Editorial:Arrebato de poder y engaño durante la pandemia

 

 

Las fotos publicadas de la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) son una muestra fehaciente del arrebato de poder que se comparte a los más altos niveles de dicho partido. Había que ver a ese liderato, juntos y revueltos en el mismo espacio, como si a ellos y ellas no les aplicaran las normas de distanciamiento social y protección personal que se le han impuesto al pueblo durante la pandemia. Se sentaron uno junto al otro en la mesa y se tomaron fotos sin guardar distancia alguna. Las sonrisas cómplices podían adivinarse tras las mascarillas. Solo les faltó enlazar sus manos y alzarlas en señal de triunfo y ostentación del poder gubernamental del que se sienten dueños.

Seguramente calculaban que la semana anterior les había ido muy bien. Aprovecharon las restricciones que impone la cuarentena a cualquier expresión de protesta para aprobar, sin discusión ni vistas públicas, un nuevo código civil para Puerto Rico. Con la oposición amordazada por el cierre, sellaron el nuevo ordenamiento social al cual- aunque llevaba muchos años elaborándose- se le incorporaron cambios de última hora que levantan dudas sobre la verdadera intención de los hombres y mujeres encargados de hacer las leyes en Puerto Rico. “Píldoras venenosas”, les llama el abogado y periodista Manuel de J. González, en su columna de esta semana en CLARIDAD. Dichas modificaciones, muchas de ellas de sesgo moralista y potencialmente dañinas y violatorias de los derechos de las mujeres en edad reproductiva y de la comunidad LGBTTQI, parecen especialmente dirigidas a satisfacer las exigencias de las iglesias lideradas por la derecha religiosa del País, fuerte aliada del gobierno anexionista del PNP.

También durante la misma sesión, la agresiva mayoría legislativa del PNP impuso la aprobación de un nuevo código electoral y la celebración de otra consulta plebiscitaria- esta vez, de estadidad sí o no- como parte de los próximos comicios generales. Esto responde a los objetivos electorales, políticos e ideológicos del PNP hacia el próximo cuatrienio de gobierno que comienza en enero de 2021. Son herramientas concebidas con el propósito de dar ventaja en las urnas a dicho partido sobre sus adversarios, y atraer una mayor participación de su base de electores. Mediante el engaño de votar por la “estadidad” persiguen el propósito de insuflarle nuevos ánimos a su decaída militancia y darle “respiración artificial” a la agenda anexionista, que es el denominador común une a las distintas facciones y grupos dentro de dicho partido.

Sin embargo, la realidad es que con cada consulta plebiscitaria que promueve el PNP- y ya serían tres del 2012 hacia acá- se aleja más su objetivo de lograr la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos.  Igual que las veces anteriores, este nuevo plebiscito tampoco tiene el aval del Congreso de Estados Unidos. Si acaso, lo que provocaría es aún más rechazo por parte del poder metropolitano. A pocas horas de anunciarse la aprobación de esta nueva consulta, un portavoz de la Casa Blanca dijo a los medios de prensa que, antes de pensar en pedir la estadidad, Puerto Rico “tiene que poner la casa en orden”, en obvia referencia a la imagen de caos en todos los órdenes que se cultiva sobre Puerto Rico en la capital federal.

Las alusiones constantes desde Washington al descalabro que ha prevalecido en la administración gubernamental en Puerto Rico durante décadas, las puntuales referencias a escándalos de corrupción público-privada con fondos federales aquí, y el trato tajante a Puerto Rico de la ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal y el Tribunal de Quiebras no deja lugar a dudas del ánimo hostil que prevalece hoy en Washington hacia la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico.  Puede concluirse que esa actitud se ha recrudecido después de este cuatrienio funesto que ha culminado con la renuncia forzada y escandalosa del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares en agosto de 2019, y la sucesión “accidentada” de la ex secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, hoy Gobernadora y una de dos aspirantes a dicho cargo por el PNP en las próximas elecciones de noviembre del 2020.

La pandemia del coronavirus- sin visos de extinguirse- ha transformado la realidad, dejando su sello indeleble en nuestra convivencia social. Nuestro país ha aprendido a aquilatar la importancia de que sus líderes tengan sabiduría y templanza al mantener el balance justo entre los diversos intereses sectoriales y el bien común. Las medidas legislativas aprobadas solamente con el voto mayoritario de los senadores y representantes del PNP no son el producto de una participación amplia y genuina entre todos los sectores involucrados en una discusión importantísima, especialmente para aquellos cuyos derechos podrían resultar menoscabados. Se trata de medidas de largo y profundo alcance que inciden sobre derechos fundamentales de las personas, por lo cual su aprobación no podía ser secuestrada por un solo partido. Por consiguiente, la Gobernadora no debe firmar estas piezas legislativas. Le toca demostrar que es consciente de que, durante la peor crisis sanitaria en un siglo, nuestro pueblo no puede ser víctima del coronavirus y, además, del engaño y arrebato de poder de ciertos políticos de turno, sobre todo los de su propio partido.