Las autoridades del Gobierno y sanitarias en Puerto Rico tienen que acelerar el paso y tomar las medidas contundentes que impidan que nuestro pueblo pierda la partida contra la pandemia del COVID-19. Durante la última semana, los casos confirmados y probables han sostenido aumentos considerables a través del país. Solo durante las últimas 48 horas, las autoridades sanitarias han tenido que intervenir de emergencia en varios lugares-una hospedería en Culebra, dos hogares de adultos mayores en Carolina, un restaurante de cadena en Barceloneta y otro de comida rápida en Cabo Rojo, y un casino de la zona turística de San Juan- luego de que fueron identificados como fuentes de casos positivos o posibles brotes del virus.
Sería una gran tragedia colectiva que después de los logros alcanzados durante la cuarentena inicial, la pandemia se expanda indiscriminadamente y nos gane la partida. Últimamente, la situación ha tomado un giro preocupante, no solo por el aumento en los casos, sino porque cada vez hay diseminados más brotes a través de todo Puerto Rico. En los dos hogares de personas mayores en Carolina se identificó un brote con 23 casos positivos. También hay un brote aun sin controlar de decenas de personas en Yauco, y una familia de Arecibo, con cinco de sus miembros contagiados, de los cuales dos lamentablemente fallecieron. Además, son alarmantes los datos presentados sobre cómo han crecido los contagios de personas entre las edades de 20 y 30 años, y como la flexibilización de restricciones para el uso de las playas, y la reapertura de barras, cafetines, cines y otros lugares donde las personas se aglomeran han atentado contra las medidas de higiene y distanciamiento social requeridas para mantener la pandemia a raya. Es evidente que, en este momento, hay sectores de la población- y también algunos comerciantes- que necesitan un buen sacudión que les recuerde que este coronavirus puede resultar en una enfermedad seria, con un riesgo potencialmente letal para cualquier persona de cualquier edad.
Pero el aumento de casos confirmados en Puerto Rico no se da en el vacío. Tiene un contexto mundial y un trasfondo colonial. El COVID-19 sigue extendiéndose exponencialmente en el mundo entero y Estados Unidos encabeza la lista de los países más afectados. Para tener una idea de la magnitud de la crisis en Estados Unidos solo bastan unos datos. Al cierre de estas líneas, se contaban 13, 238, 448 casos de COVID-19 en el mundo, de los cuales 3, 479, 483 son de Estados Unidos, mucho más de la tercera parte de todos los casos reportados. En fallecimientos, Estados Unidos también encabeza la lista mundial con 138,247.
Estados Unidos es también el país del que Puerto Rico es una colonia desde hace 122 años, y el cual tiene el control y la autoridad sobre el espacio aéreo, las aguas territoriales, y de reglamentar la entrada y salida de viajeros a nuestro país. Por eso, nuestro mayor punto de vulnerabilidad durante la crisis del COVID-19 ha sido el tráfico aéreo de personas que nos llegan desde Estados Unidos. Ese tráfico aéreo que se ha mantenido ininterrumpido, y que la gobernadora Wanda Vázquez se proponía incrementar esta semana con la reapertura del turismo internacional, ha sido ampliamente asociado como un factor fundamental en los casos y brotes de coronavirus confirmados en nuestro país, según los distintos reportes epidemiológicos sobre dichos brotes. También ha trascendido en días recientes que las pruebas para diagnosticar el coronavirus han comenzado a escasear nuevamente en Puerto Rico, por la alta demanda por las mismas en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida.
Esta es la realidad sobre la cual la Gobernadora de Puerto Rico ha sido advertida por el Secretario de Salud, los epidemiólogos y demás profesionales salubristas que atienden la pandemia. La gran mayoría de nuestro pueblo ha demostrado continuamente su voluntad de cooperar con el gobierno y las autoridades sanitarias para contribuir a superar este desafío. Que se gane o se pierda la partida ante el COVID-19 dependerá, entonces, de la sabiduría y firmeza de las decisiones que se tomen desde La Fortaleza y demás instancias del poder gubernamental.
