En su más reciente informe de Inventario sobre Emisiones Tóxicas para el año 2019, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) confirma lo que desde hace mucho tiempo sabemos todas y todos en Puerto Rico. Que el aire, el agua y los suelos de nuestra Isla reciben diariamente el enorme impacto de las descargas de materiales altamente tóxicos procedentes de ciertas industrias establecidas en nuestro país. Precisamente, de ahí parten las denuncias que han hecho por décadas los luchadores comunitarios y ambientales que se han organizado para sacar a estas industrias productoras de emisiones de nuestro país, y oponerse al establecimiento de nuevas industrias contaminantes.
El informe de la EPA es taxativo. Puerto Rico ocupa la posición número 13 entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos que más sustancias químicas tóxicas emiten. Precisamente, para el año del referido informe- el 2019- dichas industrias en la Isla produjeron 152.3 millones de libras de desperdicios tóxicos, un promedio de más o menos 50 libras por habitante en Puerto Rico. Ese promedio de desperdicios por habitante sube dramáticamente en los pueblos del sur y sureste de la Isla- Ponce, Yauco, Salinas y Guayama- donde se concentran la mayoría de estas industrias contaminantes, y donde la vida y la salud de sus habitantes se encuentran gravemente amenazadas.
Aunque los oficiales de la EPA en Puerto Rico hayan pretendido minimizar el riesgo que representan las emisiones tóxicas de las industrias sobre el ambiente y la salud de las poblaciones impactadas, un estudio epidemiológico, realizado en el 2016 en dos comunidades de Guayama donde opera la carbonera AES desde el año 2002, refuta dicha conclusión. El estudio fue realizado por un grupo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública, junto a dos facultativos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y se comparó la prevalencia de enfermedades respiratorias entre residentes de las comunidades Puente de Jobos y Miramar en Guayama, y dos comunidades con características similares en el municipio de Fajardo. Las conclusiones fueron apabullantes. Entre las personas adultas residentes en las comunidades de Guayama, la incidencia de bronquitis crónica resultó ser nueve veces mayor que entre los residentes de las comunidades de Fajardo. Igualmente, se encontraron niveles elevadísimos de riesgo para el asma pediátrica y el asma severa entre los residentes de las comunidades donde opera AES.
Según el susodicho Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA, 5 instalaciones industriales son las principales emisoras de sustancias tóxicas en Puerto Rico: el vertedero industrial Allied Waste en Ponce, con 2.6 millones de libras; la carbonera AES en Guayama, con 1.5 millones; el Complejo Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica en Salinas, con 300,000 libras; Sartorius Stedim Filters en Yauco, con 265,000 libras y FMC Agricultural Caribe Industries en Manatí, con 261,000 libras. En total, 99 industrias en Puerto Rico rindieron sus informes de emisiones a la EPA.
Lejos de ser la prueba exculpatoria con que las referidas industrias y los altos oficiales de EPA pretenden defenderse, este informe es un juicio severo del incuestionable impacto ambiental y de salud pública que estas industrias contaminantes representan en nuestro país. No es lo mismo descargar emisiones tóxicas en vastos territorios y jurisdicciones despobladas de Estados Unidos que hacerlo en Puerto Rico, una isla de solo 100 millas de largo X35 de ancho, y con una población densa y compacta.
Es también de notar que el informe de EPA señale que la mayoría de las emisiones tóxicas actuales en Puerto Rico se siguen descargando precisamente en los mismos pueblos- Ponce, Yabucoa, Guayanilla, Peñuelas, Guayama, Salinas y Cataño- que han sufrido de injusticia ambiental por largas décadas, a causa de industrias contaminantes como las petroquímicas y las farmacéuticas del pasado, ahora transformadas en residuos tóxicos de carbón, o químicos, como plaguicidas y pesticidas, o desperdicios sólidos de materiales altamente peligrosos.
Por el futuro de nuestro ambiente natural y de nuestra población, Puerto Rico tiene que entrar ya a un nuevo modelo ambiental. Un modelo donde la energía renovable sea el pilar de la producción energética, y donde no haya cabida para las industrias de desechos, que envenenan nuestro aire, suelos y agua, y destrozan la salud y calidad de vida de nuestra gente.
