Editorial WIPR: Privatizarla es perderla

 

En nuestra edición pasada, CLARIDAD reveló que el traspaso de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) a una entidad privada es inminente. Así lo denunciaron los representantes de sus trabajadores, y así lo confirma también la decisión de la Junta de Control Fiscal, anunciada por su Directora Ejecutiva, Natalie Jaresko, de no autorizarle más fondos del Gobierno de Puerto Rico a dicha corporación pública para obligar a su privatización. La WIPR ha estado en la lista de bienes de Puerto Rico a ser vendidos, según la agenda febril de la Junta  para complacer a los grandes bonistas, principales acreedores de la deuda pública de nuestro país.

A pesar de que en las últimas décadas la WIPR ha ido perdiendo estabilidad e influencia entre sus audiencias, y ha sido abandonada y disminuida por los gobiernos de turno, y convertida en refugio de empleo para activistas, donantes y amigos del partido que gana las elecciones cada cuatro años, sus orígenes obedecieron a un momento muy particular de nuestra historia moderna, y su trayectoria ha sido de incuestionable beneficio para nuestro pueblo. La radio pública en Puerto Rico nació en 1949 y la televisión en 1958. WIPR TV se convirtió en la primera televisora pública de América Latina. Ambas, junto a la División de Educación a la Comunidad del entonces Departamento de Instrucción Pública (DIVEDCO) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) conformaron una formidable plataforma desde la cual se diseminó educación y cultura a las grandes masas de nuestro pueblo. Además de convertirse en herramientas cruciales para la educación y desarrollo cultural de la población, fueron principalísimo taller de trabajo para nuestros mejores educadores y artistas en todas las áreas del saber y la creación cultural.  En esos años, y a causa de la falta de oportunidades educativas, en Puerto Rico había mucho analfabetismo que estos medios contribuyeron a erradicar.

Por razones geopolíticas, en esa época el imperialismo estadounidense pujaba contra el llamado campo socialista por la hegemonía del mundo, y Puerto Rico- su colonia desde 1898- se convirtió en un arma principal de la política imperial de penetración y control de América Latina y la región del Caribe. Fueron los años de la creación del programa “Manos a la obra” para desarrollar la economía de Puerto Rico, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), controlada desde su origen por Estados Unidos como herramienta para imponer sus políticas en la región.  El llamado “progreso” de Puerto Rico se esfumó como llegó porque nunca estuvo basado en el desarrollo propio de las fuerzas productivas puertorriqueñas, sino en la atracción de fábricas e industrias estadounidenses en condiciones desproporcionadamente favorables para éstas. Esto fue  lo que eventualmente disparó la emigración masiva de nuestra gente hacia Estados Unidos, el sentido de impotencia y niveles de dependencia extrema de  nuestra población, y creó la situación fiscal y económica insostenible que desembocó en la Ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal y la quiebra de Puerto Rico.

Creó también unas castas políticas inamovibles, nucleadas principalmente en los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), que no solo se reparten turnos para gobernar sino también comparten el presupuesto y el empleo público como botín privado para ellos, sus familiares, contribuyentes y amigos.

La agenda de privatización de los bienes públicos en Puerto Rico ha cogido auge en la medida en que el capitalismo neoliberal se ha ido apoderando de las riquezas que pertenecen a pueblos y naciones. Durante la administración de Pedro Rosselló y el PNP, la corrupción en el proceso de privatización de bienes públicos llegó a un nivel tan vergonzoso que cerca de 40 altos funcionarios y colaboradores cercanos del entonces gobernador fueron enjuiciados por los tribunales del propio Estados Unidos. De ahí en adelante, el despojo a nuestro pueblo- enmascarado de diferentes maneras- nunca se ha detenido. Últimamente, con la excusa de la quiebra y el pago de la deuda, se busca cuadrar las cuentas y satisfacer la codicia ilimitada de los acreedores con más enajenación de bienes públicos de Puerto Rico, entre los que se encuentra WIPR.

Las razones por las cuales es importante que los países cuenten con canales de difusión propios están muy bien documentadas en la experiencia de los pueblos y en la literatura sobre la comunicación de masas. Los canales de difusión pública amplían las posibilidades y temas del contenido que se transmite, y la discusión pública que se genera, mucho más allá de los parámetros puramente comerciales y de “rating”  de los medios privados. CLARIDAD incluye en esta edición la colaboración de un académico experto en el tema, que resume la función irremplazable de WIPR en la difusión de contenido puertorriqueño para audiencias puertorriqueñas y las razones por las cuales no debe ser privatizada.

Esas razones bien fundamentadas seguramente no disuadirán a los mercaderes del desastre, esa nefasta cepa de capitalistas neoliberales que se ceban y benefician de las desgracias de los pueblos. Aprovechar una crisis sanitaria tan severa para ejecutar la privatización inmediata de WIPR, sin tiempo para discutirla y mucho menos combatirla, sería un golpe bajísimo a las y los trabajadores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y a todo nuestro pueblo en un momento de insostenible vulnerabilidad.