Editorial:A dos años de María: muchas preguntas y una gran desconfianza

A dos años del paso del huracán María por Puerto Rico, el país aún no se recupera. Esto es así, porque el lastre que arrastra Puerto Rico data de décadas, con una economía que estuvo estancada por más de diez años antes del azote del ciclón, y una deuda pública acumulada de $72 mil millones, con un pago que se tornó insostenible y que desembocó en la aprobación de la Ley PROMESA y la instauración de una Junta de Control Fiscal (JCF) por parte del Presidente y el Congreso de Estados Unidos.

Lo que sí provocó el huracán María fue el desbordamiento de la crisis, su diseminación hacia todos los rincones del país, señalando a su paso la decadencia y la pobreza subyacentes que nos arropan. La decadencia se demostró inmediatamente después de la emergencia, en la ineptitud y corrupción de la respuesta de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos. La pobreza se fue vislumbrando más lentamente, escondida entre los escombros de la brutal destrucción dejada por el huracán. Miles de familias perdieron todo lo que tenían y tuvieron que irse del país. Otros 4 mil sucumbieron a la catástrofe porque no tuvieron el acceso rápido a la respuesta médica que sus males precisaban para poder sobrevivir. La mayoría se quedó, cada quien como como pudo, entre familias, comunidades y organizaciones de voluntarios, para solidariamente rescatarse unos a otros y poder suplir sus necesidades más inmediatas, y continuar con sus vidas.

Hoy, a dos años del fenómeno natural más destructivo de la historia moderna de Puerto Rico, hay más preguntas que respuestas honestas y coherentes para explicar el lentísimo ritmo de la recuperación, así como otras acciones y decisiones que, lejos de ayudar a nuestro bienestar colectivo, amenazan con hundir más a Puerto Rico en la pobreza y desesperanza. Ciertamente, el prisma desde el cual los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, y la Junta de Control Fiscal, miran hacia nuestro país está a años luz de distancia de lo que espera y aspira nuestra gente.

Por ejemplo, ¿ cómo se explica la absoluta corrupción del contrato de $1,800 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Cobra Acquisitions para la restauración del sistema eléctrico –contrato que fue gestionado y manejado por una oficial de alto rango de FEMA en la Isla, ahora acusada junto al CEO de Cobra, e impulsado por sabrá Dios cuál de los excelsos cabilderos locales o de los estados que andan para ahí a la caza de un desastre que los haga millonarios– ante una población desesperada que aguardó por largos meses y algunos hasta por más de un año porque se les restaurara el servicio? ¿Qué se hará para resarcir al pueblo de Puerto Rico por este robo billonario? ¿Dónde estaba la gerencia puertorriqueña de la AEE a la hora de exigirle transparencia a estos corruptos y hacer valer los intereses de Puerto Rico?

¿Cómo se explica la lentitud en el arreglo de las viviendas dañadas, la impunidad con que las compañías de seguros le han negado cubierta a tantas propiedades, sin que el Comisionado de Seguros les exija cumplimiento, el que aún haya miles de luminarias apagadas, incluso en áreas densamente pobladas de la Capital? Si como afirmó en estos días la gobernadora Wanda Vázquez, desde el principio en el gobierno de Puerto Rico se sabía que los dineros para la reconstrucción tardarían al menos un año y medio, ¿por qué no se le explicó claramente y a tiempo al país dicha demora y se ha esperado hasta dos años después para decirlo, cuando aún hay sectores de nuestro pueblo sumidos en la desesperación?

Con su habitual displicencia, la JCF le sigue echando sal a la herida abierta del País. El organismo ha ignorado el reclamo de auditoría hecho por una amplia coalición popular para la auditoría de la deuda. De este modo, evade permitir que el pueblo conozca los nombres de los responsables por la deuda que ahora nos toca pagar a todos. Además de fijar responsabilidades específicas, la auditoría profunda y detallada que nuestro pueblo reclama aportaría la necesaria transparencia a un proceso de restructuración de deuda que no goza de amplia legitimidad. El informe aguado de Kobre & Kim, que la JCF llama auditoría, fue solo un lavado de cara que abona a la percepción de que la JCF quiere evitar que trascienda públicamente el rol que dos de sus miembros tuvieron en emisiones millonarias de deuda de Puerto Rico en el pasado. Por eso, nuestro pueblo desconfía de la gestión de la JCF, ya que no hay una sola voz autorizada en Puerto Rico, salvo los abogados y consultores contratados por la JCF y la gobernadora Wanda Vázquez, que apruebe como están los acuerdos de reestructuración y que no haya advertido sobre sus posibles amenazas a la futura estabilidad económica y fiscal de nuestro país.

La estela del huracán sigue entre nosotros porque el estado de cosas en Puerto Rico sigue peor que nunca antes en los pasados 50 años. A dos años de María, la incertidumbre nos sigue ensombreciendo, ahora abonada por una profunda desconfianza en la gestión de la JCF y de los gobiernos responsables por el bienestar de nuestro pueblo.