupuesto para que el gobierno de Puerto Rico pueda responder mínimamente al pueblo, denunciamos como falsas y cínicas las expresiones recientes de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, de que las medidas tomadas por el organismo que dirige han fortalecido a Puerto Rico ante esta pandemia.  Que les diga eso de frente a las víctimas de la austeridad y los recortes tajantes que ha decretado la JCF durante los pasados tres años, los cuales han empobrecido permanentemente a vastos sectores de nuestra población. Estos son los mismos sectores, los empobrecidos y debilitados, que ahora seguramente cargarán con la peor parte de esta voraz epidemia.