El proyecto de Reforma Universitaria que hace unos días no fue aprobado- por apenas un voto- en la Legislatura colonial, representa una iniciativa seria por desarrollar una amplia y funcional gobernanza en la Universidad de Puerto Rico (UPR) que sirva de ejemplo al país y de motor al futuro de la universidad pública. Cuando se trata de la gobernanza, las universidades ponen en juego mucho más que su prestigio y buen nombre con aquellos y aquellas nombrados a su Junta de Gobierno, principal cuerpo rector de las instituciones de educación superior. Para evaluar si sus máximos directivos dan la talla que una universidad requiere, se debe profundizar en el rol de una universidad en el desarrollo de un país o sociedad. En nuestro caso, la UPR, nuestra única institución de educación superior pública, ha sido desde su origen la solución principal para resolver la gran necesidad que tenía Puerto Rico de profesionales de todo tipo, que pudieran conformar la zapata para el desarrollo de un servicio público y una empresa privada robustos en nuestro país.
Más allá de los altos grados, o rangos académicos que ostenten, las y los miembros de una junta de gobierno universitaria deben exhibir las cualidades de liderazgo, el conocimiento profundo de las políticas y programas de la institución que dirigen, y el más alto sentido de pertenencia y orgullo por la universidad que representan. A base de esas cualidades, podemos concluir que muchas de las juntas de gobierno de la UPR- o juntas de síndicos, como se les llamaba hace unos años- han dejado mucho que desear, no solo por su desempeño mediocre, sino también por el comportamiento anti universitario de algunos de sus miembros.
Es cierto que al conformar las juntas de gobierno universitarias, se debe perseguir alcanzar diversidad en la formación y saberes de sus integrantes. De este modo, podrían nutrirse unos y otros recíprocamente de sus respectivas experiencias, y aplicarlas más creativamente a la tarea principal de trazar el rumbo estratégico de la universidad. Pero diversidad no significa disfuncionalidad, y mucho menos debe significar dar prioridad a intereses particulares o de política partidista que, de ningún modo, deben prevalecer en un ambiente universitario.
De esos rasgos nefastos y divisivos ha habido un exceso en las más recientes juntas de gobierno de la UPR. Por eso, las mismas se han convertido en generadoras de conflictos y en madriguera de malas prácticas de gobernanza, teñidas de politiquería de la peor clase. Un ejemplo de estas malas prácticas es la decisión de la actual Junta de Gobierno de imponer sanciones a los recintos en huelga, mientras se llevan a cabo negociaciones entre los comités de diálogo. Esta decisión fue denunciada por improcedente por los representantes del claustro y los estudiantes en dicha Junta. Otro ejemplo sería el patrón reiterado de actuaciones impropias y consideraciones político partidistas denunciado en el pleito civil del último presidente en propiedad de la UPR, doctor Jorge Haddock, contra la Junta de Gobierno que lo despidió de su puesto en forma abrupta e inesperada. Según Haddock, dichas actuaciones estuvieron matizadas por una agenda ajena al interés y el beneficio de la UPR. La situación descrita en la demanda de Haddock era un secreto a voces al interior de la institución, y repetidamente mencionada por estudiantes, docentes y empleados. Lo que es aún peor, ni esta ni ninguna otra Junta de Gobierno de la UPR por los pasados cinco años ha defendido la integridad de la institución frente a la agenda extrema de austeridad que le ha impuesto la Junta de Control Fiscal, como parte de su esfuerzo por lograr la aprobación e implantación del Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico, dilucidado en estos días ante la Jueza Taylor Swain del Tribunal de Quiebras de la Ley Promesa.
Una Junta de Gobierno que abdica su principal responsabilidad para servirse a sí misma no puede pretender ostentar un liderazgo genuino en la UPR. Una junta de gobierno que verdaderamente encarne los valores de la universidad pública debe ser un ejemplo brillante, y no una piedra de tropiezo. Debe sentir orgullo de abogar, defender y representar los valores de la educación superior pública y contribuir a elevar el perfil de la UPR y las distintas unidades del sistema universitario. Debe defender y garantizar que existan los fondos para que los programas de la institución crezcan, se fortalezcan y continúen alineados al propósito de una educación superior pública asequible a la mayoría de nuestro pueblo. La UPR merece mucho más de lo que recibe de sus llamados directivos. Merece ser respetada y gobernada por una Junta de Gobierno competente cuyo principal objetivo sea servir bien a la comunidad universitaria y a Puerto Rico.
