Editorial:La Junta y su control total sobre Puerto Rico

La intención expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ratificar los nombramientos de los siete miembros actuales de la Junta, y enviarlos para aprobación al Senado, le ha dado nuevos bríos y fortaleza a la intervención de la Junta de Control Fiscal (JCF) en los asuntos de Puerto Rico. Al concretarse el trámite y el Senado confirmar finalmente los nombramientos, lo cual se espera que ocurra en las próximas semanas, se le pondría punto final al debate sobre si los mismos son conformes o no con la constitución de Estados Unidos. 

Varios hechos ocurridos en los últimos días validan la percepción de una JCF en pleno apoderamiento. Sus contundentes pasos hacia el control total de las principales operaciones y decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico se evidencian en una serie de anuncios públicos hechos por el organismo, y rubricados por la tajante comparecencia de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada. En dicha vista, la portavoz de la JCF dejó clara la intención del organismo de acelerar lo más posible la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y la aprobación de un presupuesto balanceado. Reiteró sus soluciones tecnocráticas a la crisis del País, y caracterizó abiertamente al gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP como un obstáculo a la implantación de las medidas de la Ley PROMESA. Su actitud de procónsul metropolitana en la colonia disfuncional –al estilo de los tiempos de la Ley Foraker– quedó de manifiesto con sus derogatorias expresiones sobre las inclinaciones laborales del pueblo puertorriqueño. 

Llegó a la Cámara fortalecida por una serie de acciones demoledoras tomadas de antemano por la JCF, que habrán de incidir en asuntos de política pública y en la gobernanza directa de nuestro país. Aunque todavía el presidente Trump no ha hecho efectivo el envío de los nombramientos de la JCF al Senado, Jaresko se mostró en control y respaldada en su línea dura en torno a Puerto Rico. Veamos la relación de las acciones tomadas por la JCF en los pasados días. 

 Al filo de que venciera el término para hacerlo, el organismo radicó dos demandas judiciales de gran envergadura. Una contra 230 entidades e individuos, suplidores y contratistas del gobierno, con el propósito de conocer si deben ser recobrados $4, 200 millones en pagos hechos a estos. Dichos pagos fueron efectuados en los años y meses previos a la quiebra del gobierno, por lo cual podrían haber violado la Ley de Quiebras federal o la ley de Puerto Rico. La segunda demanda fue dirigida a 20 bancos, bufetes de abogados y firmas de asesoría financiera que participaron en las emisiones ilegales de bonos del gobierno de Puerto Rico. Según el informe comisionado por la JCF a la firma Kobre & Kim, las emisiones ilegales de bonos ascienden a $9 mil millones, de los cuales se aspira a recobrar mil millones. 

Un obvio conflicto de interés salta a la vista en este asunto. Entre las instituciones incluidas en el pleito está Santander Securities. Esta intervino por décadas en las finanzas de Puerto Rico, mediante un novedoso patrón de intercambio de oficiales entre el Banco de Santander y el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La puerta giratoria entre el Santander y BGF benefició al banco privado y perjudicó al País. Por eso, Carlos García y José Ramón González deben renunciar a la JCF ahora. Ambos alternaron posiciones de alta plana en el Santander y el BGF en momentos cruciales de emisiones de bonos, lo cual evidencia un conflicto abierto que ahora se reitera con esta demanda. 

En esta edición, CLARIDAD presenta un detallado análisis de nuestra compañera periodista Cándida Cotto, de las acciones recientes de la JC que apuntan hacia un mayor y más estricto control de las movidas financieras del gobierno de Puerto Rico. 

Tras la vista de la semana pasada en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara en Washington, y el abierto diferendo allí demostrado entre la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, y el gobernador Ricardo Rosselló, la JCF se puso brava. Con fecha del 5 de mayo envió una carta dirigida a Christian Sobrino, Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), donde cuestiona la autorización por parte de la Asamblea Legislativa de resoluciones conjuntas que impactan el presupuesto en $30 millones y no figuran en dicho documento. La carta reitera la autoridad de la JCF sobre los asuntos financieros y le da un plazo tajante al gobierno de Puerto Rico para solucionar la situación. 

En Washington, mientras tanto, nuestro país sigue pillado en medio de las crecientes controversias entre Demócratas y Republicanos, y entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca de Donald Trump. Por su parte, Trump está decidido a liquidar el asunto de Puerto Rico con el menor costo político para él. Por eso, no cambió ni uno de los miembros de la JCF nombrados por Barack Obama, y ha demandado un tope a las asignaciones de fondos en el presupuesto de Estados Unidos para Puerto Rico. Entre el fuego cruzado aquí y allá, con una Junta apoderada y decidida a resolver nuestra situación a machetazos de austeridad y litigios judiciales, y un Gobierno de Puerto Rico desprestigiado y arrinconado, se debate el presente y el futuro de nuestro pueblo.