Editorial:  Urge el ajuste de cuentas en la Comisión Estatal de Elecciones

 

 

A más de una semana de haberse celebrado tardíamente las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), aún nuestro pueblo desconoce los detalles de por qué, por primera vez en la historia de este proceso, dichas primarias no pudieron celebrarse el domingo, 9 de agosto, como estaban pautadas originalmente. Desde entonces, no ha habido una explicación oficial de por qué los materiales electorales no llegaron uniformemente a todo el país como se suponía que ocurriera. No ha habido ni siquiera una comparecencia pública de “mea culpa” por parte del licenciado Juan Ernesto Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el principal organismo electoral en Puerto Rico.

La súbita suspensión del proceso primarista, una vez abiertas las votaciones en una tercera parte del país, fue un suceso tan irregular y bochornoso que causó la indignación general. En todo Puerto Rico, centenares de miles de personas  habían salido a votar por sus candidatos, en medio de la peor pandemia en más de un siglo, para encontrarse con un caos sin precedentes para un evento electoral rutinario, altamente anticipado y con tradición de celebrarse cada cuatro años sin mayores complicaciones. La confusión y la incertidumbre cundieron cuando cerca de las dos de la tarde del día señalado aún no habían salido los camiones con los materiales para más de la mitad de los distritos electorales de Puerto Rico.

El tono del debate público fue subiendo en la medida en que se hacía evidente el fracaso del proceso, razón por la cual creció el repetido clamor de la mayoría de los sectores del país por la renuncia del presidente de la CEE. Se impugnó en los medios de prensa la aprobación festinada del nuevo Código Electoral aprobado por la mayoría del PNP sin el consenso de los demás partidos ni del pueblo. Se cuestionaron las credenciales, la experiencia y la imparcialidad del presidente de la CEE, y se presentaron varios recursos legales solicitando la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que culminaron con una urgente y rápida decisión unánime del máximo foro judicial donde se mandató a la CEE a garantizar que las primarias se completarían en el plazo máximo de una semana después de lo pautado. El pasado domingo, 16 de agosto finalizó el proceso y se le ofreció al país la certeza que aguardaba respecto a los candidatos electos por el PNP y el PPD para los respectivos cargos de gobernador, legisladores y alcaldes.

Al cierre de estas líneas, el clamor y la urgencia por el debido ajuste de cuentas en la CEE parece ir aplacándose en ciertos sectores.  El país desconoce en qué etapa se encuentra la investigación legislativa sobre el descalabro de las primarias, y no hay a quién preguntarle porque el hemiciclo está cerrado por el COVID-19. Mientras, el presidente de la CEE sigue en su puesto respaldado por el PNP, a pesar del reclamo unánime por su renuncia de parte de los comisionados electorales de los demás partidos y de una gran parte de la ciudadanía.

Estamos conscientes de que las condiciones actuales del régimen colonial en nuestro país son críticas. Hay una pandemia que se extiende indiscriminadamente. Hay una buena parte del liderato legislativo del gobernante PNP en aislamiento por contagio con COVID-19. Hay otra parte de ese mismo liderato legislativo gobernante imputado o sospechoso en investigaciones federales sobre corrupción. Hay una administración gubernamental del PNP, de salida y en modo de supervivencia hasta el próximo enero. Atravesamos la temporada de huracanes. Dependemos de Estados Unidos para los fondos de emergencia y de la Junta de Control Fiscal para los recursos financieros con los cuales operar el gobierno en lo que queda de cuatrienio.

Pero quedan asuntos que son impostergables. Sobre todo deberían serlo para aquellos y aquellas que proclaman el voto como el más grande de los derechos ciudadanos en la llamada democracia liberal. Por eso, lo que ocurrió con las primarias del PNP y el PPD este año no puede quedar impune, porque laceró la confianza y la credibilidad en la CEE y sus procesos, y deja abierta la sospecha ciudadana de que, con un nuevo Código Electoral truncado en su sistema de balances y contrapesos, pudiera entronizarse permanentemente la práctica del fraude o el robo de elecciones y primarias en Puerto Rico.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tenido que intervenir dos veces en el lapso de un año para corregir atentados concretos de líderes del PNP a la llamada democracia puertorriqueña. La primera vez fue en agosto de 2019  para remover a Pedro Pierluisi de la gobernación que ocupó ilegalmente por cinco días, tras la renuncia forzada del entonces gobernador Ricardo Rosselló. La segunda vez fue en agosto de 2020- hace apenas dos semanas- para obligar a la CEE- capitaneada por un presidente impuesto por el liderato del PNP- a completar de forma expedita y transparente el proceso de primarias, interrumpido de forma súbita e inexplicada el domingo, 9 de agosto.

Urge entonces que se haga cuanto antes el ajuste de cuentas en la CEE con los responsables directos del fracaso de las primarias del PNP y el PPD del pasado 9 de agosto. Este acto de reparación es necesario para salvaguardar la apariencia de integridad de la llamada democracia de la que tanto se precia el régimen imperante, y para brindarle un poco de tranquilidad a nuestro atropellado pueblo.