En su discurso inaugural del pasado 2 de enero, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que su gobierno sería “el gobierno de la obra”. A qué obra se refería y cómo la llevaría a cabo es lo que no explicó en aquel momento, pero sí puede comenzar a explicarse ahora, a casi cuatro meses de su mandato, cuando el País está nuevamente sumergido en un repunte crítico de la pandemia del COVID-19. De hecho, el gobierno de Pierluisi ha utilizado los pasados meses para sacar provecho político de las condiciones de la pandemia e impulsar políticas y decisiones contrarias al bienestar de nuestro pueblo, enmascaradas bajo un velo de estabilidad y paz social que no corresponde a la realidad que vive la inmensa mayoría de nuestra gente.
Por ejemplo, está la decisión equivocada de abrir indiscriminadamente las compuertas del turismo- que nos trajo una oleada de 390,000 viajeros solamente durante el mes de marzo, muchos de los cuales vinieron a “discover Puerto Rico” con prácticas pocos seguras y la actitud de desafiar las normas de las autoridades. Es muy fácil establecer la correlación entre las multitudes de turistas sueltos por la Isla y el aumento en las infecciones por el virus. Otro acto imprudente del Gobernador fue ignorar las advertencias de su sector salubrista y carecer de un plan para evitar las aglomeraciones de personas en playas y lugares de recreo durante el receso de Semana Santa, propiciando las terribles consecuencias que sufrimos hoy. Al cabo de más de un año de encierro y restricciones de todo tipo, el nuevo repunte de la pandemia puede trazarse directamente a la actitud indiferente del Primer Ejecutivo ante la emergencia desde su propia campaña electoral, y luego su ceremonia inaugural con 400 invitados.
La decisión de abrir las escuelas cuando aún las condiciones no estaban maduras para hacerlo fue otro grave error. La prudencia dictaba esperar hasta agosto, y aprovechar estos meses para crear las condiciones adecuadas para el regreso a clases. Pero el Gobernador, ansioso por poner en circulación los millones de dólares en dinero federal asignados a su Oficina para asistencia a las escuelas, no escuchó razones y siguió adelante con una apertura de escuelas fallida. Según expresiones de la propia secretaria de Educación designada, en toda la Isla, solamente unos 2,585 estudiantes acudieron diariamente a las 120 escuelas habilitadas y abiertas.
Pero aún peor en la “obra” de gobierno de Pierluisi durante estos primeros meses, ha sido servirle de acelerador a la agenda empobrecedora de la Junta de Control Fiscal (JCF). Estos meses han servido para demostrar cuán natural y abarcadora es la sintonía entre la JCF y su ex abogado y asesor. El gobierno de Pedro Pierluisi se ha convertido en el escudo protector de los desmanes de la JCF. Se acabaron los “pininos” de protestas para las gradas con las cuales el gobierno de Ricardo Rosselló intentaba, sin éxito, congraciarse con el pueblo. Acabado también el período de gracia que la JCF otorgó al gobierno provisional de Wanda Vázquez por la emergencia de los terremotos del Sur y la pandemia del Covid-19. Aprovechando las condiciones de la pandemia, la JCF y el Ejecutivo imponen a todo vapor la agenda de los buitres, sin siquiera guardar las mínimas formas de respeto a las funciones constitucionales de la Asamblea Legislativa, ni el ordenamiento de los municipios, ni la supuesta autonomía de la Universidad de Puerto Rico.
Como denunciaron el Representante y la Senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), las acciones de la JCF y el Gobernador tienen la apariencia de un gobierno por decreto en Puerto Rico. Como ejemplo, basta la carta amenazante de la directora ejecutiva de la JCF a los presidentes legislativos ordenándoles no aprobar legislación que interfiera con los términos o fecha de efectividad del controversial contrato del Gobierno de Puerto Rico con el consorcio extranjero LUMA Energy, para administrar la red de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pautado para comenzar el 1 de junio. Para la JCF, el contrato de LUMA es intocable por los mismos legisladores y legisladoras que el pueblo puertorriqueño eligió para representar sus intereses.
El Gobernador también ha hecho mutis ante el rechazo de la JCF a la Ley del Retiro Digno aprobada por la Legislatura, y ante el recorte decretado en las pensiones de los empleados públicos. Igualmente, y a pesar de haber dicho que defendería nuestra Universidad, el Gobernador guarda silencio ante la intervención de la JCF para cambiar el sistema de retiro de los empleados de la UPR, y ordenar el recorte de $94 millones del presupuesto de la institución.
La más reciente intervención de la JCF en el gobierno de Puerto Rico va dirigida a la privatización de los peajes y al aumento de las tarifas para transitar en las autopistas del País. Toda una “gran obra de gobierno” al servicio de los intereses del gran capital ausentista que nos estrangula.
