Tal parece que la bancarrota será el futuro que le aguarde a nuestro país de aprobarse durante esta semana en el Senado la llamada Ley Habilitadora para el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que ya pasó el crisol de la Cámara de Representantes hace unos días. La aprobación de dicha ley le daría la salida perfecta a la Junta de Control Fiscal colonial para “lavarse las manos” y evadir la responsabilidad por su desastrosa gestión en Puerto Rico durante estos pasados cinco años.
El celo y la constancia desplegados por los integrantes de la Junta- los de antes y los de ahora- y por su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, para salvaguardar los intereses de los buitres de Wall Street que especularon con la deuda de Puerto Rico, no deja lugar a dudas sobre por qué y para qué fueron nombrados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos en 2016, como corolario del gran “paquete” que ha sido la llamada Ley PROMESA. En la lógica imperial de presidentes, congresistas, senadores y políticos en Estados Unidos, los sacrosantos intereses del capital- sobre todo cuando se trata de los grandes donantes de los partidos Republicano y Demócrata – bien valen todas las medidas de austeridad y los sacrificios que se le impongan a nuestro pueblo. No hay precio demasiado alto a pagarse por nuestro país, con tal de que se pague la deuda y los grandes bonistas recobren su “inversión” con creces. Tal es el objetivo principal que los motivó a abandonar las pretensiones de gobierno propio en Puerto Rico e imponernos a los procónsules de la JCF.
El Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que se considerará por la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos que atiende la quiebra de Puerto Rico, el próximo 18 de octubre, es un documento defectuoso y basado en supuestos imprecisos. Primeramente, desde sus inicios la JCF se negó a realizar una auditoría integral que eliminara de la negociación cualquier deuda dudosa o ilegal. Por lo tanto, es prácticamente inevitable que el monto de la deuda negociada sea mayor al que realmente corresponde.
En segundo lugar, los datos y proyecciones contenidos en el PAD carecen de confiabilidad. El gobierno de Puerto Rico no cuenta con estados financieros al día y auditados para los años 2019,2020 y 2021. El último estado financiero auditado corresponde al 2018, y de allá hacia acá las arcas del país han sufrido muchos altibajos. En tercer lugar, se estima que el recorte a la deuda negociado de un poco más del 50% se queda corto. Expertos consultados por CLARIDAD han dicho que un recorte a la deuda de un 75 u 80 por ciento sería más adecuado, para que Puerto Rico pueda hacer los pagos sin fallar, dadas las frágiles condiciones de las arcas públicas y de la economía, luego de la sacudida de huracanes, terremotos y la emigración. En su informe más reciente, el Negociado de Análisis Económico de Estados Unidos informó que el producto bruto doméstico de la Isla aumentó en solo 0.3% en 2019, luego de tres años previos de contracción.
Otro aspecto particularmente oneroso y antipático del PAD es el recorte a las pensiones de los retirados del servicio público, lo cual ha generado mucha oposición y debate. La JCF insiste en que el recorte a las pensiones es indispensable para cuadrar el PDA, aunque la presión pública generalizada les ha obligado a subir el límite de la pensión que sería recortada de $1,500 a $2, 000 mensuales. En Puerto Rico, los salarios en el empleo público han estado siempre muy por debajo que los salarios en empleos similares en Estados Unidos y, por consiguiente, las pensiones también lo están. Por lo tanto, el recorte a las pensiones en Puerto Rico colocaría a miles de retirados del servicio público en el umbral del nivel de pobreza. Esto, unido a los altos índices de desempleo, sub-empleo y pobreza general, y a la baja tasa de participación laboral, representa un reto significativo a cualquier proyección sobre el futuro económico de Puerto Rico.
El pueblo de Puerto Rico tiene ante sí una gran disyuntiva. Según nuestros expertos, de aprobarse el PDA por la Asamblea Legislativa tal y como ha sido propuesto por la JCF, en diez años nuestro país estará nuevamente ante la inminencia de otra quiebra fiscal. Si las circunstancias actuales nos dictan el camino hacia una nueva bancarrota, en nuestras manos está la oportunidad de detener el curso de la destrucción de nuestro país.
