Editorial:El acecho de los buitres

 

Las condiciones están dadas para que cualquier autoridad investigativa de Puerto Rico o de Estados Unidos, o la elusiva figura del Inspector General de la que tanto le gusta hablar al Gobernador, o cualquier otra autoridad con jurisdicción sobre el asunto, pueda conocer a fondo la realidad que propicia la corrupción entre ciertos funcionarios o asociados al gobierno de Puerto Rico y personas o intereses privados, y hacer algo contundente al respecto. Solo bastaría una mirada panorámica –pero dura e incisiva– a aquellas dependencias en las que se manejan grandes partidas de fondos locales o federales, o aquellas que administran importantes activos públicos, para darse cuenta de lo que salta a la vista: la existencia de un patrón de utilización de bienes públicos para beneficiar a intereses privados que resulta evidente al ojo de cualquier observador atento, aun si este no cuenta con grandes dotes de investigador. 

En cada administración, la figura central en este patrón cambia, aunque no necesariamente sus integrantes. Hay personas que llevan años figurando en estos asuntos. Salen y entran de distintas administraciones de gobierno, unas veces en un lado y otras en otro, pero siempre desempeñándose en alguna capacidad, ya sea como funcionario, asesor o contratista. 

En esta edición, CLARIDAD denuncia la situación que está ocurriendo en la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), la dependencia que una vez fue el brazo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para promover la inversión privada y el desarrollo económico en Puerto Rico. Recientemente, el gobierno de Puerto Rico anunció la creación de una subsidiaria y un fideicomiso privado, al cual se le traspasará el 92% de las propiedades que actualmente maneja PRIDCO, y que representan un ingreso de $31 millones anuales para dicha dependencia. Esto, bajo la excusa de que dicha acción servirá para garantizar el pago de la deuda de dicha agencia. 

Los portavoces de la Unión Independiente de Trabajadores de PRIDCO, a cuyas espaldas se realizó esta movida, niegan que la entidad tenga tales problemas de pago de deuda. Divulgaron los datos que demuestran que desde el 2016 la agencia ha reservado en una cuenta separada la cantidad equivalente a su compromiso de pago de deuda, monto que ya asciende a $41 millones. Insisten en que PRIDCO tiene la capacidad de administrar sus propiedades y cumplir con el servicio a la deuda, y denuncian al nuevo fideicomiso y a la supuesta garantía de pago de deuda que este representa como meros subterfugios para enajenar bienes públicos a favor de inversionistas privados. 

Lo denuncian como parte del mismo proceso mediante el cual se creó la llamada Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés), entidad privada adscrita a la sombrilla del DDEC, a la que se le trasladó la responsabilidad por atraer la inversión privada a Puerto Rico al son de $4.5 millones del presupuesto del País. Hasta ahora, los resultados de la gestión del DMO, y de su afiliada para promover el turismo, Discover Puerto Rico, luego de casi dos años de operaciones, están por verse. Sí sabemos que cuentan con más de una decena de funcionarios –casi todos extranjeros– que devengan centenares de miles de dólares anuales en salarios por un trabajo invisible.

La situación que se denuncia en nuestro periódico es seria, y confirma otras denuncias sobre el modo en que opera este esquema de beneficio privado con dinero público en corporaciones públicas o dependencias del gobierno que administran grandes activos. Estos activos son precisamente la carnada perfecta para inversionistas hambrientos de hacer un buen negocio a precio de quemazón. Solo que con la estructura del fideicomiso creado para PRIDCO, ni siquiera tienen que pagar por ello. Simplemente se les regala. 

Estas políticas privatizadoras, que se diseñan a propósito para desmerecer el valor de nuestro patrimonio y justificar así la entrega de nuestros recursos a intereses privados, se han convertido en la ruta escogida por el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal para nuestro país. En este momento, las mismas se hacen más apremiantes, dado el intenso revolotear de los buitres sobre todo lo que nos queda de valor.

La podredumbre que se ha instalado en las altas esferas del gobierno y entre sectores del empresariado privado que no tienen más patria que sus propios intereses, es un banquete del que quieren aprovecharse los buitres que se alimentan de la carroña, de lo muerto, de lo podrido. Siempre son los mismos y siempre operan en las sombras, rondando hambrientos, pero listos para dev