La llamada investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre el infame “chat” de Telegram que forzó la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló el verano pasado, es una burla al pueblo de Puerto Rico. La pesquisa sobre la prolongada conversación cibernética entre el entonces Gobernador y un grupo de sus asesores y amigos- acto que por poco desata por primera vez un juicio de residenciamiento contra un gobernante en Puerto Rico- y en la cual expertos identificaron la comisión de, al menos, catorce delitos, fue súbitamente desestimada por la OEG, diz que por falta de autenticación de la conversación allí sostenida.
En el proceso de esta pesquisa, el flamante director de OEG, Luis Pérez Vargas, pareció seguir la ruta trazada por su más inmediata antecesora, Zulma Rosario, quien durante su incumbencia de diez años convirtió dicha oficina en una caricatura de sí misma. Cuando juramentó el cargo, Pérez Vargas dijo que marcaría la diferencia con su predecesora. El funcionario aseguró que no delegaría la autoridad final de los casos ante la consideración de la OEG. “Yo sí voy a ser el adjudicador final. Era la acción que hacía como subdirector, que por un año estuve haciendo…Entiendo que si mías son las responsabilidades, mías son las determinaciones finales”expresó hace apenas diez meses.
Sin embargo, ante su primera gran prueba, echó mano de la misma técnica de “cortina de humo” con que Rosario enmascaraba los asuntos de los que quería escurrirse. Con la desestimación de la investigación del “chat” de Telegram, Pérez Vargas también le ha fallado malamente al país. Hace más de un mes, la OEG había dado por terminada la pesquisa sobre el “chat”, pero optaron por no decirlo públicamente, hasta que el asunto se filtró a la prensa. Ahora alega que la pesquisa no llegó a una conclusión porque no se pudo establecer la autenticidad de las conversaciones contenidas en el “chat”. Según él, ninguno de los implicados quiso colaborar con la investigación. Y por supuesto, Pérez Vargas y la OEG tampoco tenían un plan “B” para autenticar la conversación de forma independiente, como se supone que haga una agencia que cuenta con amplios recursos legales y de investigación.
Aunque admite que el documento de 889 páginas contiene posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Pérez Vargas- siguiendo la línea de su antecesora- se refugia en el suspenso. Esa es la típica conducta de los funcionarios protegidos ante una posible violación que involucre a sus jefes políticos. Se aferran a cualquier subterfugio para evitar decisiones que lo descalifiquen ante sus protectores.
El pueblo de Puerto Rico está cansado de la impunidad que arropa a los funcionarios públicos que delinquen, y ante la rampante corrupción que existe en el Gobierno. Esta decisión de OEG es solo uno más de las decenas de “toallazos” políticos que se han tirado durante este cuatrienio. La corrupción en el gobierno de Puerto Rico no es solo material, sino también ideológica y moral. Empieza desde arriba con funcionarios que se hacen de la vista larga ante el mal de fondo que los rodea, y colocan sus puestos y lealtades partidistas por encima del pueblo al que juraron servir.
El “chat” de Ricardo Rosselló y sus amigotes ha sido el escándalo político más grande que ha ocurrido en Puerto Rico durante los años recientes. Trascendió nuestras costas, colocándose en los titulares de los principales medios de prensa en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Ricardo Rosselló se vio obligado a salir de la gobernación como un ladrón en medio de la noche, y sus amigotes todavía se esconden para que, en cualquier momento inesperado, no recaiga sobre ellos la furia fulminante del país. Un gobernador no renuncia por una conversación cibernética inocua y sin consecuencias. Si Rosselló se fue y sus amigos todavía se esconden tras las faldetas de sus abogados, es porque es real la posibilidad de ser encontrados incursos en delitos si ese “chat” se investiga hasta sus últimas consecuencias.
Eso es lo que no hicieron en la pesquisa de la OEG ni en el referido del Departamento de Justicia, ni seguramente tampoco harán en la investigación de la desacreditada Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), que lleva ya casi un año sin producir resultados.
El impacto del “chat” fue de tal modo apabullante que libró a nuestro pueblo de Ricardo Rosselló y su camarilla de indeseables. Por sus propios medios, el pueblo de Puerto Rico irá encontrando la manera de hacerse justicia a sí mismo, defenderse de la corrupción y de la impunidad resultante de las investigaciones espurias de los sastres jurídicos y de los cabros que velan las lechugas.
