Editorial:PROMESA y La Junta:  Profecía de un fraude anunciado

 

Estamos en el tercer año desde la aprobación de la Ley PROMESA y la instauración del régimen de la Junta de Control Fiscal (JCF), legislación y entidad creadas especialmente bajo los supuestos de “meter en cintura” las finanzas públicas, crear un nuevo orden de disciplina fiscal y promover el desarrollo económico del decaído “territorio”. Para el año 2015, el gasto público en Puerto Rico había llegado a ser insostenible. Los ingresos del país eran insuficientes para pagar la deuda pública y brindar servicios básicos a la población, como salud, educación y seguridad, entre otros. Los mercados de capital cerraban la llave del crédito y los acreedores hostigaban al gobierno de Puerto Rico para que diera prioridad al pago de la deuda.

Por los pasados 50 años, el gobierno de Puerto Rico había caído en la práctica nefasta de cuadrar sus presupuestos con dinero prestado, y ya el cúmulo de la deuda con sus intereses alcanzaba $72 mil millones, sin contar lo adeudado al fondo de pensiones de los retirados. La Ley PROMESA y la JCF se presentaron entonces, como la opción viable para que Puerto Rico reestructurase su deuda de forma racional y aplacase el ánimo de los acreedores. Bajo esa premisa, el gobierno de Puerto Rico, sus principales corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico se sometieron al amparo del Título III de PROMESA y de un Tribunal, jueces, juezas y funcionarios especializados en procesos de quiebra complejos que garantizarían un reparto justo de los ingresos de Puerto Rico, y velarían porque la población dependiente de los servicios que provee el gobierno, pudiera continuar recibiéndolos sin interrupción ni merma en calidad. PROMESA contenía, además, disposiciones para crear y facilitar iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico. 

PROMESA y la JCF fueron la respuesta negociada del gobierno de Estados Unidos a la quiebra de Puerto Rico. Fue la única respuesta que el Congreso estuvo disponible para considerar en torno a los problemas de Puerto Rico. Fue una respuesta que no satisfizo las expectativas de muchos de los sectores políticos y empresariales en Puerto Rico, sobre todo aquellos que miran hacia Estados Unidos como la fuente de todo bien. Estos esperaban que “el manto salvador” del Tesoro Federal lo cubriera todo, con el menor sacrificio para ellos. Se justificaban diciendo que, por su “importancia estratégica” para Estados Unidos, Puerto Rico recibiría un “rescate” al estilo del que el Congreso aprobó en 2008 para evitar la quiebra de grandes corporaciones de Wall Street. Algunos llegaron a suponer que las prensas del Tesoro Federal se activarían para imprimir los miles de millones que Puerto Rico necesitaba para salir a flote. Los más fanáticos se aferraron a la vana esperanza de que la deuda de Puerto Rico se esfumara como “borrón y cuenta nueva”. 

En medio de la euforia por la llegada del remedio que traería millones de dólares para todos, solo unas cuantas voces ancladas en la realidad histórica de nuestra relación colonial con Estados Unidos –incluyendo a CLARIDAD– dimos la voz de alerta ante un proceso que está hoy cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Supremo de dicho país. A tres años desde su implantación, PROMESA y la JCF son la profecía de un fraude anunciado contra nuestro país y sus clases más desposeídas. No solo no han servido para reestructurar la deuda con equidad y sensibilidad, sino que han traído consigo toda una pléyade de abogados y consultores, extranjeros en su inmensa mayoría, por cuyos servicios hasta el día de hoy, nuestro país en quiebra ha pagado la friolera de $1 mil millones. Cabe señalar también que PROMESA y la JCF no tienen a su haber ni un solo proyecto de desarrollo económico encaminado para Puerto Rico al cabo de tres años de gestión. 

 De igual forma, los acuerdos propuestos por la JCF para reestructurar la deuda no son solo malos para Puerto Rico, y abiertamente parcializados a favor de los bonistas extranjeros, sino que amenazan con afectar de manera irreversible importantes servicios para sectores altamente comprometidos de nuestra población. Todos los economistas honestos que han estudiado la situación de Puerto Rico han expresado sus serias dudas con la viabilidad de lo negociado por la JCF. 

Por otro lado, con los mil millones de dólares que nos han costado los abogados, negociadores, mediadores, vividores y tahúres bajo contrato de la JCF y PROMESA, Puerto Rico pudo, entre otras cosas, haber estabilizado el problema de la transportación marítima para las poblaciones de Vieques y Culebra; poner al día los pagos para que no se interrumpan ni peligren los servicios para nuestros niños y niñas de Educación Especial, y garantizar el llamado “bono de NAVIDAD”, que no es realmente una bonificación sino un refuerzo al bajo salario que reciben nuestros empleados públicos de primera línea. 

Esta semana, PROMESA y la JCF tienen su día en corte ante el más alto tribunal de la nación que los engendró. No solo se dirimirá el asunto de su existencia en el entramado constitucional estadounidense sino, seguramente también, su carácter como un gobierno impuesto, fraudulento y abiertamente colonial.