Al cierre de estas líneas, Puerto Rico se acerca al millar de casos confirmados de COVID-19, con un saldo de 45 personas fallecidas. De las 955 personas que sobreviven contagiadas, según estas cifras, no sabemos cuántas se han recuperado ni cuántas están hospitalizadas aún, o en condición severa o crítica. Sí se sabe que el número de pruebas realizadas no llega a 8,000 en una población de 3.5 millones de personas.
El secretario de Salud, Dr. Lorenzo González, ha dicho que, después de un mes de cuarentena y duras medidas de distanciamiento social, el departamento que dirige ha podido confirmar que existen casos de COVID en 60 de los 78 municipios de Puerto Rico. Sería un paso afirmativo contundente que, además de identificar la cantidad de municipios con contagio, el Secretario pudiera informar cuáles, si algunas, son las medidas inmediatas que se han diseñado para evitar que el virus se propague a los 18 municipios restantes. Evitar que la población en 18 municipios de Puerto Rico se contagie debe ser un objetivo prioritario de salud pública para el Departamento de Salud y el “task force” nombrado por la Gobernadora.
Son muchas otras las preguntas por las que se espera una respuesta urgente. Por ejemplo, ¿qué avances ha habido en el desarrollo y puesta en vigor de la herramienta de rastreo de contactos con los contagiados anunciada por los epidemiólogos del “task force”? ¿Cómo y dónde está funcionando, y a qué nivel de contactos se ha llegado hasta ahora? ¿Solo hasta los primarios o se ha llegado más allá?
Si es cierto, como afirman los expertos en el mundo entero, que la mitad de los contagiados de COVID-19 no presentan síntomas, es también crucial que las autoridades sanitarias den a conocer ¿qué gestiones, si alguna, se realizan- después del abortado contrato de $40 millones- para conseguir en el mercado mundial una cantidad sustancial de pruebas? Esto es lo único que nos permitiría conocer realmente el alcance de la infección en la población, y diseñar las medidas para aislar efectivamente a los contagiados.
Una última pregunta cuya respuesta es fundamental tiene que ver con el rastreo de los viajeros que aún están llegando a Puerto Rico del exterior y las medidas que se diseñan para evitar que sean propagadores del virus. Según los medios han informado- y las autoridades no lo han desmentido- las personas que están llegando a Puerto Rico a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín, proceden principalmente de Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois, áreas de Estados Unidos dramáticamente afectadas por el COVID. La Gobernadora ha ordenado que a todas se les tome la temperatura y se les advierta que deben guardar la cuarentena por al menos 14 días. Una vez fuera del aeropuerto, ¿ quién rastrea a estas personas para que guarden la cuarentena en aislamiento y no se desplacen a su antojo por el país? ¿Por qué dejar que sean los recién llegados, según su propio criterio, quienes determinen si van a seguir o no las recomendaciones que se le indican? Se sabe que algunos de estos recién llegados han presentado síntomas de contagio con el virus y recibido tratamiento. ¿Saben las autoridades quiénes son y dónde encontrarlos a ellos y ellas – y a sus contactos- presenten síntomas o no? Hoy, la respuesta a esta pregunta es NO. Y nuestro reclamo debe ser enfático. Lo natural y justo sería hacer lo que hacen todos los países soberanos del mundo. Cerrar el aeropuerto y prohibir hasta nuevo aviso los vuelos desde lugares de alto riesgo. Por la condición colonial de Puerto Rico, dicha autoridad reside en la Administración Federal de Aviación y, hasta hoy se desconoce qué gestiones, si alguna, ha realizado el gobierno de Puerto Rico con el gobierno de Estados Unidos para que se detenga la llegada de esos vuelos. Mientras tanto, no debe llegar un vuelo más a Puerto Rico en estos días, sin que las personas sean aisladas obligatoriamente durante 14 días y se obtenga de ellas toda la información pertinente para su rastreo y vigilancia continua durante dos semanas. Ese es el lapso máximo de la ventana para presentar los síntomas de contagio de COVID. Si esto no se hace, nadie podrá impedir que sigan entrando a Puerto Rico personas con el virus y diseminándolo por todo el país.
No tenemos que inventar la rueda para intentar contener la expansión del COVID- 19. Ya existe un consenso mundial sobre qué hacer para evitar su propagación masiva. En esta misma edición, se presentan los esfuerzos realizado para contener el virus en Cuba y Vietnam, con cifras y resultados sobresalientes, que hablan por sí solos. En el caso de Puerto Rico, tal resultado también es posible. Contamos con recursos de todo tipo suficientes para poder contener esta epidemia, siempre que se tenga un objetivo claramente definido y se ejerza un liderazgo firme. Ya entramos en la segunda fase de la cuarentena que, según los cálculos más optimistas, deberá mantenerse en vigor por lo menos hasta el mes de mayo.
Estamos seguros de que la inmensa mayoría de las personas en nuestro país está dispuesta a seguir haciendo lo que le toca para detener el contagio. Pero hace falta más certeza en el liderazgo gubernamental y sanitario. Informar los números de contagios y de fallecidos cada día no basta. Hacen falta respuestas más contundentes a nuestras preguntas, y medidas más puntuales y firmes en la administración de pruebas y el rastreo de contactos.
