Editorial: Un gobierno en ruinas

La lacra de la corrupción pública y privada en Puerto Rico debería llenarnos de vergüenza. Que un demagogo como Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, pueda referirse al gobierno de Puerto Rico como corrupto y tenga razón, es algo que debería indignar a toda persona decente en este país. Claro que Trump no va a admitir que, durante más de un siglo, las políticas y decisiones del imperio que preside han abonado a esa corrupción. Tampoco admitirá que la desidia y el desinterés de la sucesivas administraciones estadounidenses hacia Puerto Rico, desde la invasión hasta nuestros días, han sido el caldo de cultivo para que cabilderos, contratistas privados y funcionarios de alto nivel en Puerto Rico se hayan sentido progresivamente apoderados para utilizar el dinero público –tanto el de aquí como el que viene de allá– como si fuera su ATH personal. Después de todo el “pay for play” es una ocurrencia de todos los días en las jurisdicciones estadounidenses, y así lo hemos podido comprobar en Puerto Rico con los contratos entre la AEE y las empresas Whitefish y COBRA para la reconstrucción de nuestra red eléctrica tras el paso de María. 

La corrupción con fondos públicos se ha incubado por décadas y crecido progresivamente en Puerto Rico, desde que se enquistó en nuestra política el sistema de dos partidos (PNP y PPD) que se alternan el poder y, por consiguiente, se turnan el “pastel” cada cuatro años. Cada cuatro años se turna también el ejército de cabilderos y contratistas –de uno y otro bando– que pugnan por su pedazo de pastel luego de haber contribuido a financiar la campaña electoral del partido ganador. El entramado de esas dos estructuras partidistas, anquilosadas y maleadas, con aquellos y aquellas que les financian sus campañas es la base que convierte en uso y costumbre el “traqueteo” con las cotizaciones y subastas, la compra y venta de influencias, el soborno, la “mordida” y todas las modalidades nefastas bajo las cuales se encubre la utilización de fondos públicos para beneficiar a ciertos individuos y empresas, en perjuicio de los servicios que deben prestarse al pueblo. 

En las últimas semanas, y en medio de la crisis que atraviesa el país, hemos visto cómo esa costra de corruptos no descansa para aprovecharse de los recursos que quedan, aún en medio de estas circunstancias críticas. Por eso, el gobierno de Puerto Rico y sus principales instituciones están llegando al abismo. La administración de Ricardo Rosselló y el PNP demuestra estar carcomida por la corrupción desde sus cimientos, como antes lo estuvieron otras, como por ejemplo, la de Luis Fortuño y la de su padre, Pedro Rosselló. Si alguien pretende negarlo que explique lo siguiente: ¿Cómo en medio de la quiebra fiscal del país se otorgaron contratos por $55 millones a una sola firma de contabilidad privada que era omnipresente en todas las principales agencias del gobierno? ¿Cómo es que un subcontratista de esa misma firma de contabilidad, el cual supuestamente nadie sabe cómo llegó ni a quién responde, se convirtió en el “embajador” de La Fortaleza y en jefe “de facto” del Departamento de Salud y del Plan de Salud del Gobierno? ¿Cómo es que el Secretario de la Gobernación –que debía estar atareado sirviendo al pueblo que le paga su salario– utiliza su tiempo para organizar “fundraisers” para el PNP con otros jefes de agencia? ¿Por qué se le ocultó al País que el Departamento de Educación- la agencia que el Gobernador le entregó a una contratista estadounidense, ahora investigada por corrupción –cayó nuevamente bajo sindicatura federal? ¿Cómo es que en Hacienda –la agencia que maneja el “tesoro” del País– existe una “mafia institucional” de la que nos enteramos en estos días por expresiones públicas del Ex secretario de dicho departamento? 

Las estructuras del gobierno federal en la Isla tampoco abonan a la estabilidad y confianza de nuestro pueblo. El jefe del FBI anda de ronda de relaciones públicas, intentando sonsacar testigos con los que apuntalar sus tan cacareadas investigaciones, que no parecen ser tan sólidas como ha pretendido hacernos creer. Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF) pareciera que opera en una realidad alterna. Su presidente, José Carrión III, figura entre los “cheer leaders” para la reelección de Donald Trump, y Natalie Jaresko, con su proverbial sangre fría, se encarga de las malas noticias para nuestro pueblo. Claro que con sus nombramientos en ascuas, con los señalamientos que se ciernen sobre la JCF de conflictos de interés y de gastos excesivos e innecesarios, y con los roces abiertos entre ellos y el Gobernador, no serán los miembros de la JCF quienes intervengan de manera alguna con las alegaciones de corrupción y malos manejos en el gobierno de Puerto Rico que se han lanzado durante los últimos días.

El pueblo de Puerto Rico ya ha visto esta película demasiadas veces. Ya ha vivido repetidamente la experiencia de que altos oficiales públicos y contratistas privados se pongan de acuerdo para robar y repartirse los bienes del País, y de que muy pocos de ellos hayan pagado por sus crímenes. En esta ocasión, es aún peor dada la fragilidad de nuestras instituciones en esta coyuntura crítica. Un gobierno en ruinas no puede representar adecuadamente los intereses de nuestro pueblo.