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Editorial: Un nuevo Puerto Rico entre dos extremos

 

Dos escritos de prensa publicados en los pasados días, ilustran el abismo de desigualdad que se ahonda entre sectores divergentes de nuestro país. De un lado, los súper millonarios extranjeros, beneficiarios de las leyes 20 y 22 de incentivos económicos, y del otro la gran masa de gente cada vez más dependiente de las mal llamadas “ayudas federales”. De la reflexión sobre estos escritos, puede vislumbrase el nuevo modelo de un Puerto Rico cuyo bienestar futuro dependa de encontrar el punto medio entre los dos extremos de ese péndulo de intereses opuestos e irreconciliables.

Uno de los escritos es de tema de negocios, y señala como un gran logro las ventas de viviendas de lujo en Puerto Rico, las cuales han tenido un crecimiento tal que el mercado se encuentra casi agotado. Se refiere específicamente a las viviendas cuyo precio sobrepasa los $500,000, y que están siendo mayoritariamente adquiridas por la camada de inversores millonarios extranjeros– y personas  relacionadas a estos- que han atraído a Puerto Rico los incentivos contributivos de las leyes 20 y 22.  Las áreas favorecidas  por estos compradores extranjeros son, por supuesto, las más apetecibles y mejor cotizadas de Puerto Rico: el  Viejo San Juan y el Condado, las urbanizaciones y mansiones aledañas a la playa en Dorado, o Bahía en Río Grande y Palmas del Mar en Humacao, todas llenas de lujos y amenidades, y cercanas a escuelas e iglesias dirigidas a las élites económicas. Casi agotadas ya las del norte y el este, ahora apuntan sus miras hacia la zona marítimo- terrestre de la costa Oeste, desde Isabela hasta Rincón, con sus playas impresionantes, su oleaje majestuoso y sus vistas imponentes del Atlántico profundo.

Estos señores y sus familias no están aquí para quedarse y echar su suerte junto a la nuestra. Habitarán el tiempo que les convenga en sus “vecindarios burbuja” del Caribe, siempre que el viento sople a su favor y puedan mantener el acomodo perfecto para sus privilegios, y los arreglos económicos ventajosos que les aumenten sus riquezas. Las leyes 20 y 22 las aprobó la Legislatura de Puerto Rico a la medida de estos inversores. Los favorecen a ellos y no a nosotros. Y tras más de cinco años de su inicio, no hay evidencia tangible de logros económicos en el País por la implantación de dichas leyes. No hay datos sobre cuántos proyectos de desarrollo económico o de infraestructura han emprendido, ni cuantos miles de buenos empleos han creado, ni cuántas comunidades de la Isla se han beneficiado y mejorado su calidad de vida, gracias a la intervención de estos señores. Ni tampoco cuantos proyectos de buena filantropía- de la que rehabilita y levanta- han comenzado. Sí sabemos que gozan de un trato contributivo especialísimo y discriminatorio, pagando apenas el 4% de contribución sobre sus ganancias, lo que les permite seguir engordando exponencialmente sus capitales y, de paso, adueñarse para especular de la mayoría de las propiedades de mayor valor en nuestro país. Son en su mayoría inversores tránsfugas, que cargan con sus empresas en la misma maleta que su computadora personal, y se mueven de un sitio a otro sin ataduras, con sus negocios intangibles e invisibles a cuestas. Un excelente arreglo de conveniencia para sus intereses momentáneos- y los de los partidos políticos coloniales, y demás individuos parásitos que se los facilitan- a cambio de unas migajas de lo que les sobra.

En el segundo escrito publicado se presenta la otra cara de la moneda. Una columna de opinión de un reconocido analista político y activista de la estadidad y el PNP, bajo el título Puerto Rico y EEUU: la suerte está echada presenta las razones que, según el autor, hacen inevitable la estadidad como solución final al dilema del estatus. No se trata del impacto de nuevas estrategias, ni de que Puerto Rico salga de la quiebra, ni de que se obtengan logros notables en el desarrollo económico y de empleos en el País. La razón para la estadidad- según el columnista-  radica en los programas de asistencialismo social y beneficencia que se originan desde la metrópolis. En otras palabras, la dependencia masiva y creciente de fondos federales es lo que inevitablemente nos conducirá a la anexión.

Por supuesto que el autor no contempla otras variables. No examina las razones para la debacle económica y fiscal de Puerto Rico y el rol de Estados Unidos en la misma, ni mucho menos el impacto del racismo endémico de Estados Unidos en cualquier decisión de un Congreso profundamente dividido y disfuncional. Pero sobre todo, no ofrece explicación de por qué, a pesar de la asfixiante dependencia, la mitad del electorado boricua rechazó la estadidad en el reciente plebiscito Estadidad Sí o No, celebrado con las elecciones generales el pasado mes de noviembre. En el examen profundo de lo que dicho resultado significa está la respuesta y la solución al desbalance de los extremos enfrentados que se presentan en ambos escritos de prensa.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que la respuesta final para Puerto Rico está en la enorme porción del pueblo puertorriqueño que se reafirma en su identidad nacional y no quiere diluir su esencia. En los muchos y muchas, aquí y en la diáspora,  que tienen consciencia de su propio valor,  y del poder que  tienen para aprovechar al máximo los recursos disponibles, la creatividad  y la bien preparada fuerza productiva del País para construir el futuro de libertad y prosperidad al que aspiramos para todos y todas.

 

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