Editorial: Puerto Rico y la enfermedad endémica de la corrupción

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la palabra “endemia” como “enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca.” Sin duda, esa definición le ajusta perfectamente al caso crónico de corrupción endémica que reina en Puerto Rico, una infección generalizada que se ha enquistado en el servicio público en nuestro país, principalmente a partir de los cuatrienios comprendidos entre los años 1992 al 2000. Un ciclo de corrupción pública y privada (porque casi siempre hay ciudadanos privados involucrados en los casos de corrupción con dinero público) que se repite una y otra vez en la historia política puertorriqueña contemporánea, y frecuentemente tiene como eje y objetivo el dinero que el gobierno de Estados Unidos asigna a ciertos proyectos públicos o servicios a la población a distintos niveles del gobierno de Puerto Rico y sus agencias y organizaciones relacionadas.

La experiencia de Puerto Rico nos indica que la espiral de corrupción pública y privada en nuestro país está directamente relacionada al creciente acceso y dependencia de fondos federales para financiar la gestión pública, conexión que no pasa inadvertida a los mercaderes que buscan el “tumbe” perfecto que los haga ricos con dinero ajeno, en el menor tiempo posible. También la corrupción está conectada al esquema de financiamiento de los candidatos de los dos partidos principales, mediante el cual los donantes invierten en las campañas de los candidatos para cobrar en contratos después del triunfo.

El caso más reciente está calientito. El renunciado Alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, del Partido Nuevo Progresista (PNP), hace unos días se declaró culpable ante la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, por los delitos de conspiración, soborno con fondos federales y “kickbacks”, palabra en inglés conocida como la  “mordida” en algunos países de nuestra América, en referencia a las “propinas” en efectivo y especies que reciben los funcionarios públicos corruptos por “ejercer sus buenos oficios” en beneficio de unos y otros, a costa del pueblo que dicen representar.

Según el pliego acusatorio, en este caso los “kickbacks” fueron pagados a Delgado por el abogado Oscar Santamaría, donante recurrente del PNP, y dueño de la empresa Waste Collection, contratada por el municipio de Cataño para la recolección de desperdicios. Ha trascendido públicamente que el botín que recibió Delgado consistió de la suma de $90,000 en varios pagos en efectivo, además de relojes de marcas de lujo valorados en decenas de miles de dólares.  Curiosa coincidencia es que la ex jefa de Delgado- la persona que lo llevó al gobierno como su chófer en algún momento- fue la ex representante a la Cámara y también abogada María Milagros “Tata” Charbonnier, hoy también acusada en la esfera federal por corrupción con fondos públicos.

Esta ha sido la historia durante las pasadas tres décadas, con tantos y tan sonados escándalos de corrupción pública y privada en Puerto Rico, que se ha ido minando la confianza del país en sus sucesivos gobiernos y en las agencias e instituciones que una vez fueron respetadas. Los cuatrienios entre los años 1992 y 2000 fueron el escenario desbordado y surreal de la corrupción pública en su expresión más burda.  Más de 40 políticos y altos funcionarios del entonces gobierno del doctor Pedro Rosselló y el PNP estuvieron en el centro de la racha más prolongada y escandalosa de corrupción con dinero del pueblo. Recordemos los años del 1996  al 1999, y el impacto del escándalo del Instituto del Sida, cuya caída y eventuales acusaciones y convicciones contra su director, y otras once personas, por apropiarse de millones de dólares en fondos federales destinados a servicios para los pacientes de Sida, estremecieron la conciencia del país.  Durante esos años, cayeron por corrupción con fondos federales muchos “pejes grandes” relacionados al gobierno y la política: un Secretario de Educación; el presidente y vicepresidente de la Cámara de Representantes; el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado; el alcalde del municipio de Toa Alta; el subsecretario de la Gobernación y la principal ayudante del Gobernador; un director de la Autoridad de Puertos; el director de la Administración de Instituciones Juveniles; el director de la Administración de los Sistemas de Retiro; un director de campaña del entonces Gobernador y un ex secretario general del PNP.

Ciertamente, la corrupción se trata de una enfermedad grave y con un alto nivel de contagio, que se ha perpetuado en nuestro aparato público, y se ha repetido con dolorosa frecuencia, una y otra vez, durante los pasados treinta años. ¿Quién puede pretender, entonces, que no haya deterioro en el tejido social de nuestro pueblo si nuestras últimas dos generaciones han nacido y crecido bajo el asedio de la enfermedad endémica de la corrupción en nuestro país?

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