EDITORIAL: Universidad de Puerto Rico bajo el asedio de sus enemigos

 

Insistir en la importancia que ha tenido y tiene la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la vida de nuestro país debía ser innecesario. Proteger sus haberes y defender su misión debía ser el objetivo de todos sus integrantes y de nuestro pueblo. Sin embargo, a casi un siglo desde su fundación, la UPR lleva un largo tiempo enfrentando el asedio constante de sus enemigos dentro y fuera de los muros universitarios.

Una de los principales factores en la erosión de su imagen y credibilidad  ha sido la excesiva politización en las más altas esferas de la UPR, como por ejemplo en la Junta de Gobierno, antes llamada Junta de Síndicos, cuyos miembros son nombrados por el gobernador o gobernadora de turno y responden a los intereses y agendas particulares del gobierno y el partido que los coloca en tan privilegiada situación. Estas Juntas de Síndicos son las encargadas de nombrar al presidente de la Universidad, de quien se espera que responda también a los intereses del partido y el gobierno de turno. En el desfase entre los intereses político-partidistas en la cúpula de la UPR y los intereses propios de una institución de educación superior pública que tiene una misión de servicio al País y a sus estudiantes, claustro y empleados, estriba el problema de fondo de la UPR y genera las controversias y conflictos en su seno que han contribuido al desgaste de la institución.

Los últimos veinte años han sido funestos para Puerto Rico y la UPR. Se han sucedido consecutivamente cinco administraciones gubernamentales- 3 del Partido Popular (PPD) y 2 del Partido Nuevo Progresista (PNP)- en una continua alternancia política que ha sido caldo de cultivo de la incompetencia y estancamiento de la gestión pública, el amiguismo y la lealtad política en la adjudicación de empleos de confianza  y  contratos, y la corrupción burda o solapada que permea todo el anquilosado andamiaje gubernamental. Esto ha herido de muerte la confianza del pueblo en el Gobierno, sobre todo porque durante ese mismo período, Puerto Rico ha sufrido un marcado deterioro social, la peor recesión económica de su historia moderna, y la multiplicación de la deuda pública a un nivel tan insostenible que precipitó la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA y el establecimiento de una Junta de Control Fiscal (JCF) con poderes amplios y por encima del gobierno de Puerto Rico para controlar las finanzas públicas, incluyendo la Universidad.

Este escenario de austeridad afecta la estabilidad y crea un fuerte impacto entre los sectores más comprometidos de la UPR. Afecta la calidad y cantidad de la oferta académica. Limita el acceso estudiantil con aumentos irrazonables en matrícula y otros costos de estudios. Aumenta la carga académica de los docentes regulares y congela plazas necesarias. Genera una gran incertidumbre entre los docentes por contrato. Amenaza el plan de pensiones y otros derechos adquiridos.

No obstante, la austeridad no aplica a los altos oficiales y directivos de la institución. Ni tampoco a la gran burocracia universitaria “de confianza” que conforma el gobierno permanente de la UPR en representación de los respectivos partidos y castas que, cada cuatro años, se turnan la gobernanza en nuestra universidad pública.

La UPR es la institución más valiosa con que cuenta Puerto Rico. De ella ha salido y aún sale la flor y nata profesional de nuestro país. Fue semilla de nuestro desarrollo como pueblo y su impronta se deja sentir en todas las áreas del saber. Evaluarla, como ha hecho la JCF, bajo criterios estrictamente mercantiles es devaluar su trayectoria e ignorar sus grandes aportaciones al desarrollo del Puerto Rico moderno. Convertirla en botín político de la administración gubernamental de turno- como han hecho el PNP y el PPD- constituye una burla imperdonable a su misión educativa y de formación en la sociedad puertorriqueña.

 

 

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